Socialismo neoliberal nórdico

Estoy bastante aburrido de que los variados socialistas miren a países como Finlandia o Suecia y digan “esos son países socialistas y por eso son tan prósperos y la gente de allá vive tan bien”. Eso es una gran mentira. Muy similar a la mentira de que Chile es “la Norcorea del neoliberalismo”. Para desmentir estos mitos, voy a hacer una comparación simple entre Chile y los diferentes países que el World Economic Forum considera “los diez más felices”. La lista me pareció interesante no tanto por ser “más felices”, sino que porque son países muy prósperos, que están entre los con más libertad económica según los índices que tratan de medir esto, y que además incluye a los países escandinavos “socialistas” más promimentes. Lo que compararé son varios agregados que reflejan el nivel de “socialismo” y de “neoliberalismo” (según la concepción de la gente que mencioné antes), según el índice de libertad económica de The Heritage Foundation (lo uso porque tiene mejor presentación y es más accesible que el índice del The Fraser Institute). Un número más alto significa “más neoliberal” o “menos socialista”, o “menos corrupción”.

Partamos con Chile:

  • Regulación laboral: 64.3
  • Regulación empresarial: 72.1
  • Derechos de propiedad: 85
  • Gasto estatal: 83.1
  • Impuestos: 74.8
  • Corrupción: 73

Como se puede ver, tenemos (en realidad tuvimos, la información es de hace un par de años) bastante regulación estatal de la actividad económica, pero impuestos relativamente bajos (como la información es vieja no cuenta aún el impuestazo de Bachelet). El nivel de corrupción no es alto, pero tampoco es tan bajo como para no ser preocupante. El nivel de protección a los derechos de propiedad privada es decente, pero no especialmente alto, claramente no tanto como para ser motivo de celebración.

Ahora veamos los países de la lista de “más felices” (entre paréntesis la diferencia con Chile):

socialismo-neoliberal-nordico

  • Australia:
    • Regulación laboral: 77.2 (+12.9)
    • Regulación empresarial: 89.4 (+17.3)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 62 (-21.1)
    • Impuestos: 63.2 (-11.6)
    • Corrupción: 80 (+7)
  • Canadá:
    • Regulación laboral: 72.6 (+8.3)
    • Regulación empresarial: 81.8 (+9.7)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 50.4 (-32.7)
    • Impuestos: 80 (+5.2)
    • Corrupción: 81 (+8)
  • Dinamarca:
    • Regulación laboral: 86 (+21.7)
    • Regulación empresarial: 95.4 (+23.3)
    • Derechos de propiedad: 95 (+10)
    • Gasto estatal: 2.3 (-80.8)
    • Impuestos: 39.5 (-35.3)
    • Corrupción: 92 (+19)
  • Finlandia:
    • Regulación laboral: 53.7 (-10.6)
    • Regulación empresarial: 90.7 (+18.6)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 0.8 (-82.3)
    • Impuestos: 66.5 (-8.3)
    • Corrupción: 89 (+16)
  • Islandia:
    • Regulación laboral: 61.6 (-2.7)
    • Regulación empresarial: 90.1 (+18)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 42.1 (-41)
    • Impuestos: 73.3 (-1.5)
    • Corrupción: 79 (+6)
  • Países Bajos:
    • Regulación laboral: 64 (-0.3)
    • Regulación empresarial: 80 (+7.9)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 34.4 (-48.7)
    • Impuestos: 52.7 (-22.1)
    • Corrupción: 83 (+10)
  • Noruega:
    • Regulación laboral: 48 (-16.3)
    • Regulación empresarial: 89.6 (+17.5)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 41.8 (-41.3)
    • Impuestos: 53.2 (-21.6)
    • Corrupción: 86 (+13)
  • Nueva Zelanda:
    • Regulación laboral: 85.9 (+21.6)
    • Regulación empresarial: 91.4 (+19.3)
    • Derechos de propiedad: 95 (+10)
    • Gasto estatal: 46 (-37.1)
    • Impuestos: 71 (-3.8)
    • Corrupción: 91 (+18)
  • Suecia:
    • Regulación laboral: 53.5 (-10.8)
    • Regulación empresarial: 89.7 (+17.6)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 14.9 (-68.2)
    • Impuestos: 44.4 (-30.4)
    • Corrupción: 87 (+14)
  • Suiza:
    • Regulación laboral: 72.1 (+7.8)
    • Regulación empresarial: 82.2 (+10.1)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 66.3 (-16.8)
    • Impuestos: 70.9 (-3.9)
    • Corrupción: 86 (+13)

