Porqué la ley no debe castigar la colusión, y qué debiera hacerse en lugar de eso

Nota: Este texto está basado en una serie de columnas publicadas en el diario El Pingüino de Punta Arenas, que pueden encontrarse acá, acá, y acá.

Cuando una persona decide vender algo que le pertenece, ella decide el precio que está dispuesta a aceptar para llevar a cabo el intercambio. Ese precio no tiene porqué guardar alguna relación con el que otra gente está cobrando, ni con ningún «nivel general de precios». El propietario tiene derecho a decidir ese precio de manera arbitraria. Por esto es que no tiene sentido hablar de «manipulación de precios». El precio no es algo externo a la transacción, pues cada quien ofrece el que le da la gana para cada transacción particular.

De forma equivalente, los compradores no tienen derecho de decirle al dueño cuánto cobrar, pero tienen todo el derecho de no comprar si no les parece bien el precio ofrecido. Nadie está (o debiera estar) obligado a comprar (ni a vender) nada a nadie. Es el comprador el que decide el precio al que está dispuesto a comprar, no los «niveles de precios» u otros factores. Todo esto es independiente de cómo es que una persona u otra decide ese precio al que está dispuesto a llevar a cabo la transacción.

Para entender esta simetría, es clave darse cuenta que una compraventa no es más que un trueque. En un trueque, ¿quién es el vendedor: el que entrega papas a cambio de pescado, o el que entrega pescado a cambio de papas? La respuesta es que ambos son compradores y vendedores a la vez. Una compraventa por dinero no es más que un trueque donde una de las partes entrega dinero. Por esto es perfectamente razonable y válido decir que una de las partes está vendiendo dinero a cambio de otros bienes o servicios, y que su contraparte está comprando dinero. Por ejemplo, uno podría ver al supermercado no como vendedor de abarrotes, sino como un comprador de dinero, y que lo paga con abarrotes. En esencia, distinguir un comprador de un vendedor no tiene mucho sentido, pues simplemente son contrapartes en un intercambio. Ambos son vendedores y compradores a la vez.

Si se tratara a la colusión como un delito, habría que castigar también a un grupo de clientes que se ponen de acuerdo para no comprar alguna cosa por sobre cierto precio, o a un grupo de empleados que se ponen de acuerdo para no vender sus servicios laborales a menos de cierto precio. Esto último incluso se trata como un derecho, en la forma de la sindicalización, e incluso se le da privilegios a los proveedores de servicios laborales coludidos, como por ejemplo, se prohíbe a su cliente dejar de contar con sus servicios (fuero). Esto que nos parecería de lo más escandaloso en algunos servicios, curiosa e incoherentemente se tolera y promueve en otros. Incluso hay grupos que abiertamente promueven la colusión forzada por ley de todos los proveedores de servicios laborales. Eso ya debería hacer pensar a uno que hay algo de extraño en todo este asunto de castigar la colusión, algún problema fundamental.

Otro asunto es que la «concentración de mercado» -uno de los requisitos que suelen enunciarse para que supuestamente tenga validez la acción estatal contra alguna colusión- se analiza por rubro. ¿Porqué? La razón simple sería que si no se hiciera así, nunca se podría castigar nada, porque no existe la concentración de mercado completo, sin distinguir rubros. No hay empresas que concentren una porción tan grande como para decir que tienen «poder de mercado». Pero el problema concreto con dividir el mercado por rubros, es que la definición de un «rubro» es arbitraria. ¿Hablamos del rubro de los transportes en general, o sólo del transporte interurbano de pasajeros en buses? ¿Es sólo el rubro del jamón laminado de cerdo, o el rubro del jamón laminado de cualquier animal, o incluso el rubro del cerdo o de la carne en general, o incluso de los alimentos en general? ¿Qué tan fino corresponde hilar? Bien puede ser que las compañías de buses interurbanos se hayan puesto de acuerdo en cuánto cobrar, pero ellas igual tienen como competencia los trenes, aviones, taxis, vehículos particulares, etc. Y eso sólo hablando de «transporte de pasajeros». La compañía de buses no sólo debe convencer a sus prospectivos clientes de que la deben preferir por sobre otros medios de transporte, sino también por sobre otros usos que le puede dar a ese dinero y tiempo, como ir a un cine o restaurante, en vez de viajar. Entonces la competencia no es sólo dentro del «rubro», como sea que se lo defina, sino que con todas las demás alternativas que tiene la persona para usar sus recursos (tiempo, dinero…), incluyendo no comprar nada, ahorrar.

