Mejores Pensiones: ¡Menos Intervención Estatal!

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Dusan Vilicic Held
Asociación Liberal de Magallanes (ALMA)

Esta columna se publicó el 23 de agosto del 2015 en el suplemento Análisis del diario El Pingüino de Punta Arenas.

En mi última columna -publicada el 15 de agosto del 2015- traté de mostrar porqué volver a un sistema de reparto no es una buena idea. Básicamente porque su rendimiento sería peor, requeriría de que los aportes obligatorios aumenten al doble o más de lo que son hoy, el Estado tendría que gastar más recursos, y además no cumplen con sus promesas en el largo plazo, debiendo ser constantemente reducidas las prestaciones.

Entonces, la pregunta queda: ¿Cómo mejorar el desempeño del sistema de AFP? Sabemos que las comisiones son de alrededor de un 11% sobre la cotización para los aportes obligatorios y alrededor de la mitad de eso para los aportes voluntarios. Si lo que se desea es que las comisiones sean más bajas, existen dos formas efectivas y sustentables: reducción de costos y más competencia. Lo primero se logra liberalizando el rubro, especialmente mediante la eliminación de exigencias innecesarias que imponen costos adicionales a las AFP. Lo segundo se logra eliminando regulaciones estatales que restringen la libre competencia, permitiendo cosas como que la gente cotice en otras instituciones (por ejemplo mutuales o bancos), y reduciendo la tasa de aporte forzado. Exploremos ambas.

Hoy en día, las AFP tienen muchos costos que son claramente prescindibles. Probablemente, el más grande es que deben pagar impuestos, los cuales reducen la rentabilidad que obtienen sus afiliados. Por ejemplo, un vacío legal ha permitido que el Estado cobre un impuesto a las inversiones de las AFP del que el resto está exento. Se estima que como consecuencia, los ahorrantes dejan de percibir unos 120 millones USD anuales, lo cual asciende a unos 4 mil millones USD desde que se instauró el sistema actual de AFP. Es más, los últimos aumentos impositivos empeoran esto[1]. Eximir de impuestos a las AFP y sus inversiones significaría una gran reducción de costos que no sólo aumentaría la rentabilidad de los fondos, sino que también produciría una reducción en las comisiones.

De igual manera se puede lograr una reducción en las comisiones por la vía de la disminución del aporte forzado. La lógica es simple: las comisiones del aporte forzado son el doble de caras que las del Aporte Previsional Voluntario (APV)[2][3], por lo que el ahorrante gastaría menos en comisiones si no hubiera cotización obligatoria. Además, así las AFP deben volverse más atractivas para los ahorrantes, ofreciendo mejores prestaciones y rentabilidades, y menores comisiones. Por último, permitir que la gente ahorre en otro tipo de instituciones tiene el mismo efecto, pero también significaría que la gente sería libre de optar por participar de una institución privada que funcione en base a un régimen de reparto, si así lo prefiere. Este tipo de instituciones existían en el pasado, antes de la existencia de los sistemas estatales de pensiones, y al ser privadas, es automática la regulación de su sustentabilidad y prestaciones. Esta competencia adicional también presionaría a la baja las comisiones de las AFP.

[1] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2014/02/Serie_de_Estudios_N_91_Dano_Tributario.pdf

[2] http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/inf_afiliados/estcom_v.html (Afiliados y no afiliados Septiembre 2015)

[3] http://www.safp.cl/safpstats/stats/apps/estcom/estcom.php?fecha=20151101 (Noviembre 2015)

Grandes empresas y lobby

Es común que se suela criticar a las empresas grandes simplemente por su tamaño, pero ¿cuál es el problema de que una empresa sea muy grande? Una empresa grande tiene varios beneficios para los consumidores. Por ejemplo puede aprovechar las economías de escala (que se originan gracias a la división del trabajo) ofreciendo de esta forma no sólo mayores rentabilidades a sus dueños, sino que también mejores remuneraciones a sus empleados y sobre todo precios más bajos a sus clientes.

Además, una empresa grande generalmente puede ofrecer una mayor variedad de productos o servicios. Por ejemplo, Walmart puede ofrecer una variedad mucho más grande que el almacén de la esquina, no sólo por temas de espacio, sino que además porque es capaz de mover productos “exóticos” entre países.

Otra cosa más es que las empresas grandes generalmente cumplen de forma más consistente los estándares de calidad (sean impuestos por el estado o sean voluntariamente adoptados).

Este tipo de “monopolio” de mercado (que en realidad no es un monopolio, al menos no en el mismo sentido que lo que yo sí llamo ‘monopolio’) no tiene los mismos efectos de los monopolios reales (los monopolios legales o concedidos por el estado, que son los únicos que realmente son tales). Es decir, no redundan en menor calidad y mayores precios. Esto porque igual están sujetos o abiertos a la competencia, en el momento en que una empresa grande se duerme sobre los laureles, rápidamente surgen nuevas empresas que le quitan mercado. Este proceso es muy rápido en general.

Entonces desde un punto de vista consecuencialista, no veo cuál es el problema con las empresas grandes. No ofrecen peores productos, no ofrecen productos más caros. El único problema es que están en una mejor posición para hacer lobby y de esa forma beneficiarse a costa del resto (a diferencia de lo que mencioné antes, que son cosas que nos benefician a todos).

En este sentido se suele criticar a las empresas grandes porque “manejan” al estado. Pero quieres realmente lo hacen son los políticos y estos son influidos por los llamados grupos de interés especial. Los primeros en la lista generalmente son los bancos grandes, que se enriquecen gracias a varios privilegios otorgados a ellos por el estado, como la reserva fraccionaria, regulaciones que los protegen de la libre competencia, la creación de un banco central monopólico que los rescata falsificando billetes en masa (los cuales estamos obligados por el estado a usar), garantía estatales de los depósitos, etc. Después de ellos, siguen otras empresas grandes (pero no todas ni de lejos) que tienen arreglos similares con el estado. Estos son los infames ‘compinches del estado’.

Pero ese problema no se soluciona eliminando las empresas grandes, se soluciona quitándole al estado el poder de otorgar esos privilegios. Si el estado no puede otorgar privilegios, sencillamente no hay privilegios y la cancha queda pareja, a la vez que no se perjudica al resto de gente (porque prohibir a las grandes redundaría en un alza de precios, baja de las remuneraciones, etc.). Eliminar a las empresas grandes sería como atacar los síntomas en vez de la causa subyacente.