Pensiones: Mejoras y retrocesos

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Dusan Vilicic Held
Asociación Liberal de Magallanes (ALMA)

Esta columna se publicó el 3 de septiembre del 2015 en el diario El Pingüino de Punta Arenas.

Cuando se habla de pensiones, hay varias propuestas que se hacen para mejorar sus prestaciones. La más recurrente es volver a un sistema estatal de reparto forzado que se ha demostrado insostenible y hasta impracticable aquí y en la quebrada del ají. A pesar de ello, sus proponentes perseveran, sin inmutarse.

Uno de los argumentos que suelen esgrimir es que las FFAA y del orden poseen un sistema así, gestionado por CAPREDENA y DIPRECA, el cual es solvente, supuestamente. Pero hay que apuntar que los beneficiarios de este sistema son pocos, relativos a la cantidad de gente que sufraga esos gastos, que somos todos los contribuyentes, sin importar que no vayamos a beneficiarnos de él. Y es sólo por este hecho que el sistema es solvente. Tan pronto como este se tratara de extender al resto de la población, dejaría de ser capaz de dar las mismas prestaciones, o en su defecto exigiría de todos nosotros un gran aumento en las contribuciones al sistema, posiblemente del doble de lo que se paga hoy en el sistema actual, o incluso más. Lo mismo sucedería si el sistema pasase a ser financiado sólo por aportes de los futuros beneficiarios. A mucha gente ya le cuesta llegar a fin de mes con el sistema actual que extrae un 12% de sus ingresos; sólo cabe imaginar lo difícil que sería con un sistema de reparto que extraería un 20% o más. Si lo que se busca es mejorar la calidad de vida, esta no es una vía para avanzar; al contrario, sería un terrible retroceso que dañaría principalmente a las personas de menores ingresos, y eso deviene inmoral y antiético.

Si lo que se desea es lograr una mejora, empoderar a la ciudadanía, y proveer mayor seguridad, la solución pasa por liberalizar fuertemente la economía. Dos de los principales motivos por los que las pensiones actuales son relativamente bajas son las llamadas “lagunas previsionales”, y los bajos salarios percibidos por los cotizantes. Liberalizar la economía -esto es, reducir la carga impositiva y regulatoria, y liberar mercados a la competencia- permitiría solucionar ambas cosas. Una economía más libre sería mucho más dinámica y fuerte, lo que significa muchas más y mejores oportunidades laborales. Con más empleo, se reducen enormemente las lagunas, y con mejor empleo, se aumentan los ingresos y, por consecuencia, el monto ahorrado. Eso redundaría finalmente en mayores pensiones y más seguridad, tanto laboral, como en la vejez. Además, en una economía así, los precios reales serían mucho menores, lo que se suma a los beneficios anteriormente mencionados para hacer aún mejores las condiciones para empleados y pensionados.

Queda claro entonces que un retorno al sistema de reparto sería, sin duda, un retroceso, especialmente para la gente de menores ingresos. Y por otro lado también queda claro que un avance hacia una economía más libre sería un gran mejora para todos.

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Mejores Pensiones: ¡Más Libertad!

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Dusan Vilicic Held
Asociación Liberal de Magallanes (ALMA)

Esta columna se publicó el 28 de agosto del 2015 en el diario El Pingüino de Punta Arenas.

En mis anteriores columnas expliqué por qué un sistema estatal de reparto no es conveniente ni practicable, y también propuse algunas formas en que se podría lograr una bajada en las comisiones que cobran las AFP. Pero reducir las comisiones, incluso a la mitad, no tiene un impacto demasiado grande en el monto final de las pensiones, pues ya son relativamente bajas[1][2]. Por ello es que lo anterior, por sí solo, no es realmente una gran mejora. Hay que lograr la mejora más importante: la de los rendimientos sobre la inversión. Esto no es algo fácil, ya que en sí no son bajos; aproximadamente tres cuartos del dinero en los fondos corresponden a rentabilidad[3].

