¿Es liberal un impuesto a las herencias?

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La respuesta debería ser obvia: los impuestos son, en el fondo, robo, por lo que obviamente un impuesto a la herencia no puede ser liberal. Pero persisten en el mundo personas que tratan de cuadrar el círculo. El último caso con el que me he topado es el de la revista británica The Economist, cuyo último número incluye una columna que defiende ese impuesto.

La columna parte mencionando datos irrelevantes pero interesantes sobre lo ínfima que es la recaudación fiscal (yo le diría robo) para los presupuestos estatales de países de la OECD por concepto del susodicho impuesto. Estos datos sólo sirven para dejar en claro que este impuesto no puede tener fines recaudatorios.

Lo interesante de la columna comienza cuando el autor menciona que oponerse al impuesto a las herencias contrapondría dos “valores liberales”:

Uno es que los Gobiernos no deben impedir que la gente disponga de su riqueza como mejor les parezca. El otro es que una élite permanente y hereditaria hace que la sociedad sea poco saludable e injusta. ¿Cómo elegir entre ellos?

Acá ya se puede decir algo al respecto. El primer principio es correcto, pero el segundo no es un  “principio liberal”, o al menos no como se lo enuncia en la columna. Si se estuviera hablando de élites políticas, podría tener algo de sentido la afirmación, pero no es el caso. Acá el autor habla de las llamadas “élites económicas”. Y estas no suelen ser hereditarias. La gran mayoría de personas que podrían caer en tal categoría son “ricos de primera o segunda generación”. Es decir, o crearon su propia riqueza, o son hijos directos de quienes la generaron. Es muy raro ver a una persona de la “élite económica” que sea de “tercera generación”, habiendo heredado esta riqueza de segunda mano, más raro aún para la cuarta y sucesivas generaciones. La gran mayoría de lo que podríamos llamar “élites hereditarias” son élites políticas, no “económicas”, y son éstas las que un liberal podría considerar dañinas.

En un mercado libre (con poca o nula intervención estatal) una persona sólo se mantiene en una “élite económica” mientras esté administrando su propiedad de forma más rentable y eficiente que el resto. Si el heredero no gestiona bien la riqueza heredada, la irá perdiendo. Esto es algo que de hecho sucede bastante seguido incluso en los mercados altamente intervenidos de hoy en día. Sería entonces innecesario e incluso contraproducente confiscar la propiedad que quien fallece lega a otras personas.

The Economist luego continúa justificando:

El argumento positivo para altos impuestos a las herencias es que promueven justicia e igualdad. Los herederos rara vez han hecho algo para merecer el dinero que reciben. Los liberales, desde John Stuart Mill a Theodore Roosevelt, pensaban que eso necesitaba ser corregido. Roosevelt, quién advirtió que dejar que enormes fortunas pasen de generación en generación era “en gran y genuino detrimento a la comunidad en general”, estaría pasmado con la situación actual.

En este párrafo hay muchas cosas cuestionables. Primero que nada, es risible en concepto de “justicia” que se deja entrever acá. El autor dice, básicamente que si una persona quiere darle algo a la otra, no sólo debe la primera “merecer” lo que va a dar, sino que la segunda tiene que de algún modo demostrar también merecimiento. Tal idea abre la puerta a toda clase de totalitarismo, pues para hacer cumplir esta idea (bastante estúpida, especialmente para un empleado de The Economist) haría falta fiscalizar cada transacción. Cada regalo navideño tendría que ser vetado por alguna burocracia (seguramente Estatal), teniendo que fundamentarse en cada caso el “merecimiento” de ambas partes en la transferencia. Puedo imaginar al autor diciendo “eso no es lo que yo propongo”, pero la realidad es que la extensión de esta fiscalización sería completamente arbitraria. No hay justificación objetiva para limitar esto sólo a las herencias o a ciertas transacciones en particular, por lo que corresponde llevar esta idea a su conclusión lógica y mostrar así lo absurda que es. Es más, para un liberal, una transacción es justa en función de los medios, no de “merecimientos” o fines. Si la persona obtuvo la propiedad (dinero, algún otro objeto, un terreno, acciones, etc.) de forma legítima (no hubo robo, estafa, extorsión, etc.), entonces la transacción es justa, punto. Los merecimientos son consideraciones que quedan fuera de la ética liberal.

Segundo, la igualdad material no es parte de la ética liberal, por lo que no tiene lugar en el argumento. alguno que otro podrá acá tratar de introducir los débiles argumentos de Rawls, pero de partida él no era liberal, por lo que de todos modos no cuenta.

Tercero, ni Mill, ni mucho menos Roosevelt se pueden considerar como liberales. El primero porque era utilitarista, es decir, no poseía principios, sino que más bien su ética se reducía a “maximizar la utilidad de la sociedad”, sin preocuparse en lo más mínimo de derechos o libertades más que como herramientas para lograr ese vago objetivo. El segundo fue uno de los primeros presidentes progresistas y, por lo tanto, para nada liberales. Roosevelt perfeccionó el “arte” de gobernar por decreto en los EEUU. Era un autoritario de corazón, un gran jingoísta que creía que a los EEUU les faltaba, y parafraseo, “una buena guerra para hacerse machos, porque sin derramamiento de sangre un país se vuelve afeminado”. Sobre la situación actual, me parece que estaría encantado con todas las guerras no declaradas en que está metido en Gobierno Federal de los EEUU. Guerra contra las drogas, guerra contra “el terrorismo”, bases militares en todo el mundo, derrocaciones no provocadas de líderes extranjeros cada puñado de años, operaciones encubiertas de todo tipo en medio mundo… yo creo que se sentiría orgulloso de su legado. Pero de liberal no tenía un hueso. Ninguno de los dos. Su defensa de estas figuras nos da una buena pista de la ética a la que adscribe The Economist, por cierto. Si tuviera que resumirlo en un nombre, diría que en esa revista adoran a Hillary Clinton.

Los flujos anuales de herencias en Francia se han triplicado como proporción del PIB desde los 1950s.

¿No se les habrá ocurrido a la gente de The Economist que la cantidad de patrimonio de la gente en Francia también ha aumentado grandemente en ese tiempo? Si una persona gana sólo suficiente para cubrir sus necesidades básicas, es poco lo que puede dejar en herencia. Pero si aumentan sus ingresos y comienza a poder ahorrar, a adquirir patrimonio (viviendas, vehículos, ahorros, entre otros bienes muebles e inmuebles, etc.) su patrimonio heredable aumenta mucho. La elección de fecha base no parece tomada al azar, aunque les daré el beneficio de la duda. De todos modos, tomar una fecha en que el patrimonio heredable es muy pequeño para la persona común, y compararlo con una fecha en que hasta la gente del decil más pobre logra acumular durante su vida una cantidad significante de patrimonio es como mínimo ser poco honesto y cuidadoso en el uso de las estadísticas.

La mitad de los billonarios de Europa han heredado su riqueza, y sus números parecen estar creciendo.

Es difícil juzgar esta afirmación sin que se fundamente ¿Será que en The Economist no son rigurosos a la hora de fundamentar sus afirmaciones? ¿O será que no les conviene citar su fuente porque esta ha sido refutada? Pueden estarse refiriendo al derechamente pésimo trabajo de Piketty, o pueden estarse refiriendo a cualquier cosa que bien puede tener una explicación que contradice su tesis. Imposible saberlo si no fundamentan. Por ende uno sólo puede asumir que la afirmación es falsa hasta que se demuestre lo contrario.

Sin embargo, en 2017 no está claro cuán decisivo es el papel de la herencia en el afianzamiento de la élite hereditaria.

En este y el siguiente párrafo The Economist curiosamente destruye su propio argumento. Primero parte sugiriendo que se hace necesario confiscar las herencias porque eso crea élites económicas, pero luego dice que no se sabe si eso realmente sucede… pero igual hay que poner el impuesto, supongo que porque a un socialista (light o de cualquiera otra variedad) no le preocupa no tener una justificación real para imponer sus preferencias al resto.

cada impuesto es una intrusión por parte del Estado. Si evitar la doble imposición fuera un requisito de una buena política, entonces los Gobiernos necesitarían abolir los impuestos a las ventas, que se pagan con ingresos ya afectos a impuestos.

Si realmente fueran liberales, les bastaría con ese argumento para concluir de forma lógica que todo impuesto debería ser abolido. Pero claramente no lo son.

De hecho, las personas que están en contra de los impuestos en general debieran ser menos hostiles hacia los impuestos a las herencias que a otros tipos. Por muy poco queridos que sean, son de los menos distorsionadores. A diferencia de los impuestos a la renta, no destruyen el incentivo a trabajar—mientras que estudios sugieren que una persona que hereda una cantidad superior a $150,000 es cuatro veces más propensa a dejar la fuerza laboral que una que hereda menos que $25,000. A diferencia de los impuestos de ganancias de capital, mayores impuestos a las herencias no parecen disuadir el ahorro o la inversión. A diferencia de los impuestos a las ventas, son progresivos. En la medida en que un impuesto a las herencias puede financiar recortes a todos los demás impuestos, el sistema puede ser más eficiente.