Esto sin olvidar el porcentaje del «rubro» que deben concentrar las empresas coludidas para considerar que se las puede castigar, cifra que también es arbitraria. ¿Por qué castigar cuando las empresas acumulan, por ejemplo, el 75% del «rubro» y no 70% u 80%, o incluso 50% ó 99%? Al final del día, la extensión del rubro y su proporción de “dominio” se determinan de manera arbitraria para cada caso, por lo que los castigos serían también arbitrariamente impartidos. ¿Cómo puede ser esto justo?

Para que un intercambio sea justo, éste debe ser voluntario y se deben respetar los términos acordados (como precio y calidad). Si no se respeta lo primero, estamos frente a un robo y si no se respeta lo segundo, es estafa. Pero en un caso de colusión, no se dá ni lo uno ni lo otro, no hay engaño ni agresión. Hay que recordar que el precio no es algo externo; no tiene que guardar relación alguna con “niveles generales de precios”, por lo que el que se cobre más, menos, o igual que el resto no es relevante. También es irrelevante el modo en que el propietario decida a cuánto está dispuesto a vender sus pertenencias, sea que lo decida por su cuenta, o que lo haga en conjunto con otras personas.

Como ven, no tiene sentido que un tribunal castigue la colusión. Esa idea está basada en una mala comprensión o completa ignorancia de las transacciones, de cómo se forman los precios, y de lo que constituye competencia para un negocio.

Sin embargo, dado que el castigo legal a la colusión se justifica mediante la afirmación de que se busca mejorar la situación que habría sin esta intervención estatal, no quiero dejar de dar sugerencias de cómo mejorar de verdad la situación. Para poder hacer ese tipo de sugerencias se necesita tener una comprensión mínima y básica de cómo funciona la sociedad, la economía, por lo que no podemos confiar en quienes han propuesto castigar la colusión. ¿Qué hacer entonces?

La propuesta es simple (aunque probablemente difícil de implementar, pero ese es otro tema): reducir la presión fiscal sobre la sociedad. Por presión fiscal me refiero a todo costo impuesto por el Estado a cualquier actividad humana legítima (que no implique un daño no consentido a otros). Acá incluyo cosas como la regulación estatal de la actividad de las personas, los impuestos y cosas similares. Todo esto aumenta los costes que tienen las personas; por ende lo que logra es que los precios tiendan a subir (es decir, que el precio del dinero tienda a bajar). Las cosas se vuelven más costosas cuando se suben los impuestos; esto es algo por todos sabido. Pero no todos se dan cuenta que si se obliga a las empresas a, por ejemplo, tener más infraestructura de la que tendrían de otro modo, también se presionan al alza los precios. No sólo eso, también se presionan los sueldos a la baja. Esto porque se fuerza que tengan mayores costos, y cuando los costos suben, no sólo bajan las utilidades y suben los precios, sino que en el mediano a largo plazo también disminuyen los sueldos que pagan. Algunas empresas podrían quebrar o cerrar a causa de esto, lo que significa que se pierden empleos. Y lo que interesa para el caso en discusión: al haber menos empresas, hay más «concentración».

Para ser más concreto, el tipo de medidas que se requieren para mejorar la situación actual incluye por ejemplo eliminar aranceles y barreras de exportación e importación, bajar impuestos, eliminar buena parte de la regulación estatal a la actividad privada (especialmente la regulación laboral que sólo daña a empleados y consumidores), etc. En suma, reducir la burocracia que impide la libre competencia, e instaurar una sociedad más libre.

Castigar la colusión no sólo sería injusto, entonces, sino que además inefectivo y dañino, especialmente en cuanto se distrae la atención del verdadero problema: el costo que tiene el Estado para la sociedad. Si lo que se desea evitar es la concentración, sin perjudicar a la sociedad al hacer que todo se vuelva más costoso, sino que al contrario, que todo se vuelva más económico, haya más empleo, mejores remuneraciones, y así aumente la prosperidad de todos, es claro que lo que se debe hacer es reducir la presión fiscal y el intervencionismo estatal sobre la sociedad.