Para ello propongo tres cosas. Primero, dar libertad a las AFP para invertir donde y de la forma que consideren mejor. Esto permitiría a las AFP hacerlo en áreas que bien podrían ser más rentables que aquellas a las que están limitadas actualmente, lo que aumentaría los rendimientos para los ahorrantes, si la AFP hace bien su trabajo. Por ejemplo se ha estimado que los fondos podrían haber tenido un rendimiento hasta 30% superior si no hubiera restricciones a la inversión en el extranjero[4][5].

Segundo, libertad de ahorro: que cada quien pueda ahorrar cuanto desee, donde prefiera. El que los cotizantes obtengan completo control sobre sus ahorros, y no estén obligados a ponerlos en una institución que no les dé confianza o que no les guste, ya es de por sí una mejora. Pero lo importante es que esto controla el riesgo que asumen las instituciones de gestión de ahorro, pues la gente preferirá otra AFP o institución (ej. un banco), u otra forma diferente de previsión (ej. mutuales, aseguradoras), sí considera que su AFP se está arriesgando demasiado en sus inversiones.

Tercero, una reducción de impuestos generalizada. Una reducción en la carga fiscal tendría varios efectos benéficos. Por un lado, haría que los precios bajen, lo cual significa que incluso sin aumentar las pensiones, se puede adquirir más con la misma cantidad de dinero, lo que ya es un aumento real de éstas. Por otro lado, haría que las utilidades y dividendos percibidos por los fondos aumenten, lo que implica un mayor rendimiento de éstos, además de incentivar la creación de empleos y alzas salariales. Sin olvidar la reducción en las comisiones que mencioné en mi columna anterior.

En resumen, pasar a un sistema de pensiones de reparto no mejoraría la situación, e incluso sería impracticable, especialmente en las condiciones actuales. Una mejor solución pasa, en cambio, por una menor intervención estatal en el rubro del ahorro y una mayor libertad, tanto para ahorrantes como para las empresas e instituciones del rubro. Mejor aún si a esto lo acompaña una fuerte liberalización de las demás áreas de la economía. Finalmente, creo importante entender que en ningún lugar se pueden tener grandes pensiones si no se tiene un sector privado fuerte y dinámico, y para tener eso es necesaria una liberalización generalizada.

[1] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2012/07/estudios78.pdf

[2] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2012/07/Comisiones.pdf

[3] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2014/10/Boletin-AAFP-Octubre-2014.pdf

[4] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2012/07/EstudioIE.pdf

[5] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2012/07/LExtranjero.pdf

El sistema de reparto en Chile previo a 1980

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A continuación dejaré extractos del libro Soluciones Privadas a Problemas Públicos, de Libertad y Desarrollo. El autor de los extractos es Luis Larraín. En ellos se describe a grandes rasgos varias características del sistema de reparto en Chile, como existió hasta 1980, año de la reforma previsional que implementó el Gobierno Militar de la época.

Pese a que en Chile se suele hablar del sistema de previsión antiguo como algo homogéneo, lo cierto es que éste estaba formado por una gran cantidad de distintos regímenes. Los diferentes regímenes, que ascendían a más de 100 en las 32 Cajas de Previsión existentes en 1979, establecían diferentes requisitos para jubilar, niveles de pensiones y mecanismos de cálculo de beneficios para diversos grupos de trabajadores. Los más perjudicados con esta diversidad eran los más pobres (obreros del Servicio de Seguro Social o SSS), que sumaban un 65% de los imponentes activos en 1979, y no tenían derecho, por ejemplo, a pensiones de antigüedad que permitían a otros grupos jubilar con 42 años de edad. Los obreros, pese a realizar los trabajos físicos más pesados, sólo podían jubilar a los 65 años y además recibían un porcentaje menor de la renta imponible como pensión en relación a Cajas de otros sectores de trabajadores. En la Caja Bancaria, la del Banco de Chile y la del Banco del Estado la edad exigida para jubilar por vejez era de 55 años. La jubilación por antigüedad les permitía rebajar aún más esa edad. (…)

Pese a que en su concepción inicial el sistema antiguo pretendía ser solidario, la redistribución de ingreso, que resultaba del juego de poder que se traducía en legislaciones especiales para distintos grupos, era claramente regresiva.