Primero que nada, un liberal se opone a los impuestos no por un tema de eficiencia, sino que por principio. Los impuestos son robo, por lo tanto hay que minimizarlos o eliminarlos. Que un impuesto sea más “eficiente” que otro no es factor muy relevante para preferirlo. De hecho, uno podría argumentar que es mejor tener impuestos ineficientes que por su naturaleza minimicen la recaudación estatal y así ayuden a limitar el poder estatal. Un impuesto “eficiente” en general beneficia principalmente al aparato estatal y le posibilita crecer desmedidamente.

Segundo, sobre lo del incentivo a trabajar, lo que lo destruye no son tanto los impuestos (que sí tienen un efecto), como los subsidios, el Estado del Bienestar. Más aún si se combinan ambas cosas. Las personas tratan de sobrevivir. Si se les aumentan los impuestos sin dar subsidios de ningún tipo, lo que sucederá es que mucha gente comenzará a compensar de varias formas por los ingresos perdidos, por ejemplo trabajando “en negro”, o incluso posiblemente trabajando más. El incentivo a trabajar se destruye cuando se crean vías para vivir a costa del resto, como los diversos subsidios que existen en la mayoría de países europeos. Esto de hecho va muy en línea con la afirmación de que quienes heredan grandes sumas (lo cual sería lo mismo que un subsidio estatal para efectos del ejemplo) tienden a dejar de trabajar. Esos estudios lo que deberían hacer es mostrarle a socialistas como la gente de The Economist que el Estado del Bienestar (subsidios a la pobreza, servicios estatales “gratuitos”, etc.) destruye los incentivos a trabajar.

Tercero, lo que observan respecto de que confiscar las herencias no parece reducir el ahorro o la inversión se puede deber a muchas cosas, y a mi me parece que no se debe a que a la gente no le importa que le confisquen lo que le quieren legar a sus familias u otros. De hecho, en un párrafo anterior ya mencionaron una posible explicación: la gente evade esa confiscación de un modo u otro. Si la gente puede evadir el impuesto, entonces el impuesto tendrá poco efecto. ¿De verdad les cuesta tanto pensar a la gente de The Economist? ¿O será que su ideología les compele a mentir sobre o ignorar ciertos hechos?

Cuarto, un liberal se opondría tanto a impuestos progresivos como regresivos. El principio de igualdad ante la ley lo lleva a uno a defender un impuesto igual para todos como el “menos injusto”. Uno podría discrepar en si es preferible una tasa igual o una cantidad absoluta igual, pero se está apuntando a igualdad ante la ley, no a igualdad material, como apuntan en The Economist.

Quinto, hay que ser muy ingenuo para pensar que al imponer un impuesto los políticos van a decidir reducir el resto. Lo que casi siempre sucede es que el nuevo impuesto se crea sin eliminar ni reducir ningún otro preexistente, creando así una nueva fuente de recaudación para aplastar aún más a la explotada sociedad.

El enfoque correcto es lograr un balance entre ambos extremos. La tasa exacta variará de país en país. Pero destacan tres principios de diseño. Primero, apuntar a los ricos; eso significa ponerle impuestos a los herederos en vez de a las propiedades y establecer un límite de exención significativo. Segundo, mantenerlo simple. Cerrar grietas para quienes son atrapados en la red por medio de establecer una tasa plana y dándole a la gente una asignación vitalicia para los legados; establecer una tasa lo suficientemente alta como para que se recauden sumas significativas, pero no tan altas que provoquen evasión en masa. Tercero, con el margen fiscal generado por el aumento del impuesto a las herencias, reducir otros impuestos, reduciendo la carga para la mayoría de las personas.

El enfoque correcto no es “lograr balances”, es hacer lo correcto. Eso significa, como ya dije, una tasa de cero. Cuando alguien dice que lo correcto es buscar un balance, yo reemplazo “impuesto” (robo) con “homicidio” o “violación” y me pregunto si la persona considera que no hay que “irse al extremo” al oponerse al homicidio o las violaciones.

En fin que los principios de diseño propuestos son bastante tontos. En la misma columna el autor demostró porqué no tienen sentido. Enfocarse en los ricos no es efectivo porque, como dice en la columna unos párrafos antes: “la riqueza puede pagar un buen abogado fiscal. … Suecia y otros países con altos impuestos descubrieron que si los Gobierno s imponen una tasa muy alta, los ricos encontrarán formas de evadirla.” El autor parece no tener idea de lo que significa la palabra “coherencia”.

Una “tasa lo suficientemente alta como para que se recauden sumas significativas” si o sí provocaría “evasión en masa”. La única forma de que eso no suceda es no “apuntar a los ricos”, sino que al resto. Ese es el motivo por el cual impuestos como el IVA recaudan tanto. Cualquier economista medio decente entiende que los “impuestos a los ricos” nunca recaudan mucho. La experiencia de los EEUU luego de Hoover y Roosevelt, más las reformas de Reagan, son clara evidencia de ello. Pero como el autor claramente está asumiendo la posición socialista de “robarle a los ricos para darle a los pobres”, es incapaz de admitir lo obvio: su propuesta no produciría resultados ni siquiera lejanamente similares de lo que parece esperar.

El tercer principio es tremendamente ingenuo, como ya dije. Prácticamente no existen políticos que quieran eliminar o reducir ningún impuesto, pero a todos ellos les encantaría la idea de introducir uno nuevo. El resultado en la práctica sería que se crearía un nuevo impuesto (o aumentaría uno preexistente), no se reduciría ninguno, el sistema sería más “ineficiente”, la carga fiscal sería aún mayor que antes, la recaudación no aumentaría mucho, y los más perjudicados al final del día serían los pobres. Sorprendente que una revista de (supuestos) economistas defienda una idea así.

Un sistema impositivo justo y eficiente buscaría incluir impuestos a la herencia, no eliminarlos.

Esa afirmación es tan alejada del liberalismo, que de hecho defiende el tercer punto del manifiesto comunista: “abolición de la herencia”. La columna de hecho defiende el segundo punto del texto de Marx: “impuesto fuertemente progresivo”.

A mí, al menos, me queda claro que la gente de la revista The Economist no es liberal, como dicen ser, sino que son socialistas y estatistas. Su afirmación de ser liberales probablemente tiene que ver con un tema de marketing (sería poco convincente para su público tradicional que se hicieran llamar lo que realmente son), o tal vez simplemente con un tema estratégico, para tratar de confundir lo que es la tradición liberal y así hacer más difícil la tarea de los liberales (de verdad).

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Porqué defender la secesión, respuesta a Antonio España

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Me topé hace poco con una columna donde se pretende explicar porqué es supuestamente antiliberal apoyar al movimiento secesionista catalán. Se llama “La inoportuna defensa liberal de la secesión”, su autor es Antonio España. Me he topado ya con mucha gente, muchos liberales que igual que Antonio, argumentan en contra del derecho de secesión de los catalanes, usando varios argumentos. Dado que su columna reúne a la mayoría de argumentos que he visto, me pareció útil hacer una réplica. Acá asumo que se parte de una mirada liberal, es decir, de la aceptación de los derechos más básicos del ser humano, por ejemplo el derecho de propiedad (privada). Haré esta réplica en forma de conversación, pues me es más cómodo ese formato para este caso.

se da en unas circunstancias de desafío a la ley y al Estado de derecho

No, lo que va en contra del Estado de derecho es el Estado mismo, que violenta todos los derechos más básicos del ser humano. Además, cualquier ley que diga que uno no puede finalizar relaciones con cualquier organización o persona no es una ley válida, no debe ser respetada. Las leyes malas no se deben respetar.

Es más, me pregunto si Antonio y compañía opinan lo mismo sobre el referéndum kurdo. Se me hace que van a tener un enorme doble estándar ahí. Ese referendum también ha sido declarado ilegal por los Gobiernos de Irak, Turquía y demás déspotas que están luchando por que no se les escapen algunos de sus siervos/esclavos. Sería terrible que la gente empezara a pensar que tiene derecho a ser libre e independizarse si no le gusta el Estado en que están. ¿Qué quedaría para los déspotas entonces? Tendrían que empezar a considerar tener un trabajo productivo en vez de uno parasitario, qué indigno. Disculpen por el sarcasmo.

supone un agravio comparativo con otras situaciones de verdadera restricción de las libertades individuales más básicas, como puedan ser los regímenes comunistas de Corea del Norte, Cuba o Venezuela, o las teocracias islámicas de Oriente Medio

Eso no tiene nada que ver. Que a alguien le roben es tan violación de derechos como cualquier otra cosa. Esta afirmación es como decir que el que una víctima de violación reclame que fue privada de su derecho a la integridad física es un agravio comparativo contra gente que que está en condición de esclavitud en Corea del Norte. Ridículo, y me parece que tal afirmación es de hecho un agravio contra cualquier persona que sufre alguna reducción o privación de alguno de sus derechos.

supone alinearse junto a unas formaciones políticas —nacionalismo corporativista, nacionalismo socialista y comunismo antisistema— que comparten muy poco con las ideas liberales

Los derechos, como por ejemplo el derecho de secesión (que no es más que el derecho a la libre asociación, derivado del derecho de propiedad) se tienen indiferentemente del color político de la persona. Una persona tiene tanto derecho a secesionarse como cualquier otra, incluso si es comunista, fascista, etc. Muy antiliberal me parece afirmar que la posesión de derechos depende del contexto político.