Lo que podemos ver inmediatamente es que todos los países tienen menos regulación a las empresas, más protección a los derechos de propiedad privada, menos corrupción, pero más impuestos (con la excepción de Canadá) y más gasto estatal. La minoría tienen más regulación laboral que acá, dos tienen una cantidad similar a la chilena y la mitad tienen mucha menos regulación laboral que Chile. Ya con esto se cae la idea de que Chile es “la Norcorea del neoliberalismo”, pues en esos países la regulación estatal es mucho menor (más “neoliberalismo” y confianza en la “autorregulación del mercado”). Pero sigamos el análisis.

Los países que tienen más regulación laboral que Chile tienen alguna combinación de impuestos más bajos y menor regulación a las empresas, en comparación con los países que tienen menos regulación laboral, lo que sugiere un trade-off, un balance entre esas cosas. Lo cual tiene sentido, la regulación laboral, impuestos, y la regulación a las empresas son un lastre para la actividad privada de las personas, por lo que si se aumenta una de esas cosas, hay que disminuír alguna las otras en alguna combinación para compensar.

Se nota que en estos países se valora la libertad para llevar a cabo una empresa, lo cual para la lógica de quien cree que “Chile es la Norcorea del neoliberalismo” significaría que esos países no son “más socialistas” ni “menos neoliberales”, todo lo contrario. Se demuestra un nivel alto de confianza en los empresarios para llevar a cabo sus negocios, y en las empresas para generar prosperidad y bienestar de la manera que consideren mejor.

Se ve también más confianza en el manejo privado de la propiedad, lo que refleja en la consistencia con que se protejen más los derechos de propiedad privada. Eso implica cosas como menos poder y discreción estatal para expropiar y confiscar, más garantías a los propietarios de que cualquier daño a su propiedad será castigada o resarcida, etc. Esto claramente es un signo de “neoliberalismo” más que de “socialismo”.

Otra cosa que se puece observar es que hay menos corrupción en el Estado en todos esos países. Personalmente creo que eso viene como consecuencia de factores culturales, que a su vez vienen influídos por el hecho de que todos esos países han sido muy libremercadistas a lo largo de la historia, especialmente desde el siglo 19 en adelante, con relativamente breves lapsos estatistas. Cuando el sistema es muy de libre mercado, con prácticamente nada de provisión estatal de servicios educacionales, médicos, seguros, pensiones, redistribución, subsidios empresariales, barreras comerciales, etc. lo que resulta es que ese ambiente genera, por fuerza de necesidad, una cultura muy emprendedora, empresarial, solidaria, de responsabilidad individual y de honestidad, que no sólo es un caldo de cultivo ideal para la prosperidad, sino que además tiene como consecuencia un nivel muy bajo de corrupción en los funcionarios estatales.

Respecto del gasto estatal, es evidente que se hace posible un gasto así de grande en estos países gracias a que esto se compensa con alguna combinación de bajos impuestos y regulación, lo que produce una mayor y más fuerte actividad económica generadora de impuestos. Es decir, algunos países tienen impuestos altos, pero muy poca regulación laboral y a las empresas (como Dinamarca), otros tienen más regulación laboral pero menos impuestos (como Islandia), y también está el caso de Noruega que financia su gasto estatal mediante la estatización de alguna empresa o recurso importante (de forma similar a Chile). Además tenemos los casos de Canadá y Australia, que van más por la moderación, teniendo impuestos y gasto estatal un menores al resto, y compensando con un poco menos de regulación laboral que el resto.

Es claro que los países nórdicos son todo menos “socialistas”, y que de hecho son mucho más “neoliberales” que Chile (siempre según la concepción antes mencionada). Además, el mito de que “Chile es la Norcorea del neoliberalismo” se demuestra claramente sin base, siendo que estos países supuestamente “socialistas” tienen un mercado mucho más desregulado, mayor protección a los derechos de propiedad privada y en general menos regulación laboral. También se hace evidente que hay un trade-off entre impuestos y regulación, debiendo compensar el aumento en una cosa, con una reducción de la otra. Una última cosa que se hace evidente es que el nivel de impuestos es menos determinante del bienestar que la regulación estatal. Un cierto aumento en impuestos requiere una reducción menor de la regulación estatal para compensar, lo que explica el éxito relativo de estos países. Lo cual no quita que tendrían un mejor desempeño si además de tener poca regulación estatal, tuvieran también un bajo nivel de impuestos y gasto estatal (para ver eso se tendrían que haber incluído países como Liechtenstein, Singapur y Hong Kong al análisis – tal vez en otra ocasión). La libertad funciona, como decía el slogan de Students for Liberty.

