Socialismo neoliberal nórdico

Estoy bastante aburrido de que los variados socialistas miren a países como Finlandia o Suecia y digan “esos son países socialistas y por eso son tan prósperos y la gente de allá vive tan bien”. Eso es una gran mentira. Muy similar a la mentira de que Chile es “la Norcorea del neoliberalismo”. Para desmentir estos mitos, voy a hacer una comparación simple entre Chile y los diferentes países que el World Economic Forum considera “los diez más felices”. La lista me pareció interesante no tanto por ser “más felices”, sino que porque son países muy prósperos, que están entre los con más libertad económica según los índices que tratan de medir esto, y que además incluye a los países escandinavos “socialistas” más promimentes. Lo que compararé son varios agregados que reflejan el nivel de “socialismo” y de “neoliberalismo” (según la concepción de la gente que mencioné antes), según el índice de libertad económica de The Heritage Foundation (lo uso porque tiene mejor presentación y es más accesible que el índice del The Fraser Institute). Un número más alto significa “más neoliberal” o “menos socialista”, o “menos corrupción”.

Partamos con Chile:

  • Regulación laboral: 64.3
  • Regulación empresarial: 72.1
  • Derechos de propiedad: 85
  • Gasto estatal: 83.1
  • Impuestos: 74.8
  • Corrupción: 73

Como se puede ver, tenemos (en realidad tuvimos, la información es de hace un par de años) bastante regulación estatal de la actividad económica, pero impuestos relativamente bajos (como la información es vieja no cuenta aún el impuestazo de Bachelet). El nivel de corrupción no es alto, pero tampoco es tan bajo como para no ser preocupante. El nivel de protección a los derechos de propiedad privada es decente, pero no especialmente alto, claramente no tanto como para ser motivo de celebración.

Ahora veamos los países de la lista de “más felices” (entre paréntesis la diferencia con Chile):

socialismo-neoliberal-nordico

  • Australia:
    • Regulación laboral: 77.2 (+12.9)
    • Regulación empresarial: 89.4 (+17.3)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 62 (-21.1)
    • Impuestos: 63.2 (-11.6)
    • Corrupción: 80 (+7)
  • Canadá:
    • Regulación laboral: 72.6 (+8.3)
    • Regulación empresarial: 81.8 (+9.7)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 50.4 (-32.7)
    • Impuestos: 80 (+5.2)
    • Corrupción: 81 (+8)
  • Dinamarca:
    • Regulación laboral: 86 (+21.7)
    • Regulación empresarial: 95.4 (+23.3)
    • Derechos de propiedad: 95 (+10)
    • Gasto estatal: 2.3 (-80.8)
    • Impuestos: 39.5 (-35.3)
    • Corrupción: 92 (+19)
  • Finlandia:
    • Regulación laboral: 53.7 (-10.6)
    • Regulación empresarial: 90.7 (+18.6)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 0.8 (-82.3)
    • Impuestos: 66.5 (-8.3)
    • Corrupción: 89 (+16)
  • Islandia:
    • Regulación laboral: 61.6 (-2.7)
    • Regulación empresarial: 90.1 (+18)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 42.1 (-41)
    • Impuestos: 73.3 (-1.5)
    • Corrupción: 79 (+6)
  • Países Bajos:
    • Regulación laboral: 64 (-0.3)
    • Regulación empresarial: 80 (+7.9)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 34.4 (-48.7)
    • Impuestos: 52.7 (-22.1)
    • Corrupción: 83 (+10)
  • Noruega:
    • Regulación laboral: 48 (-16.3)
    • Regulación empresarial: 89.6 (+17.5)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 41.8 (-41.3)
    • Impuestos: 53.2 (-21.6)
    • Corrupción: 86 (+13)
  • Nueva Zelanda:
    • Regulación laboral: 85.9 (+21.6)
    • Regulación empresarial: 91.4 (+19.3)
    • Derechos de propiedad: 95 (+10)
    • Gasto estatal: 46 (-37.1)
    • Impuestos: 71 (-3.8)
    • Corrupción: 91 (+18)
  • Suecia:
    • Regulación laboral: 53.5 (-10.8)
    • Regulación empresarial: 89.7 (+17.6)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 14.9 (-68.2)
    • Impuestos: 44.4 (-30.4)
    • Corrupción: 87 (+14)
  • Suiza:
    • Regulación laboral: 72.1 (+7.8)
    • Regulación empresarial: 82.2 (+10.1)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 66.3 (-16.8)
    • Impuestos: 70.9 (-3.9)
    • Corrupción: 86 (+13)