Si algo defienden estos partidos, es supeditar la voluntad personal a la colectiva.

Curioso que estén buscando imponer esa voluntad a muy poca gente. En este caso, me parece que los anti-derechos de propiedad (los anti-secesión, como ya expliqué) son los que buscan imponerle a los catalanes secesionistas sus propios dictados, y no al revés. Los catalanes independentistas parecen buscar no tener que imponerle al resto sus preferencias políticas, si no para qué separarse del resto. Se separan y forman para ellos un sistema que ellos quieren.

A mi parecer, lo que un liberal busca es no imponer a otros los gustos y preferencias particulares propios, sino que cada quién pueda tener para sí lo que prefiere, en tanto no busque imponer nada a otros. Si alguien quiere tener a alguien que gobierne su vida, allá esa persona, mientras no busque imponer eso a otros.

cabe oponer la opresión real que sufren quienes se oponen hoy a esa idea en Cataluña

Mientras existan Estados, va a existir gente en esa situación. Lo mejor que podemos hacer para mitigar ese problema, es aumentar lo más posible la cantidad de jurisdicciones autónomas. Si a alguien le parece mal que a alguien se le imponga un sistema que no quiere, entonces esa persona está a favor de la anarquía, como yo, por simple implicancia lógica.

Además, ¿qué con “la opresión real que sufren quienes apoyan hoy a esa idea en Cataluña”? La moneda tiene dos caras, por si no se han dado cuenta. Como dije, mientras haya Estados, habrá gente oprimida. Y el sistema democrático no cambia en nada ese hecho, para efectos de ese asunto, la democracia no es diferente a una dictadura.

dentro de los márgenes que contemplan la Constitución española y el Estado de derecho, existen los mecanismos democráticos y legales para reformar las leyes necesarias y articular un eventual derecho de secesión.

El problema acá es el que ya indicó Lysander Spooner, en su ensayo “No es Traición“. Por ejemplo podemos citar el simple hecho de que prácticamente nadie ha dado consentimiento formal válido a registe por ninguna Constitución. Es ya de entrada, por tanto, un argumento inválido citar ese documento.

Peor aún, no tiene sentido para un liberal defender un documento que no hace más que amarrar a las personas a un Estado que les quita sus derechos más básicos cada vez que puede.

Y sobre “los mecanismos democráticos”, éstos no son más que humo y espejos. No garantizan derechos, ni nada. No son algo muy valioso ni sagrado. Lo único valioso y sagrado son los derechos.

ya me gustaría que se derogaran muchas leyes tributarias, pero no me tomo la justicia por mi mano

Claro, esa es la mentalidad de un siervo, no de un liberal. Un liberal cree que lo justo no depende de “tener apoyos suficientes”. Si alguien lo ataca a uno, uno tiene derecho a defenderse, independiente de lo que digan los edictos de los políticos. Si alguien le roba a uno, uno tiene derecho a recuperar lo robado, independiente de si se tiene o no “los apoyos suficientes”. El proceso judicial para lo que sirve es para validar o condenar a ojos del resto de la sociedad las acciones de algún individuo. El proceso judicial no puede arrebatarle a la persona el derecho a defender su libertad. No es un sustituto suficiente, más bien es un apoyo, una herramienta para asistir en el “hacer justicia”.

inoportuna también porque el pueblo de Cataluña (…) ya disfruta hoy de unos altísimos niveles de autogobierno que nada tienen que envidiar a las democracias más descentralizadas del planeta.

Esta afirmación es muy similar a decir que “es inoportuno para la esclava americana de la época antebélica reclamar por su esclavitud, ya que su situación es mucho mejor que la de cualquier esclavo en cualquier otro lugar o época”. De hecho, esto es verdad. Los esclavos en los EEUU antebélicos (en los años directamente previos a la guerra de secesión) efectivamente vivían mejor que cualquier otro esclavo de cualquier otra época preva, o cualquier otro país. Es más, los esclavos allí en general tenían estándares de vida superiores a los de los hombres libres de clase baja del resto de los EEUU, al menos si lo medimos en sentido material. Muchos de ellos tenían incluso permitido tener propiedad, manejar negocios (tanto propios como de sus amos) entre otras cosas similares. Entonces la afirmación de “¿qué más quieren los catalanes, si ya son casi tan independientes como un país aparte?” es como decir “¿qué más quiere el esclavo, si ya tiene casi tanta independencia y bienestar material como un hombre libre?”. Un argumento claramente repulsivo, especialmente en boca de un liberal.

Es cuestión, si así lo desea la mayoría, de seguir profundizando en la descentralización —deseable para todas las personas y no solo los catalanes— sin necesidad de abrir un proceso de secesión costoso e incierto para todos.

Me parece que Antonio debería aprender un poco de los argumentos que se daban, tanto a favor como en contra de la esclavitud, en la época antebélica ya mencionada. Esto porque lo que acabo de citar es muy, muy similar a los argumentos que daban las personas que se oponían a eliminar la esclavitud. Muchos eran argumentos de la línea “si los esclavos son liberados nadie sabe cómo lo harían para sobrevivir, y los problemas políticos que podrían causarse, por eso lo responsable es simplemente tratar de aumentar el bienestar de los esclavos sin liberarlos”. Argumentos como éste abundaban en esa época (además de los ya conocidos argumentos desde el racismo).

El Estado de derecho —lo que los anglosajones llaman ‘rule of law’— es uno de los grandes pilares en los que se basa el ideario liberal. El respeto y defensa de la vida, de la propiedad privada o del cumplimiento de los contratos no se entiende sin la vigencia del imperio de la ley.

Así es, pero eso no es lo mismo que “imperio del Estado”. La ley no proviene del Estado, no viene del Congreso, no viene de políticos o burócratas. Peligroso que un liberal crea algo así.

Son precisamente las normas generales —las constituciones y leyes de rango superior— las que reducen la arbitrariedad del gobernante, poniendo límite a la coacción institucional y protegiéndonos de la discrecionalidad en la actuación de políticos y burócratas.

Esto es falso. Entre más pequeñas son las jurisdicciones, más limitada es la coacción institucional y menor es la discrecionalidad de los gobernantes. Sorprendente que haya que decirle esto a un liberal. La libertad de asociación, sobre todo, es una de las fuerzas que más limitan en el hecho a las acciones de no sólo Gobernantes, sino que también limitan lo que una persona puede hacer en el mercado. Es la piedra angular de la libre competencia. Decir que no corresponde que una persona, o un grupo de ellas, se desligue de un Estado, es básicamente lo mismo que imponer un monopolio en algún producto o área mercantil, al menos para efectos de la limitación del poder.

Las Constituciones por sí solas no son garantía de nada. Famosamente, la URSS en su Constitución, declaraba la libertad de expresión, de reunión, de religión, entre muchas otras garantías. No hace falta mucha investigación para comprobar que ninguna de estas garantías se respetó. También se puede poner de ejemplo la Constitución de los EEUU, la cual ha sido repetidamente violada, las garantías en ella expresadas no han sido respetadas. Las Constituciones no tienen demasiado valor. No limitan el poder de nadie. Es peligroso que un liberal crea lo contrario.

la ley nos protege de los gobernantes, y renunciando a ella, renunciamos a la libertad.

Si por “ley” Antonio se refiere a los edictos de los políticos, entonces claramente está muy confundido. No tiene mucho sentido decir que los edictos de los políticos nos protegen de los edictos de los políticos, es una contradicción, claramente.

representan menos del 50% de los votantes menos del 36% sobre el censo total catalán—

Asumo que estas cifras están basadas en los resultados del referéndum. Si es el caso, entonces es bastante deshonesto afirmar algo así. Hay muchas razones por las cuales el resultado podría haber sido más bajo que lo que habría sido de otro modo.  Primera entre ellas está la amenaza policial del Gobierno español. Ésta actuó como un “chilling effect“, disuadiendo a mucha gente de presentarse a votar, para no arriesgarse a sufrir represalias. Muchas otras acciones del Gobierno español también dificultaron a mucha gente poder votar. Si no hubiera habido tanta intervención por parte del Estado español, el resultado habría sido más fidedigno. En cualquier caso, no corresponde tomar los resultados como el número definitivo. Claramente había más gente a favor de la secesión (y en contra), que no votaron por uno u otro motivo. Mal de parte de un liberal no notar esto.

la Constitución, el Estatuto y el resto de leyes orgánicas relevantes en la materia son precisamente la garantía que tiene aquel otro 50% que no quiere que le ‘secesionen’ involuntariamente.

Esto es totalmente dependiente del marco de referencia. Uno bien podría argumentar que la minoría oprimida acá es el grupo de catalanes a los que se les está forzando a vivir bajo el dominio del Estado español, contra su voluntad. Ellos son minoría frente al resto de españoles. La moneda tiene dos caras, y en esta cara “la Constitución, el Estatuto y el resto de leyes orgánicas relevantes en la materia” lo único que hacen es garantizar que la minoría no pueda librarse de la opresión de la mayoría. ¿En qué quedamos entonces?