en 1979 existían 32 cajas de previsión que agrupaban a tipos de trabajadores específicos o de determinados sectores productivos, los cuales no podían cambiarse ni elegir Caja a no ser que cambiasen de sector laboral. En otras palabras, cada institución tenía un mercado cautivo y no hacía ningún esfuerzo por dar un buen servicio. (…) La mayoría de ellas tenía, a la fecha de la reforma, gastos que superaban a sus ingresos, por lo que requerían de aporte fiscal para cumplir sus compromisos. El aporte fiscal aumentó su participación en los ingresos de las cajas en un 13,8% durante el período 1947-1980.

En general, la administración de las Cajas era bastante ineficiente. Los escasos excedentes que algunas de ellas en ocasiones generaban eran invertidos deficientemente, en un afán mal entendido de otorgar en el momento beneficios adicionales (…), sin preocuparse de tener un adecuado financiamiento como contraparte. Las Cajas se apartaron así de su objetivo principal, conceder pensiones, incurriendo en todos los vicios imaginables de una administración estatal y burocrática. (…)

En el [SSS], la tasa [de cotización] total a sus inicios en 1925 y hasta 1937 fue de un 5% de la remuneración, y aumentó progresivamente hasta llegar a un máximo de 51,4% en 1975 y descender luego a un 33,25% en 1980, año de la Reforma Previsional. En la Caja de Empleados Particulares (EMPART), la tasa entre 1924 y 1936 fue de 10%; llegó a un máximo de 64,7% en 1974; y descendió al 41% en 1980.

El expediente de aumentar las tasas de cotización para financiar el sistema, además de sus [negativos] efectos económicos, tiene un problema: cabe tener en cuenta que si el ahorro obligatorio, producto de la tasa legal de cotización, es superior al ahorro deseado por la persona, habrá incentivos para evadir el pago de cotizaciones, recurriendo normalmente a la subdeclaración de la renta imponible. (…) Es difícil pensar en tasas de cotización que vayan mucho más allá del 50% o en deterioros aún mayores del nivel de las pensiones que ya eran muy bajas. De hecho, un estudio realizado en ODEPLAN (Oficina de Planificación Nacional), proyectando la situación financiera del sistema a cincuenta años a partir de 1980 arrojaba un déficit de aproximadamente 395 mil millones de pesos (moneda de 1990) para el último año de la proyección. (…)

La realidad prevaleciente en 1980, año de la reforma previsional, indica que el 70% de los jubilados del sistema estaba recibiendo pensiones iguales o inferiores al valor de la pensión mínima de vejez, que tenía un valor aproximado de 30 dólares mensuales.

Porqué no es buena idea extender CAPREDENA y DIPRECA al resto de la población

El único motivo por el que CAPREDENA y DIPRECA pueden pagar lo que pagan, es porque el resto de nosotros los subsidiamos. Si el sistema se extendiera a todos, nos quitarían mucho más que el app 15% de nuestros ingresos que nos quitan para financiar las pensiones (incluyendo AFP, CAPREDENA y DIPRECA). Probablemente sería más del doble, y los beneficios serían menores con seguridad. Y si, si nos confiscaran nuestra plata que tenemos en los fondos obviamente se podría financiar pensiones mayores que si no, pero para la gente que está jubilada ahora, no para los que aún nos quedan de 10 años para arriba para jubilarnos. A nosotros nos tocarían pensiones mucho más bajas (más bajas que lo que obtendríamos con el sistema actual y también más bajas que lo que inicialmente darían con un reparto “pay as you go”), o impuestos (“aportes”) mucho más altos, que es lo mismo al final del día.

Está claro que no tiene sentido extender el sistema al resto de gente. De hecho, sería preferible que se fueran desfasando DIPRECA y CAPREDENA, eso permitiría liberar recursos estatales que idealmente permitirían bajar impuestos, generando un efecto retroalimentativo positivo de menores precios y mejores remuneraciones (y, por ende, mejores pensiones para todos también).