Lo que podemos ver inmediatamente es que todos los países tienen menos regulación a las empresas, más protección a los derechos de propiedad privada, menos corrupción, pero más impuestos (con la excepción de Canadá) y más gasto estatal. La minoría tienen más regulación laboral que acá, dos tienen una cantidad similar a la chilena y la mitad tienen mucha menos regulación laboral que Chile. Ya con esto se cae la idea de que Chile es “la Norcorea del neoliberalismo”, pues en esos países la regulación estatal es mucho menor (más “neoliberalismo” y confianza en la “autorregulación del mercado”). Pero sigamos el análisis.

Los países que tienen más regulación laboral que Chile tienen alguna combinación de impuestos más bajos y menor regulación a las empresas, en comparación con los países que tienen menos regulación laboral, lo que sugiere un trade-off, un balance entre esas cosas. Lo cual tiene sentido, la regulación laboral, impuestos, y la regulación a las empresas son un lastre para la actividad privada de las personas, por lo que si se aumenta una de esas cosas, hay que disminuír alguna las otras en alguna combinación para compensar.

Se nota que en estos países se valora la libertad para llevar a cabo una empresa, lo cual para la lógica de quien cree que “Chile es la Norcorea del neoliberalismo” significaría que esos países no son “más socialistas” ni “menos neoliberales”, todo lo contrario. Se demuestra un nivel alto de confianza en los empresarios para llevar a cabo sus negocios, y en las empresas para generar prosperidad y bienestar de la manera que consideren mejor.

Se ve también más confianza en el manejo privado de la propiedad, lo que refleja en la consistencia con que se protejen más los derechos de propiedad privada. Eso implica cosas como menos poder y discreción estatal para expropiar y confiscar, más garantías a los propietarios de que cualquier daño a su propiedad será castigada o resarcida, etc. Esto claramente es un signo de “neoliberalismo” más que de “socialismo”.

Otra cosa que se puece observar es que hay menos corrupción en el Estado en todos esos países. Personalmente creo que eso viene como consecuencia de factores culturales, que a su vez vienen influídos por el hecho de que todos esos países han sido muy libremercadistas a lo largo de la historia, especialmente desde el siglo 19 en adelante, con relativamente breves lapsos estatistas. Cuando el sistema es muy de libre mercado, con prácticamente nada de provisión estatal de servicios educacionales, médicos, seguros, pensiones, redistribución, subsidios empresariales, barreras comerciales, etc. lo que resulta es que ese ambiente genera, por fuerza de necesidad, una cultura muy emprendedora, empresarial, solidaria, de responsabilidad individual y de honestidad, que no sólo es un caldo de cultivo ideal para la prosperidad, sino que además tiene como consecuencia un nivel muy bajo de corrupción en los funcionarios estatales.

Respecto del gasto estatal, es evidente que se hace posible un gasto así de grande en estos países gracias a que esto se compensa con alguna combinación de bajos impuestos y regulación, lo que produce una mayor y más fuerte actividad económica generadora de impuestos. Es decir, algunos países tienen impuestos altos, pero muy poca regulación laboral y a las empresas (como Dinamarca), otros tienen más regulación laboral pero menos impuestos (como Islandia), y también está el caso de Noruega que financia su gasto estatal mediante la estatización de alguna empresa o recurso importante (de forma similar a Chile). Además tenemos los casos de Canadá y Australia, que van más por la moderación, teniendo impuestos y gasto estatal un menores al resto, y compensando con un poco menos de regulación laboral que el resto.