Los liberales que toman partido por la causa separatista, y apoyan y justifican sus actos pensando que así defienden la libertad, olvidan que el derecho de libre asociación y desasociación atañe también a aquellos que desean mantenerse asociados y a aquellos que no quieren cambiar su asociación por otra excluyente, aún más colectivista, totalitaria y opresora de verdad

Y ese es el problema de que existan los Estados. Esto ya lo dije más arriba, y la única solución es tener las más jurisdicciones posibles. Viene a la mente también la idea de las Jurisdicciones Funcionales Superpuestas en Competencia (FOCJs, de “Functional Overlapping Competing Jurisdictions”) de Bruno Frey. Pero mientras no se de eso, la existencia de los Estados en ausencia de libertad de asociación garantiza que habrá gente oprimida, pasada a llevar, y lo mejor que podemos hacer en esos casos es subdividir los Estados, aumentar la cantidad de jurisdicciones. Que es lo que el separatismo catalán busca. Por simple lógica, esto es un argumento por el que un liberal debiera estar a favor de la secesión en este caso.

¿o qué piensan que persigue la CUP? (…) el independentismo preconizado por sus promotores en Cataluña es deshonesto, antidemocrático y liberticida, con un fuerte condicionamiento comunista que se combina con un corporativismo de tintes fascistas.

Claramente no persigue imponerle un sistema a una mayoría de españoles. ¿No cree Antonio que los españoles estarían mejor sin tener lidiar con la CUP? Si es verdad que en Cataluña los ánimos políticos se inclinan hacia el socialismo ¿No es mejor para el resto de españoles que estos socialistas se independicen y dejen de ejercer influencia sobre los primeros? Cuando se impone el unicismo (independiente de si se hace mediante un sistema democrático, monárquico, parlamentario, etc.), lo que se logra es una garantía de que nadie podrá obtener el sistema que prefiere.

Difícilmente puede catalogarse esta secesión como defensa de la libertad individual.

Más bien lo que es es un acercamiento a ésta. Los que quieren vivir en una comunidad socialista, que lo hagan, allá ellos. En tanto no busquen imponerlo a otros, un liberal no debería poner objeciones. Y si bien no es el caso, al menos se acerca más que forzar a estas personas a mantenerse en un sistema que no desean para si mismas. Y si como consecuencia estos socialistas se vuelven más pobres, cosa de ellos.

Tal es el caso, por ejemplo, de todos aquellos grupos humanos, étnica, cultural o lingüísticamente homogéneos, que fueron conquistados o cuyo territorio fue anexionado por la fuerza en algún momento reciente de su historia. O que se vieron repentinamente dentro de unas fronteras artificialmente definidas por terceros, como fue el caso de Yugoslavia o las antiguas colonias en África o Asia. No es el caso de Cataluña, cuyos condados se incorporaron al reino de Aragón por vía dinástica en la Edad Media, y en el Renacimiento, y también mediando el matrimonio entre sus respectivos monarcas, se unió con los dominios castellanos para formar el actual reino de España.

Esto es totalmente irrelevante. La libertad de asociación no depende de “homogeneidad cultural” ni de accidentes históricos. Una comunidad multicultural tiene tanto derecho a formar su unidad política independiente como una comunidad culturalmente homogénea. Y ambas tienen derecho a hacerlo, tanto si “toda la vida” han sido parte de otra, como si alguna vez fueron incorporadas a esta otra a la fuerza. Todo eso es irrelevante. Parece muy extraño para un liberal condicionar los derechos a cosas como ideología de la persona, accidentes históricos, cultura, etc.

a los liberales prosecesión les pregunto, ¿quién sufre opresión hoy en Cataluña?

Básicamente todos, en tanto que viven bajo la autoridad despótica de un Estado que atropella sus derechos. Y como ya dije antes, la secesión de un grupo permite reducir la discrecionalidad de los Gobernantes, aumenta la competencia entre ellos, etc. Además, valida el derecho de las personas a secesionarse, lo cual debiera ser legítimo bajo cualquier pretexto y circunstancia (como debiera ser si se considera que la libertad de asociación es algo que existe). Si fuese así, se habrían evitado muchas guerras y genocidios, a decir verdad.

Pregúntenselo a los catalanes que no quieren secesión, a los que el domingo quedaron señalados por quedarse en casa, a los delatados y multados por rotular sus comercios en español, a los que no pueden elegir la lengua en la que educar a sus hijos, a quienes defienden ideas no independentistas y les desean violaciones en grupo o señalan los comercios de sus padres.

Y está muy bien denunciarlo. Esas personas también tienen derecho a secesionarse de cualquier Estado, sea catalán, sea español, sea el que sea. Pero impedir la secesión de un grupo no ayuda a fortalecer el derecho de secesión de las personas mencionadas, más bien lo debilita.

Y a poco que uno haya viajado, se da cuenta de que España es hoy uno de los países más abiertos, integradores, tolerantes y acogedores del planeta.

¿Será esto motivo necesario o suficiente para negarle el derecho de secesión a alguien? No lo creo.

Costó muchas cesiones llegar a una Constitución imperfecta para todos

No suena como algo bueno. ¿No sería mejor que cada grupo tuviera su propio país, constitución, etc. que le acomoden mejor?

con el inmenso mérito de darnos una mínima estabilidad política que nos ha permitido centrarnos en nuestros asuntos privados y cambiar radicalmente el país en estos 40 años.

¿No se habría logrado lo mismo teniendo cada grupo su propio sistema, etc.?

No, defender esa convivencia imperfecta no es nacionalismo español.

Pero tampoco me parece algo muy sensato. ¿Forzar a todos a funcionar bajo un mismo Estado lleno de pugnas entre grupos con preferencias políticas dispares? No me parece algo muy liberal para hacer.

una sobrerrepresentación parlamentaria fruto del viciado sistema basado en circunscripciones electorales, que favorece la formación de coaliciones.

¿No que la democracia era tan buena?

Podrían haber convocado ahora otras con el mismo carácter plebiscitario, legales y con todas las garantías. Convocatoria que es prerrogativa legítima y exclusiva del presidente de la Generalitat. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué han preferido la ilegalidad? ¿Por qué han preferido la propaganda y la movilización en la calle, exponiendo a sus seguidores a la acción policial?

¿Porqué debe ser ilegal hacer un plebiscito? ¿Porqué se considera legítimo imponerle a la gente mecanismos y procedimientos contra su voluntad?

Finalmente, puestos a defender la necesidad de un derecho liberal de secesión colectiva como mejor aproximación posible a la secesión individual, ¿por qué restringirlo a un territorio dado? ¿Por qué no secesión de los autónomos? ¿O de los que tengan horóscopo Piscis? ¿O de los aficionados al aeromodelismo? ¿Se dan cuenta de la arbitrariedad del criterio territorial? ¿Por qué en un territorio pueden desasociarse y en otros no?

Efectivamente el criterio territorial es arbitrario y por lo mismo he estado defendiendo el derecho de secesión individual (que no es otra cosa que el anarquismo).

Por no hablar de que la secesión dentro del territorio independizado —requisito para que la secesión sea compatible con el liberalismo— plantea serias dificultades prácticas. Pues, ¿cómo se consigue que entre dos vecinos que comparten rellano, uno se independice junto con un grupo de catalanes y el otro se quede dentro de España junto con el resto de catalanes que desean quedarse?

Parece complicado, pero aún puede complicarse más. ¿Qué hacemos con aquellos que quieran desasociarse de su comunidad autónoma pero no de su país ni de su provincia? ¿Y con los que quieran independizar su municipio de su provincia, pero no de su comunidad autónoma y sí de su país para unirse a un tercero? ¿Y por qué no independizar el barrio? A fin de cuentas, hay barrios que podrían cumplir los criterios de nación: cultura, lengua y etnia propias.

Primero, es un salto lógico afirmar lo de la compatibilidad. Si fuera así, sería también incompatible con ser liberal oponerse a la secesión en este caso, por vicios similares. ¿Y en qué quedamos ahí?

Segundo, vuelvo a mencionar la propuesta de Bruno Frey.

as secesiones parciales (colectivas) no siempre acercan al ideal de la secesión individual —antes bien, suele ser al contrario—

¿Alguna justificación para tal afirmación?

cuando se circunscriben a un territorio, necesariamente generan una minoría o mayoría— a la que se le trata de imponer una secesión indeseada.

La moneda tiene dos caras. Me exaspera tener que repetir esto una y otra vez. Impedir la secesión también “necesariamente genera una minoría —o mayoría— a la que se le trata de imponer” un Estado indeseado.

El apoyo liberal de la secesión de Cataluña es, pues, inoportuno.

A mí me parece muy oportuno. Tanto desde el punto de vista teórico-filosófico, como desde el punto de vista estratégico ¿Cuándo será la próxima oportunidad que habrá para achicar no sólo España, sino que la UE? Además de que esta secesión, si resulta exitosa, sirve como antecedente positivo para cualquier otro grupo que desee formar su jurisdicción separada (por ejemplo los kurdos en Irak y alrededores).

representa una estupenda ocasión para alejar a la gente de un liberalismo, siquiera imperfecto, pero con otras prioridades más realizables a medio plazo … demostrando que somos gente práctica

Esto me suena a queja de lobbista que quiere parecer “respetable” y “políticamente correcto” para ser aceptado dentro de los círculos de poder mainstream, la verdad. Mi interés como liberal no está en ser políticamente correcto ni en caerle bien al establishment. Mi interés está en lograr más libertad. Y eso nunca se ha logrado (excepto en contadas ocasiones) ni por medio del lobby, ni por los canales políticos regulares. Por lo mismo insistir en esas vías no es conducente a “demostrar que somos gente práctica”.