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Grandes empresas y lobby

Es común que se suela criticar a las empresas grandes simplemente por su tamaño, pero ¿cuál es el problema de que una empresa sea muy grande? Una empresa grande tiene varios beneficios para los consumidores. Por ejemplo puede aprovechar las economías de escala (que se originan gracias a la división del trabajo) ofreciendo de esta forma no sólo mayores rentabilidades a sus dueños, sino que también mejores remuneraciones a sus empleados y sobre todo precios más bajos a sus clientes.

Además, una empresa grande generalmente puede ofrecer una mayor variedad de productos o servicios. Por ejemplo, Walmart puede ofrecer una variedad mucho más grande que el almacén de la esquina, no sólo por temas de espacio, sino que además porque es capaz de mover productos «exóticos» entre países.

Otra cosa más es que las empresas grandes generalmente cumplen de forma más consistente los estándares de calidad (sean impuestos por el estado o sean voluntariamente adoptados).

Este tipo de «monopolio» de mercado (que en realidad no es un monopolio, al menos no en el mismo sentido que lo que yo sí llamo ‘monopolio’) no tiene los mismos efectos de los monopolios reales (los monopolios legales o concedidos por el estado, que son los únicos que realmente son tales). Es decir, no redundan en menor calidad y mayores precios. Esto porque igual están sujetos o abiertos a la competencia, en el momento en que una empresa grande se duerme sobre los laureles, rápidamente surgen nuevas empresas que le quitan mercado. Este proceso es muy rápido en general.

Entonces desde un punto de vista consecuencialista, no veo cuál es el problema con las empresas grandes. No ofrecen peores productos, no ofrecen productos más caros. El único problema es que están en una mejor posición para hacer lobby y de esa forma beneficiarse a costa del resto (a diferencia de lo que mencioné antes, que son cosas que nos benefician a todos).

En este sentido se suele criticar a las empresas grandes porque «manejan» al estado. Pero quieres realmente lo hacen son los políticos y estos son influidos por los llamados grupos de interés especial. Los primeros en la lista generalmente son los bancos grandes, que se enriquecen gracias a varios privilegios otorgados a ellos por el estado, como la reserva fraccionaria, regulaciones que los protegen de la libre competencia, la creación de un banco central monopólico que los rescata falsificando billetes en masa (los cuales estamos obligados por el estado a usar), garantía estatales de los depósitos, etc. Después de ellos, siguen otras empresas grandes (pero no todas ni de lejos) que tienen arreglos similares con el estado. Estos son los infames ‘compinches del estado’.

Pero ese problema no se soluciona eliminando las empresas grandes, se soluciona quitándole al estado el poder de otorgar esos privilegios. Si el estado no puede otorgar privilegios, sencillamente no hay privilegios y la cancha queda pareja, a la vez que no se perjudica al resto de gente (porque prohibir a las grandes redundaría en un alza de precios, baja de las remuneraciones, etc.). Eliminar a las empresas grandes sería como atacar los síntomas en vez de la causa subyacente.

Crítica a Marcel Claude y Jaime Bellolio

Hace un tiempo un amigo me mandó este video de Marcel Claude hablando con Jaime Bellolio. Tal vez esperaba que defendiera a Bellolio, pero haré lo contrario.

Para empezar, criticar su afirmación de que «los bancos deben ser regulados». No! Hay que eliminar regulación, partiendo por abolir el Banco central, abolir las leyes de curso forzoso y abolir las leyes que les conceden privilegios a los bancos para operar con una reserva fraccionaria, además de insistir en que el gobierno no rescatará a ninguna empresa, sea o no «muy grande para quebrar» ni garantizará los depósitos. Eso en realidad es subsidiar a los ricos.

En segundo lugar, el estado a través del Banco Estado no debe usar recursos extraídos por impuestos para «dedicarse a aquellos ámbitos a dónde no están llegando los privados». Si no están llegando ahí es por un motivo. Henry Hazlitt explica muy bien este punto en el quinto capítulo de su obra maestra ‘La Economía en una Lección». Tal cosa es perturbar los mecanismos que tiene el mercado para asignar los recursos a quienes probablemente harán un uso más productivo de ellos. Además, si el mercado no quiere conceder préstamos a alguien, será porque esa persona no tiene crédito. Eso significa que es muy poco probable que pueda devolver el préstamo. Entonces hacer lo que propone Bellolio no es más que dilapidar recursos escasos, frenar la producción y la elevación de los estándares de vida y poder adquisitivo de la gente en general.