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Porqué la ley no debe castigar la colusión, y qué debiera hacerse en lugar de eso

Nota: Este texto está basado en una serie de columnas publicadas en el diario El Pingüino de Punta Arenas, que pueden encontrarse acá, acá, y acá.

Cuando una persona decide vender algo que le pertenece, ella decide el precio que está dispuesta a aceptar para llevar a cabo el intercambio. Ese precio no tiene porqué guardar alguna relación con el que otra gente está cobrando, ni con ningún “nivel general de precios”. El propietario tiene derecho a decidir ese precio de manera arbitraria. Por esto es que no tiene sentido hablar de “manipulación de precios”. El precio no es algo externo a la transacción, pues cada quien ofrece el que le da la gana para cada transacción particular.

De forma equivalente, los compradores no tienen derecho de decirle al dueño cuánto cobrar, pero tienen todo el derecho de no comprar si no les parece bien el precio ofrecido. Nadie está (o debiera estar) obligado a comprar (ni a vender) nada a nadie. Es el comprador el que decide el precio al que está dispuesto a comprar, no los “niveles de precios” u otros factores. Todo esto es independiente de cómo es que una persona u otra decide ese precio al que está dispuesto a llevar a cabo la transacción.

Para entender esta simetría, es clave darse cuenta que una compraventa no es más que un trueque. En un trueque, ¿quién es el vendedor: el que entrega papas a cambio de pescado, o el que entrega pescado a cambio de papas? La respuesta es que ambos son compradores y vendedores a la vez. Una compraventa por dinero no es más que un trueque donde una de las partes entrega dinero. Por esto es perfectamente razonable y válido decir que una de las partes está vendiendo dinero a cambio de otros bienes o servicios, y que su contraparte está comprando dinero. Por ejemplo, uno podría ver al supermercado no como vendedor de abarrotes, sino como un comprador de dinero, y que lo paga con abarrotes. En esencia, distinguir un comprador de un vendedor no tiene mucho sentido, pues simplemente son contrapartes en un intercambio. Ambos son vendedores y compradores a la vez.

Si se tratara a la colusión como un delito, habría que castigar también a un grupo de clientes que se ponen de acuerdo para no comprar alguna cosa por sobre cierto precio, o a un grupo de empleados que se ponen de acuerdo para no vender sus servicios laborales a menos de cierto precio. Esto último incluso se trata como un derecho, en la forma de la sindicalización, e incluso se le da privilegios a los proveedores de servicios laborales coludidos, como por ejemplo, se prohíbe a su cliente dejar de contar con sus servicios (fuero). Esto que nos parecería de lo más escandaloso en algunos servicios, curiosa e incoherentemente se tolera y promueve en otros. Incluso hay grupos que abiertamente promueven la colusión forzada por ley de todos los proveedores de servicios laborales. Eso ya debería hacer pensar a uno que hay algo de extraño en todo este asunto de castigar la colusión, algún problema fundamental.

Otro asunto es que la “concentración de mercado” -uno de los requisitos que suelen enunciarse para que supuestamente tenga validez la acción estatal contra alguna colusión- se analiza por rubro. ¿Porqué? La razón simple sería que si no se hiciera así, nunca se podría castigar nada, porque no existe la concentración de mercado completo, sin distinguir rubros. No hay empresas que concentren una porción tan grande como para decir que tienen “poder de mercado”. Pero el problema concreto con dividir el mercado por rubros, es que la definición de un “rubro” es arbitraria. ¿Hablamos del rubro de los transportes en general, o sólo del transporte interurbano de pasajeros en buses? ¿Es sólo el rubro del jamón laminado de cerdo, o el rubro del jamón laminado de cualquier animal, o incluso el rubro del cerdo o de la carne en general, o incluso de los alimentos en general? ¿Qué tan fino corresponde hilar? Bien puede ser que las compañías de buses interurbanos se hayan puesto de acuerdo en cuánto cobrar, pero ellas igual tienen como competencia los trenes, aviones, taxis, vehículos particulares, etc. Y eso sólo hablando de “transporte de pasajeros”. La compañía de buses no sólo debe convencer a sus prospectivos clientes de que la deben preferir por sobre otros medios de transporte, sino también por sobre otros usos que le puede dar a ese dinero y tiempo, como ir a un cine o restaurante, en vez de viajar. Entonces la competencia no es sólo dentro del “rubro”, como sea que se lo defina, sino que con todas las demás alternativas que tiene la persona para usar sus recursos (tiempo, dinero…), incluyendo no comprar nada, ahorrar.