Para cerrar, quiero dejar en claro que probablemente tenga muchas opiniones en común con Antonio España. Pero de tanto en tanto se dan casos en los que liberales podemos estar en desacuerdo. En algunas ocasiones es por temas estratégicos, donde no se puede hablar realmente de una alternativa “mas liberal” o viceversa. En otras hay diferencias filosóficas, donde la discusión puede volverse más amarga. Me parece que el desacuerdo sobre el independentismo catalán tiene más de desacuerdo sobre estrategia que sobre principios, lo que al menos nos permite decidir estar en desacuerdo, sin tener que decir que unos u otros son “menos liberales”.

Socialismo neoliberal nórdico

Estoy bastante aburrido de que los variados socialistas miren a países como Finlandia o Suecia y digan “esos son países socialistas y por eso son tan prósperos y la gente de allá vive tan bien”. Eso es una gran mentira. Muy similar a la mentira de que Chile es “la Norcorea del neoliberalismo”. Para desmentir estos mitos, voy a hacer una comparación simple entre Chile y los diferentes países que el World Economic Forum considera “los diez más felices”. La lista me pareció interesante no tanto por ser “más felices”, sino que porque son países muy prósperos, que están entre los con más libertad económica según los índices que tratan de medir esto, y que además incluye a los países escandinavos “socialistas” más promimentes. Lo que compararé son varios agregados que reflejan el nivel de “socialismo” y de “neoliberalismo” (según la concepción de la gente que mencioné antes), según el índice de libertad económica de The Heritage Foundation (lo uso porque tiene mejor presentación y es más accesible que el índice del The Fraser Institute). Un número más alto significa “más neoliberal” o “menos socialista”, o “menos corrupción”.

Partamos con Chile:

  • Regulación laboral: 64.3
  • Regulación empresarial: 72.1
  • Derechos de propiedad: 85
  • Gasto estatal: 83.1
  • Impuestos: 74.8
  • Corrupción: 73

Como se puede ver, tenemos (en realidad tuvimos, la información es de hace un par de años) bastante regulación estatal de la actividad económica, pero impuestos relativamente bajos (como la información es vieja no cuenta aún el impuestazo de Bachelet). El nivel de corrupción no es alto, pero tampoco es tan bajo como para no ser preocupante. El nivel de protección a los derechos de propiedad privada es decente, pero no especialmente alto, claramente no tanto como para ser motivo de celebración.

Ahora veamos los países de la lista de “más felices” (entre paréntesis la diferencia con Chile):

socialismo-neoliberal-nordico

  • Australia:
    • Regulación laboral: 77.2 (+12.9)
    • Regulación empresarial: 89.4 (+17.3)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 62 (-21.1)
    • Impuestos: 63.2 (-11.6)
    • Corrupción: 80 (+7)
  • Canadá:
    • Regulación laboral: 72.6 (+8.3)
    • Regulación empresarial: 81.8 (+9.7)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 50.4 (-32.7)
    • Impuestos: 80 (+5.2)
    • Corrupción: 81 (+8)
  • Dinamarca:
    • Regulación laboral: 86 (+21.7)
    • Regulación empresarial: 95.4 (+23.3)
    • Derechos de propiedad: 95 (+10)
    • Gasto estatal: 2.3 (-80.8)
    • Impuestos: 39.5 (-35.3)
    • Corrupción: 92 (+19)
  • Finlandia:
    • Regulación laboral: 53.7 (-10.6)
    • Regulación empresarial: 90.7 (+18.6)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 0.8 (-82.3)
    • Impuestos: 66.5 (-8.3)
    • Corrupción: 89 (+16)
  • Islandia:
    • Regulación laboral: 61.6 (-2.7)
    • Regulación empresarial: 90.1 (+18)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 42.1 (-41)
    • Impuestos: 73.3 (-1.5)
    • Corrupción: 79 (+6)
  • Países Bajos:
    • Regulación laboral: 64 (-0.3)
    • Regulación empresarial: 80 (+7.9)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 34.4 (-48.7)
    • Impuestos: 52.7 (-22.1)
    • Corrupción: 83 (+10)
  • Noruega:
    • Regulación laboral: 48 (-16.3)
    • Regulación empresarial: 89.6 (+17.5)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 41.8 (-41.3)
    • Impuestos: 53.2 (-21.6)
    • Corrupción: 86 (+13)
  • Nueva Zelanda:
    • Regulación laboral: 85.9 (+21.6)
    • Regulación empresarial: 91.4 (+19.3)
    • Derechos de propiedad: 95 (+10)
    • Gasto estatal: 46 (-37.1)
    • Impuestos: 71 (-3.8)
    • Corrupción: 91 (+18)
  • Suecia:
    • Regulación laboral: 53.5 (-10.8)
    • Regulación empresarial: 89.7 (+17.6)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 14.9 (-68.2)
    • Impuestos: 44.4 (-30.4)
    • Corrupción: 87 (+14)
  • Suiza:
    • Regulación laboral: 72.1 (+7.8)
    • Regulación empresarial: 82.2 (+10.1)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 66.3 (-16.8)
    • Impuestos: 70.9 (-3.9)
    • Corrupción: 86 (+13)

Lo que podemos ver inmediatamente es que todos los países tienen menos regulación a las empresas, más protección a los derechos de propiedad privada, menos corrupción, pero más impuestos (con la excepción de Canadá) y más gasto estatal. La minoría tienen más regulación laboral que acá, dos tienen una cantidad similar a la chilena y la mitad tienen mucha menos regulación laboral que Chile. Ya con esto se cae la idea de que Chile es “la Norcorea del neoliberalismo”, pues en esos países la regulación estatal es mucho menor (más “neoliberalismo” y confianza en la “autorregulación del mercado”). Pero sigamos el análisis.

Los países que tienen más regulación laboral que Chile tienen alguna combinación de impuestos más bajos y menor regulación a las empresas, en comparación con los países que tienen menos regulación laboral, lo que sugiere un trade-off, un balance entre esas cosas. Lo cual tiene sentido, la regulación laboral, impuestos, y la regulación a las empresas son un lastre para la actividad privada de las personas, por lo que si se aumenta una de esas cosas, hay que disminuír alguna las otras en alguna combinación para compensar.

Se nota que en estos países se valora la libertad para llevar a cabo una empresa, lo cual para la lógica de quien cree que “Chile es la Norcorea del neoliberalismo” significaría que esos países no son “más socialistas” ni “menos neoliberales”, todo lo contrario. Se demuestra un nivel alto de confianza en los empresarios para llevar a cabo sus negocios, y en las empresas para generar prosperidad y bienestar de la manera que consideren mejor.

Se ve también más confianza en el manejo privado de la propiedad, lo que refleja en la consistencia con que se protejen más los derechos de propiedad privada. Eso implica cosas como menos poder y discreción estatal para expropiar y confiscar, más garantías a los propietarios de que cualquier daño a su propiedad será castigada o resarcida, etc. Esto claramente es un signo de “neoliberalismo” más que de “socialismo”.

Otra cosa que se puece observar es que hay menos corrupción en el Estado en todos esos países. Personalmente creo que eso viene como consecuencia de factores culturales, que a su vez vienen influídos por el hecho de que todos esos países han sido muy libremercadistas a lo largo de la historia, especialmente desde el siglo 19 en adelante, con relativamente breves lapsos estatistas. Cuando el sistema es muy de libre mercado, con prácticamente nada de provisión estatal de servicios educacionales, médicos, seguros, pensiones, redistribución, subsidios empresariales, barreras comerciales, etc. lo que resulta es que ese ambiente genera, por fuerza de necesidad, una cultura muy emprendedora, empresarial, solidaria, de responsabilidad individual y de honestidad, que no sólo es un caldo de cultivo ideal para la prosperidad, sino que además tiene como consecuencia un nivel muy bajo de corrupción en los funcionarios estatales.

Respecto del gasto estatal, es evidente que se hace posible un gasto así de grande en estos países gracias a que esto se compensa con alguna combinación de bajos impuestos y regulación, lo que produce una mayor y más fuerte actividad económica generadora de impuestos. Es decir, algunos países tienen impuestos altos, pero muy poca regulación laboral y a las empresas (como Dinamarca), otros tienen más regulación laboral pero menos impuestos (como Islandia), y también está el caso de Noruega que financia su gasto estatal mediante la estatización de alguna empresa o recurso importante (de forma similar a Chile). Además tenemos los casos de Canadá y Australia, que van más por la moderación, teniendo impuestos y gasto estatal un menores al resto, y compensando con un poco menos de regulación laboral que el resto.