Y pasando a Claude, es cierto que en Chile no opera el libre mercado, aunque a diferencia de su diagnóstico, es porque hay un exceso de regulación, impuestos, subsidios, además de la influencia planificadora del banco central. Como ya mencioné antes [http://on.fb.me/191bMMv], la concepción que tiene Marcel de los monopolios y oligopolios no es interesante. Siempre que haya libre mercado estos grupos no podrán «abusar» de su posición. Lo importante es que se eliminen todo lo posible las barreras artificiales al emprendimiento, y estas barreras son las impuestas por la intervención estatal en forma de subsidios, impuestos y regulaciones, que al final del día benefician sólo a las empresas grandes que tienen los recursos para manejar estas cosas y que ven su competencia reducida a causa de tal intervencionismo.

Es falso que los consumidores no tengan muchas opciones. Bástese con pensar cuántas cosas diferentes uno puede comprar con mil o diez mil pesos. La gran mayoría de cosas que se pueden comprar en un supermercado cuestan menos de diez mil pesos, para qué hablar de otras alternativas como ahorrar. Claro, habrían muchas más alternativas si hubiera menos intervencionismo estatal, pero eso no significa que no haya alternativas.

Después Marcel dice que el interés público está opuesto al interés privado, pero olvida que el interés público está compuesto por los intereses privados de cada persona. El interés público ES el interés privado.

Sobre la democracia, espero que lo que tengamos no sea eso, Hoppe explica muy bien porqué la democracia es un peligro público en las siguientes citas:

«Previsiblemente, bajo condiciones democráticas la tendencia de todo monopolio – de aumentar los precios y reducir la calidad – sólo será más pronunciada. En lugar de un príncipe que considera al país como su propiedad privada, un tutor temporal es puesto a cargo del país. Él no es dueño del país, pero mientras está en el cargo se le permite usarlo para ventaja propia y de sus protegidos. Él es dueño de su uso actual – usufructo – pero no de su capital. Esto no eliminará la explotación. Al contrario, hará que la explotación sea menos calculada y llevada a cabo con poca o nula relación al capital, es decir, de forma cortoplacista. Por otra parte, la perversión de la justicia ahora procederá aún más rápido. En lugar de proteger los derechos de propiedad privada pre-existentes, el gobierno democrático se convierte en una máquina para la redistribución de los derechos de propiedad existentes en nombre de la ilusoria ‘seguridad social’.»

«El modelo americano – la democracia – debe ser considerado como un error histórico, tanto económica como moralmente. La democracia promueve la miopía, el desperdicio de capital, la irresponsabilidad y el relativismo moral. Conduce a redistribución permanente y obligatoria de la riqueza y la renta y a la inseguridad jurídica. Es contraproducente. Promueve la demagogia y el igualitarismo. Es agresiva y potencialmente totalitaria internamente, vis-à-vis de la propia población, así como externamente. En suma, se conduce a un espectacular crecimiento del poder estatal, que se manifiesta por la cantidad de ingresos gubernamentales y de la riqueza parasitariamente apropiados – por medio de impuestos y expropiación – en relación a la cantidad de ingresos privados y riqueza adquiridos productivamente – a través del intercambio de mercado -, y por la variedad y la invasividad de la legislación estatal. La democracia está condenada al colapso, tal como el comunismo soviético estaba condenado al colapso.»

Sobre lo del financiamiento de las campañas políticas por «los poderes fácticos» (a los que yo y cualquier economista que entienda algo de esto llama «intereses especiales») estoy de acuerdo. La cosa es que los sistemas democráticos, por su naturaleza degeneran en esto. El problema no es que no haya democracia, el problema ES la democracia, al menos en este punto.

Lo último es que Claude no entiende que el lucro, en un mercado libre, es una señal que indica que lo que se está haciendo es valorado por el resto -por la sociedad si se quiere-. Entonces el fin de lucro en esas condiciones implica hacer lo que la sociedad valora más. ¿Qué cosa es más democrática, social, y de utilidad pública que eso?