Esto sin olvidar el porcentaje del “rubro” que deben concentrar las empresas coludidas para considerar que se las puede castigar, cifra que también es arbitraria. ¿Por qué castigar cuando las empresas acumulan, por ejemplo, el 75% del “rubro” y no 70% u 80%, o incluso 50% ó 99%? Al final del día, la extensión del rubro y su proporción de “dominio” se determinan de manera arbitraria para cada caso, por lo que los castigos serían también arbitrariamente impartidos. ¿Cómo puede ser esto justo?

Para que un intercambio sea justo, éste debe ser voluntario y se deben respetar los términos acordados (como precio y calidad). Si no se respeta lo primero, estamos frente a un robo y si no se respeta lo segundo, es estafa. Pero en un caso de colusión, no se dá ni lo uno ni lo otro, no hay engaño ni agresión. Hay que recordar que el precio no es algo externo; no tiene que guardar relación alguna con “niveles generales de precios”, por lo que el que se cobre más, menos, o igual que el resto no es relevante. También es irrelevante el modo en que el propietario decida a cuánto está dispuesto a vender sus pertenencias, sea que lo decida por su cuenta, o que lo haga en conjunto con otras personas.

Como ven, no tiene sentido que un tribunal castigue la colusión. Esa idea está basada en una mala comprensión o completa ignorancia de las transacciones, de cómo se forman los precios, y de lo que constituye competencia para un negocio.

Sin embargo, dado que el castigo legal a la colusión se justifica mediante la afirmación de que se busca mejorar la situación que habría sin esta intervención estatal, no quiero dejar de dar sugerencias de cómo mejorar de verdad la situación. Para poder hacer ese tipo de sugerencias se necesita tener una comprensión mínima y básica de cómo funciona la sociedad, la economía, por lo que no podemos confiar en quienes han propuesto castigar la colusión. ¿Qué hacer entonces?

La propuesta es simple (aunque probablemente difícil de implementar, pero ese es otro tema): reducir la presión fiscal sobre la sociedad. Por presión fiscal me refiero a todo costo impuesto por el Estado a cualquier actividad humana legítima (que no implique un daño no consentido a otros). Acá incluyo cosas como la regulación estatal de la actividad de las personas, los impuestos y cosas similares. Todo esto aumenta los costes que tienen las personas; por ende lo que logra es que los precios tiendan a subir (es decir, que el precio del dinero tienda a bajar). Las cosas se vuelven más costosas cuando se suben los impuestos; esto es algo por todos sabido. Pero no todos se dan cuenta que si se obliga a las empresas a, por ejemplo, tener más infraestructura de la que tendrían de otro modo, también se presionan al alza los precios. No sólo eso, también se presionan los sueldos a la baja. Esto porque se fuerza que tengan mayores costos, y cuando los costos suben, no sólo bajan las utilidades y suben los precios, sino que en el mediano a largo plazo también disminuyen los sueldos que pagan. Algunas empresas podrían quebrar o cerrar a causa de esto, lo que significa que se pierden empleos. Y lo que interesa para el caso en discusión: al haber menos empresas, hay más “concentración”.

Para ser más concreto, el tipo de medidas que se requieren para mejorar la situación actual incluye por ejemplo eliminar aranceles y barreras de exportación e importación, bajar impuestos, eliminar buena parte de la regulación estatal a la actividad privada (especialmente la regulación laboral que sólo daña a empleados y consumidores), etc. En suma, reducir la burocracia que impide la libre competencia, e instaurar una sociedad más libre.

Castigar la colusión no sólo sería injusto, entonces, sino que además inefectivo y dañino, especialmente en cuanto se distrae la atención del verdadero problema: el costo que tiene el Estado para la sociedad. Si lo que se desea evitar es la concentración, sin perjudicar a la sociedad al hacer que todo se vuelva más costoso, sino que al contrario, que todo se vuelva más económico, haya más empleo, mejores remuneraciones, y así aumente la prosperidad de todos, es claro que lo que se debe hacer es reducir la presión fiscal y el intervencionismo estatal sobre la sociedad.