Es claro que los países nórdicos son todo menos “socialistas”, y que de hecho son mucho más “neoliberales” que Chile (siempre según la concepción antes mencionada). Además, el mito de que “Chile es la Norcorea del neoliberalismo” se demuestra claramente sin base, siendo que estos países supuestamente “socialistas” tienen un mercado mucho más desregulado, mayor protección a los derechos de propiedad privada y en general menos regulación laboral. También se hace evidente que hay un trade-off entre impuestos y regulación, debiendo compensar el aumento en una cosa, con una reducción de la otra. Una última cosa que se hace evidente es que el nivel de impuestos es menos determinante del bienestar que la regulación estatal. Un cierto aumento en impuestos requiere una reducción menor de la regulación estatal para compensar, lo que explica el éxito relativo de estos países. Lo cual no quita que tendrían un mejor desempeño si además de tener poca regulación estatal, tuvieran también un bajo nivel de impuestos y gasto estatal (para ver eso se tendrían que haber incluído países como Liechtenstein, Singapur y Hong Kong al análisis – tal vez en otra ocasión). La libertad funciona, como decía el slogan de Students for Liberty.

Una respuesta a David Graeber

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Un amigo me pidió mi opinión sobre esta columna publicada en The Guardian, y me pareció interesante responderla. La columna básicamente habla de que el Bank of England (BoE) se ha sincerado respecto de cómo funciona el sistema monetario y bancario, dejando claro que el Banco Central inventa el dinero de la nada. Lo particular de la columna que me interesa abordar son tres temas: primero la afirmación de que no ha habido inflación de precios como consecuencia de la inflación monetaria post-2008; segundo, el efecto desplazamiento, que el columnista dice que no aplica para el caso de financiar gasto estatal con la imprenta de billetes; y tercero, que la austeridad estatal no tiene sentido como consecuencia de esas cosas.

Lo primero entonces es la inflación, y las afirmaciones particulares del columnista son las siguientes:

The central bank can print as much money as it wishes. But it is also careful not to print too much.

In fact, with “quantitative easing” they’ve been effectively pumping as much money as they can into the banks, without producing any inflationary effects.

Ambas afirmaciones son falsas. La primera claramente lo es pues como bien dice en la segunda cita, la Federal Reserve (FR, banco central en los EEUU) ha “bombeado tanto dinero como han podido”. Y obviamente “imprimir todo lo que se pueda” es mucho más que “no imprimir demasiado”, lo que implicaría algún tipo de restricción por parte del emisor. El Banco Central Europeo (BCE) ha llevado una política similar hasta el día de hoy, lo mismo que otros bancos centrales. Llámalo como quieras, pero lo que están haciendo es todo menos “ser cuidadosos de no imprimir demasiados billetes”.

Ahora, respecto de la inflación de precios (que es a lo que se refiere el artículo con “inflación”)  a causa de la inflación monetaria, ha habido bastante, el tema es que no se ha visto reflejada en los indicadores clásicos como el IPC. Esto porque se ha dado en sectores de la economía que no se toman en cuenta al calcular esos indicadores. Por ejemplo se ha visto inflación en la bolsa, en algunos sectores como el inmobiliario (de nuevo, pero en otras áreas), y en otros países. El tema es que la plata que crean los bancos centrales no necesariamente va a parar a los bolsillos de las masas (generalmente no sucede así), sino que va a parar a los bancos, que luego prestan ese dinero a inversionistas o compran bonos estatales, o también se va a países extranjeros que compran dólares (o libras, etc.). Ahí es donde la inflación de precios se está manifestando, en los sectores en los que esa plata nueva va a parar. El caso de la bolsa es bastante obvio y ejemplifica bien el asunto: los precios de acciones han ido subiendo a pesar de que no hay motivos reales de base para ello (las empresas no están produciendo utilidades mayores que antes, ni nada por el estilo). Es decir, sí hay inflación de precios como consecuencia de la inflación monetaria. Y obviamente no se posdía esperar otra cosa. Ben Bernanke triplicó la base monetaria en un par de años, siendo que se había demorado unos 90 años en llegar a ese punto, lo que es un emisionismo inusitado, gigante. La diferencia entre lo que hizo Bernanke y lo que hizo Mugabe en Zimbabwe es que Mugabe le daba la plata a las masas a través de diversos programas estatales, mientras que Bernanke se la dió a banqueros, banqueros centrales extranjeros, e indirectamente a inversores, por lo que obviamente la inflación de precios se manifiesta en sectores diferentes de la economía.

Luego está el tema del efecto desplazamiento que tiene el gasto estatal, y la cita relevante es la que sigue:

there’s no question of public spending “crowding out” private investment. It’s exactly the opposite.

Por supuesto que hay un efecto desplazamiento, independiente de lo que el autor crea, no por nada hay tanto desempleo hoy en día en los EEUU y en Europa (la cifra específica a que hay que poner atención es la “participación laboral” que toma en cuenta tanto a cesantes que buscan empleo, como los que no están buscando empleo). Ese desempleo es en parte causado por eso, combinado con otras políticas y regulaciones estatales. El autor parece creer que el aumento del gasto estatal por medio de emisión de deuda no causaría un efecto desplazamiento, pero obviamente sí lo hace. Los recursos son limitados, no infinitos como parece creer este caballero. Como son limitados, un aumento del gasto estatal significa que el Estado captura una mayor proporción de esos recursos, y por ende desplaza al sector privado. Cada resma de papel, edificio, camión, terreno, etc. que usa el Estado no puede ser usado por el sector privado. El tema es que generalmente se desplaza en el margen inferior de la economía. Con esto me refiero a que los que primero se ven desplazados son los pequeños empresarios, las PyME que lo ven más difícil para sostener o empezar negocios. Y como son empresas pequeñas, poco visibles y que el cierre de cada una afecta a relativamente poca gente, el efecto no es muy visible, y es fácilmente pasado por alto incluso por muchos economistas (que están mal entrenados).

Una última cosa que vale la pena mencionar es la afirmación pasajera de que la austeridad no es algo útil:

they have effectively thrown the entire theoretical basis for austerity out of the window.

Podría explayarme mucho sobre este tema, pero seré sucinto. Múltiples organismos han hecho estudios sobre el efecto de la austeridad fiscal, pero los más interesantes son los que han hecho orgasnismos como la OECD, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que es imposible de acusarlas de ser en alguna medida organizaciones con sesgo libertario o austríaco en ninguna medida. Lo que esos estudios dicen es que hay dos estilos de austeridad, llamémoslos “Austeridad A” y “Austeridad B”. La “Austeridad A” trata de balancear el presupuesto por medio de subir impuestos y medidas similares, a veces con modestas reducciones en el aumento del gasto (es decir, el gasto aumenta igual, sólo que un poco más lento). La “Austridad B” trata de balancear el presupuesto estatal por medio de la reducción real del gasto, a veces incluso acompañado de reducciones impositivas e imposiciones de límites duros al gasto estatal. Queda claro acá, por cierto, que la austeridad tipo A no es realmente austeridad estatal, sino que es austeridad privada para financiar más gasto estatal, es decir, business as usual. La conclusión a que llegan estos estudios (al respecto recomiendo investigar las columnas de Daniel Mitchell sobre austeridad) es que la austeridad tipo A no funciona y es dañina, y que la tipo B es muy efectiva, especialmente en el largo plazo. Entonces el problema viene de que mucha gente (como por ejemplo Paul Krugman y Joseph Stiglitz, entre otros) confunde austeridad estatal real (tipo B) con austeridad privada forzada (tipo A). Mi sospecha es que algunos de estos personajes lo hacen a propósito, porque son muy inteligentes como para no darse cuenta de la diferencia, aunque puede ser un error honesto por la forma en que estos economistas son entrenados de forma que al final no entienden nada.

Para concluír, debo decir que en general la columna suena como una columna de un “keynesiano sincero”, que no trata de ocultar lo que el sistema keynesiano hace y cómo funciona, lo cual es quiza algo positivo en sí mismo. Lo extraño del caso es que Graeber se declara anarquista, pero acá aparentemente está haciendo una apología del Estado. Nunca se deciden, estos “anarquistas” de izquierdas.

Pensiones: Mejoras y retrocesos

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Dusan Vilicic Held
Asociación Liberal de Magallanes (ALMA)

Esta columna se publicó el 3 de septiembre del 2015 en el diario El Pingüino de Punta Arenas.

Cuando se habla de pensiones, hay varias propuestas que se hacen para mejorar sus prestaciones. La más recurrente es volver a un sistema estatal de reparto forzado que se ha demostrado insostenible y hasta impracticable aquí y en la quebrada del ají. A pesar de ello, sus proponentes perseveran, sin inmutarse.

Uno de los argumentos que suelen esgrimir es que las FFAA y del orden poseen un sistema así, gestionado por CAPREDENA y DIPRECA, el cual es solvente, supuestamente. Pero hay que apuntar que los beneficiarios de este sistema son pocos, relativos a la cantidad de gente que sufraga esos gastos, que somos todos los contribuyentes, sin importar que no vayamos a beneficiarnos de él. Y es sólo por este hecho que el sistema es solvente. Tan pronto como este se tratara de extender al resto de la población, dejaría de ser capaz de dar las mismas prestaciones, o en su defecto exigiría de todos nosotros un gran aumento en las contribuciones al sistema, posiblemente del doble de lo que se paga hoy en el sistema actual, o incluso más. Lo mismo sucedería si el sistema pasase a ser financiado sólo por aportes de los futuros beneficiarios. A mucha gente ya le cuesta llegar a fin de mes con el sistema actual que extrae un 12% de sus ingresos; sólo cabe imaginar lo difícil que sería con un sistema de reparto que extraería un 20% o más. Si lo que se busca es mejorar la calidad de vida, esta no es una vía para avanzar; al contrario, sería un terrible retroceso que dañaría principalmente a las personas de menores ingresos, y eso deviene inmoral y antiético.

Si lo que se desea es lograr una mejora, empoderar a la ciudadanía, y proveer mayor seguridad, la solución pasa por liberalizar fuertemente la economía. Dos de los principales motivos por los que las pensiones actuales son relativamente bajas son las llamadas “lagunas previsionales”, y los bajos salarios percibidos por los cotizantes. Liberalizar la economía -esto es, reducir la carga impositiva y regulatoria, y liberar mercados a la competencia- permitiría solucionar ambas cosas. Una economía más libre sería mucho más dinámica y fuerte, lo que significa muchas más y mejores oportunidades laborales. Con más empleo, se reducen enormemente las lagunas, y con mejor empleo, se aumentan los ingresos y, por consecuencia, el monto ahorrado. Eso redundaría finalmente en mayores pensiones y más seguridad, tanto laboral, como en la vejez. Además, en una economía así, los precios reales serían mucho menores, lo que se suma a los beneficios anteriormente mencionados para hacer aún mejores las condiciones para empleados y pensionados.

Queda claro entonces que un retorno al sistema de reparto sería, sin duda, un retroceso, especialmente para la gente de menores ingresos. Y por otro lado también queda claro que un avance hacia una economía más libre sería un gran mejora para todos.

Mejores Pensiones: ¡Más Libertad!

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Dusan Vilicic Held
Asociación Liberal de Magallanes (ALMA)

Esta columna se publicó el 28 de agosto del 2015 en el diario El Pingüino de Punta Arenas.

En mis anteriores columnas expliqué por qué un sistema estatal de reparto no es conveniente ni practicable, y también propuse algunas formas en que se podría lograr una bajada en las comisiones que cobran las AFP. Pero reducir las comisiones, incluso a la mitad, no tiene un impacto demasiado grande en el monto final de las pensiones, pues ya son relativamente bajas[1][2]. Por ello es que lo anterior, por sí solo, no es realmente una gran mejora. Hay que lograr la mejora más importante: la de los rendimientos sobre la inversión. Esto no es algo fácil, ya que en sí no son bajos; aproximadamente tres cuartos del dinero en los fondos corresponden a rentabilidad[3].

Para ello propongo tres cosas. Primero, dar libertad a las AFP para invertir donde y de la forma que consideren mejor. Esto permitiría a las AFP hacerlo en áreas que bien podrían ser más rentables que aquellas a las que están limitadas actualmente, lo que aumentaría los rendimientos para los ahorrantes, si la AFP hace bien su trabajo. Por ejemplo se ha estimado que los fondos podrían haber tenido un rendimiento hasta 30% superior si no hubiera restricciones a la inversión en el extranjero[4][5].

Segundo, libertad de ahorro: que cada quien pueda ahorrar cuanto desee, donde prefiera. El que los cotizantes obtengan completo control sobre sus ahorros, y no estén obligados a ponerlos en una institución que no les dé confianza o que no les guste, ya es de por sí una mejora. Pero lo importante es que esto controla el riesgo que asumen las instituciones de gestión de ahorro, pues la gente preferirá otra AFP o institución (ej. un banco), u otra forma diferente de previsión (ej. mutuales, aseguradoras), sí considera que su AFP se está arriesgando demasiado en sus inversiones.

Tercero, una reducción de impuestos generalizada. Una reducción en la carga fiscal tendría varios efectos benéficos. Por un lado, haría que los precios bajen, lo cual significa que incluso sin aumentar las pensiones, se puede adquirir más con la misma cantidad de dinero, lo que ya es un aumento real de éstas. Por otro lado, haría que las utilidades y dividendos percibidos por los fondos aumenten, lo que implica un mayor rendimiento de éstos, además de incentivar la creación de empleos y alzas salariales. Sin olvidar la reducción en las comisiones que mencioné en mi columna anterior.

En resumen, pasar a un sistema de pensiones de reparto no mejoraría la situación, e incluso sería impracticable, especialmente en las condiciones actuales. Una mejor solución pasa, en cambio, por una menor intervención estatal en el rubro del ahorro y una mayor libertad, tanto para ahorrantes como para las empresas e instituciones del rubro. Mejor aún si a esto lo acompaña una fuerte liberalización de las demás áreas de la economía. Finalmente, creo importante entender que en ningún lugar se pueden tener grandes pensiones si no se tiene un sector privado fuerte y dinámico, y para tener eso es necesaria una liberalización generalizada.

[1] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2012/07/estudios78.pdf

[2] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2012/07/Comisiones.pdf

[3] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2014/10/Boletin-AAFP-Octubre-2014.pdf

[4] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2012/07/EstudioIE.pdf

[5] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2012/07/LExtranjero.pdf

Gato por liebre

José Luis Cofré, en una columna publicada en El Líbero hace un llamado a que los liberales “dialoguen sobre las grandes similitudes que los unen, abandonando las leves discrepancias que nada aportan al tenerlos separados.” Todo eso suena muy bonito. El problema es que menciona una buena cantidad de grupos y personas que, si bien se hacen llamar “liberales”, realmente están muy lejos de tener lo que José dice, específicamente “la esencia del liberalismo, un escepticismo frente a la autoridad y el poder, limitando a este último, una concepción del individuo como el centro de la sociedad, …una sociedad civil activa que en base al libre emprendimiento produzca el progreso y reduzca la pobreza.” Todos los grupos políticos y personajes que mencionó (“Sociedad, Voluntad Cívica, Evópoli, Amplitud, Ciudadanos, Red Liberal”, o “Felipe Kast, Luciano Cruz Coke, Andrés Velasco, Lily Pérez, Cristobal Bellolio”) ostensiblemente consideran que el Estado debe ser el centro de la sociedad, el ente rector, propietario último de bienes y personas, y regulador de su actuar. No tienen un gran escepticismo frente a la autoridad, ni pretenden limitar mucho el poder. Lo que quieren es que éste sea utilizado para redistribuír la propiedad de las personas, ya sea creando sistemas de salud y educación completamente estatales, que es la posición de Cristóbal Bellolio y “Rojo Progresista” (el nombre con que me parece gracioso llamar a Red Liberal); o que sea instrumentalizado para lograr “igualdad de oportunidades” por medio de redistribución de propiedad privada hacia algunos grupos específicos y la reducción de la libertad en cosas como la selección en establecimientos educacionales (la posición de Felipe Kast). La mayoría de personas y grupos citados de hecho lo que buscan no es reducir y limitar el poder, sino que maximizarlo por medio de maximizar los ingresos estatales, con el objetivo de “llevar a cabo política social”, que no es más que otra forma forma de decir “poner al Estado como centro de la sociedad, invalidando los arreglos a que las personas habrían llegado de forma libre”. Ninguno de ellos realmente cumple con los requisitos que José menciona. Lo cual es realmente lamentable, pues significa que muchas personas están confundiendo este “mini-socialismo” con una corriente filosófica tan interesante y profunda como es el liberalismo, que además ha demostrado ser la única fuente real de progreso y justicia.

Mejores Pensiones: ¡Menos Intervención Estatal!

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Dusan Vilicic Held
Asociación Liberal de Magallanes (ALMA)

Esta columna se publicó el 23 de agosto del 2015 en el suplemento Análisis del diario El Pingüino de Punta Arenas.

En mi última columna -publicada el 15 de agosto del 2015- traté de mostrar porqué volver a un sistema de reparto no es una buena idea. Básicamente porque su rendimiento sería peor, requeriría de que los aportes obligatorios aumenten al doble o más de lo que son hoy, el Estado tendría que gastar más recursos, y además no cumplen con sus promesas en el largo plazo, debiendo ser constantemente reducidas las prestaciones.

Entonces, la pregunta queda: ¿Cómo mejorar el desempeño del sistema de AFP? Sabemos que las comisiones son de alrededor de un 11% sobre la cotización para los aportes obligatorios y alrededor de la mitad de eso para los aportes voluntarios. Si lo que se desea es que las comisiones sean más bajas, existen dos formas efectivas y sustentables: reducción de costos y más competencia. Lo primero se logra liberalizando el rubro, especialmente mediante la eliminación de exigencias innecesarias que imponen costos adicionales a las AFP. Lo segundo se logra eliminando regulaciones estatales que restringen la libre competencia, permitiendo cosas como que la gente cotice en otras instituciones (por ejemplo mutuales o bancos), y reduciendo la tasa de aporte forzado. Exploremos ambas.

Hoy en día, las AFP tienen muchos costos que son claramente prescindibles. Probablemente, el más grande es que deben pagar impuestos, los cuales reducen la rentabilidad que obtienen sus afiliados. Por ejemplo, un vacío legal ha permitido que el Estado cobre un impuesto a las inversiones de las AFP del que el resto está exento. Se estima que como consecuencia, los ahorrantes dejan de percibir unos 120 millones USD anuales, lo cual asciende a unos 4 mil millones USD desde que se instauró el sistema actual de AFP. Es más, los últimos aumentos impositivos empeoran esto[1]. Eximir de impuestos a las AFP y sus inversiones significaría una gran reducción de costos que no sólo aumentaría la rentabilidad de los fondos, sino que también produciría una reducción en las comisiones.

De igual manera se puede lograr una reducción en las comisiones por la vía de la disminución del aporte forzado. La lógica es simple: las comisiones del aporte forzado son el doble de caras que las del Aporte Previsional Voluntario (APV)[2][3], por lo que el ahorrante gastaría menos en comisiones si no hubiera cotización obligatoria. Además, así las AFP deben volverse más atractivas para los ahorrantes, ofreciendo mejores prestaciones y rentabilidades, y menores comisiones. Por último, permitir que la gente ahorre en otro tipo de instituciones tiene el mismo efecto, pero también significaría que la gente sería libre de optar por participar de una institución privada que funcione en base a un régimen de reparto, si así lo prefiere. Este tipo de instituciones existían en el pasado, antes de la existencia de los sistemas estatales de pensiones, y al ser privadas, es automática la regulación de su sustentabilidad y prestaciones. Esta competencia adicional también presionaría a la baja las comisiones de las AFP.

[1] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2014/02/Serie_de_Estudios_N_91_Dano_Tributario.pdf

[2] http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/inf_afiliados/estcom_v.html (Afiliados y no afiliados Septiembre 2015)

[3] http://www.safp.cl/safpstats/stats/apps/estcom/estcom.php?fecha=20151101 (Noviembre 2015)

Mejores Pensiones: ¿No más AFP?

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Dusan Vilicic Held
Asociación Liberal de Magallanes (ALMA)

Esta columna se publicó el 16 de agosto del 2015 en el suplemento Análisis de el diario El Pingüino de Punta Arenas.

Mucho se ha hablado de las bajas pensiones que ofrece el sistema de AFP. En este contexto, se ha vuelto recurrente sugerir un retorno al sistema de pensiones de reparto, bajo el argumento de que eso garantizaría la mejora de las mismas y una mejor calidad de vida para todos. Lamentablemente, esta afirmación no tiene fundamento por varios motivos.

El primero es que un sistema de pensiones de reparto pone muchísima presión sobre las finanzas estatales. Por ejemplo, en los EE.UU., el sistema de pensiones consume alrededor del 24% del gasto estatal[1] y se proyecta que pronto aumentará a más del 30%. En Alemania es más del 47%, mientras que en Finlandia supera el 40% y en Suecia, el 33%[2]. Por su parte, en Chile es poco más del 4%[2][3], lo que significa que para tener un sistema de pensiones estatal de reparto, el Estado probablemente tendría que gastar mucho más en este ítem, lo que implicaría un aumento de gastos en pensiones de unas 6 veces el presupuesto actual. Teniendo en cuenta la estrechez fiscal del Estado de Chile, incrementar el gasto estatal a ese nivel es probablemente imposible.

El segundo es que los sistemas estatales de reparto se financian con un impuesto a la renta adicional que se mueve entre 15% y 50% de los ingresos de la persona; muy superior al 10% del que existe actualmente en Chile. Esto es consistente con la cotización obligatoria en el sistema de reparto que había previamente, donde variaba entre un 20%, hasta más del 50%. Está claro que los empleados chilenos que se espera en el futuro perciban pensiones bajas no podrían renunciar a un 20% más de sus ingresos, lo que potencialmente significaría en muchos casos una condena a muerte.

El tercero es que el rendimiento de estos programas es muy inferior al sistema de AFP, más o menos de un 50% a un 20% menor, peso por peso aportado[4]. Es decir, en el sistema chileno de AFP, por cada 100 pesos que uno aporta, recibe de vuelta entre 20 y 50 pesos más de lo que recibiría por esos mismos 100 pesos en algún sistema estatal de reparto. De hecho, se sabe que actualmente más del 74% de los fondos que manejan las AFP corresponde a la rentabilidad, y sólo un cuarto corresponde a las cotizaciones[5].

El cuarto es que los sistemas estatales de reparto son famosos por sus recurrentes bancarrotas, es decir, que suelen incumplir sus promesas de pago, y las prestaciones que una persona finalmente recibe suelen ser mucho menores que las que se le prometieron cuando comenzó a aportar. Incluso el sistema alemán ha quedado numerosas veces en bancarrota en los últimos años, habiéndose tenido que modificar sus prestaciones muy seguido, por ejemplo en 1992, 1999, 2001, 2004, 2007 o 2014, entre otros. Estas razones son, a mi juicio, suficientemente contundentes para entender que el sistema estatal de reparto no sólo es impracticable en Chile, sino que, asumiendo que lo fuera, terminaría entregando pensiones menores a las que entrega el sistema actual.

[1] http://www.cbpp.org/research/policy-basics-where-do-our-federal-tax-dollars-go

[2] https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_AGG

[3] http://www.dipres.gob.cl/595/articles-90993_doc_pdf.pdf

[4] http://voces.latercera.com/2015/06/28/sebastian-edwards/mi-pobre-jubilacion-californiana/

[5] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2014/10/Boletin-AAFP-Octubre-2014.pdf

El sistema de reparto en Chile previo a 1980

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A continuación dejaré extractos del libro Soluciones Privadas a Problemas Públicos, de Libertad y Desarrollo. El autor de los extractos es Luis Larraín. En ellos se describe a grandes rasgos varias características del sistema de reparto en Chile, como existió hasta 1980, año de la reforma previsional que implementó el Gobierno Militar de la época.

Pese a que en Chile se suele hablar del sistema de previsión antiguo como algo homogéneo, lo cierto es que éste estaba formado por una gran cantidad de distintos regímenes. Los diferentes regímenes, que ascendían a más de 100 en las 32 Cajas de Previsión existentes en 1979, establecían diferentes requisitos para jubilar, niveles de pensiones y mecanismos de cálculo de beneficios para diversos grupos de trabajadores. Los más perjudicados con esta diversidad eran los más pobres (obreros del Servicio de Seguro Social o SSS), que sumaban un 65% de los imponentes activos en 1979, y no tenían derecho, por ejemplo, a pensiones de antigüedad que permitían a otros grupos jubilar con 42 años de edad. Los obreros, pese a realizar los trabajos físicos más pesados, sólo podían jubilar a los 65 años y además recibían un porcentaje menor de la renta imponible como pensión en relación a Cajas de otros sectores de trabajadores. En la Caja Bancaria, la del Banco de Chile y la del Banco del Estado la edad exigida para jubilar por vejez era de 55 años. La jubilación por antigüedad les permitía rebajar aún más esa edad. (…)

Pese a que en su concepción inicial el sistema antiguo pretendía ser solidario, la redistribución de ingreso, que resultaba del juego de poder que se traducía en legislaciones especiales para distintos grupos, era claramente regresiva.

en 1979 existían 32 cajas de previsión que agrupaban a tipos de trabajadores específicos o de determinados sectores productivos, los cuales no podían cambiarse ni elegir Caja a no ser que cambiasen de sector laboral. En otras palabras, cada institución tenía un mercado cautivo y no hacía ningún esfuerzo por dar un buen servicio. (…) La mayoría de ellas tenía, a la fecha de la reforma, gastos que superaban a sus ingresos, por lo que requerían de aporte fiscal para cumplir sus compromisos. El aporte fiscal aumentó su participación en los ingresos de las cajas en un 13,8% durante el período 1947-1980.

En general, la administración de las Cajas era bastante ineficiente. Los escasos excedentes que algunas de ellas en ocasiones generaban eran invertidos deficientemente, en un afán mal entendido de otorgar en el momento beneficios adicionales (…), sin preocuparse de tener un adecuado financiamiento como contraparte. Las Cajas se apartaron así de su objetivo principal, conceder pensiones, incurriendo en todos los vicios imaginables de una administración estatal y burocrática. (…)

En el [SSS], la tasa [de cotización] total a sus inicios en 1925 y hasta 1937 fue de un 5% de la remuneración, y aumentó progresivamente hasta llegar a un máximo de 51,4% en 1975 y descender luego a un 33,25% en 1980, año de la Reforma Previsional. En la Caja de Empleados Particulares (EMPART), la tasa entre 1924 y 1936 fue de 10%; llegó a un máximo de 64,7% en 1974; y descendió al 41% en 1980.

El expediente de aumentar las tasas de cotización para financiar el sistema, además de sus [negativos] efectos económicos, tiene un problema: cabe tener en cuenta que si el ahorro obligatorio, producto de la tasa legal de cotización, es superior al ahorro deseado por la persona, habrá incentivos para evadir el pago de cotizaciones, recurriendo normalmente a la subdeclaración de la renta imponible. (…) Es difícil pensar en tasas de cotización que vayan mucho más allá del 50% o en deterioros aún mayores del nivel de las pensiones que ya eran muy bajas. De hecho, un estudio realizado en ODEPLAN (Oficina de Planificación Nacional), proyectando la situación financiera del sistema a cincuenta años a partir de 1980 arrojaba un déficit de aproximadamente 395 mil millones de pesos (moneda de 1990) para el último año de la proyección. (…)

La realidad prevaleciente en 1980, año de la reforma previsional, indica que el 70% de los jubilados del sistema estaba recibiendo pensiones iguales o inferiores al valor de la pensión mínima de vejez, que tenía un valor aproximado de 30 dólares mensuales.