Es claro que los países nórdicos son todo menos “socialistas”, y que de hecho son mucho más “neoliberales” que Chile (siempre según la concepción antes mencionada). Además, el mito de que “Chile es la Norcorea del neoliberalismo” se demuestra claramente sin base, siendo que estos países supuestamente “socialistas” tienen un mercado mucho más desregulado, mayor protección a los derechos de propiedad privada y en general menos regulación laboral. También se hace evidente que hay un trade-off entre impuestos y regulación, debiendo compensar el aumento en una cosa, con una reducción de la otra. Una última cosa que se hace evidente es que el nivel de impuestos es menos determinante del bienestar que la regulación estatal. Un cierto aumento en impuestos requiere una reducción menor de la regulación estatal para compensar, lo que explica el éxito relativo de estos países. Lo cual no quita que tendrían un mejor desempeño si además de tener poca regulación estatal, tuvieran también un bajo nivel de impuestos y gasto estatal (para ver eso se tendrían que haber incluído países como Liechtenstein, Singapur y Hong Kong al análisis – tal vez en otra ocasión). La libertad funciona, como decía el slogan de Students for Liberty.

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Una respuesta a David Graeber

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Un amigo me pidió mi opinión sobre esta columna publicada en The Guardian, y me pareció interesante responderla. La columna básicamente habla de que el Bank of England (BoE) se ha sincerado respecto de cómo funciona el sistema monetario y bancario, dejando claro que el Banco Central inventa el dinero de la nada. Lo particular de la columna que me interesa abordar son tres temas: primero la afirmación de que no ha habido inflación de precios como consecuencia de la inflación monetaria post-2008; segundo, el efecto desplazamiento, que el columnista dice que no aplica para el caso de financiar gasto estatal con la imprenta de billetes; y tercero, que la austeridad estatal no tiene sentido como consecuencia de esas cosas.

Lo primero entonces es la inflación, y las afirmaciones particulares del columnista son las siguientes:

The central bank can print as much money as it wishes. But it is also careful not to print too much.

In fact, with “quantitative easing” they’ve been effectively pumping as much money as they can into the banks, without producing any inflationary effects.

Ambas afirmaciones son falsas. La primera claramente lo es pues como bien dice en la segunda cita, la Federal Reserve (FR, banco central en los EEUU) ha “bombeado tanto dinero como han podido”. Y obviamente “imprimir todo lo que se pueda” es mucho más que “no imprimir demasiado”, lo que implicaría algún tipo de restricción por parte del emisor. El Banco Central Europeo (BCE) ha llevado una política similar hasta el día de hoy, lo mismo que otros bancos centrales. Llámalo como quieras, pero lo que están haciendo es todo menos “ser cuidadosos de no imprimir demasiados billetes”.

Ahora, respecto de la inflación de precios (que es a lo que se refiere el artículo con “inflación”)  a causa de la inflación monetaria, ha habido bastante, el tema es que no se ha visto reflejada en los indicadores clásicos como el IPC. Esto porque se ha dado en sectores de la economía que no se toman en cuenta al calcular esos indicadores. Por ejemplo se ha visto inflación en la bolsa, en algunos sectores como el inmobiliario (de nuevo, pero en otras áreas), y en otros países. El tema es que la plata que crean los bancos centrales no necesariamente va a parar a los bolsillos de las masas (generalmente no sucede así), sino que va a parar a los bancos, que luego prestan ese dinero a inversionistas o compran bonos estatales, o también se va a países extranjeros que compran dólares (o libras, etc.). Ahí es donde la inflación de precios se está manifestando, en los sectores en los que esa plata nueva va a parar. El caso de la bolsa es bastante obvio y ejemplifica bien el asunto: los precios de acciones han ido subiendo a pesar de que no hay motivos reales de base para ello (las empresas no están produciendo utilidades mayores que antes, ni nada por el estilo). Es decir, sí hay inflación de precios como consecuencia de la inflación monetaria. Y obviamente no se posdía esperar otra cosa. Ben Bernanke triplicó la base monetaria en un par de años, siendo que se había demorado unos 90 años en llegar a ese punto, lo que es un emisionismo inusitado, gigante. La diferencia entre lo que hizo Bernanke y lo que hizo Mugabe en Zimbabwe es que Mugabe le daba la plata a las masas a través de diversos programas estatales, mientras que Bernanke se la dió a banqueros, banqueros centrales extranjeros, e indirectamente a inversores, por lo que obviamente la inflación de precios se manifiesta en sectores diferentes de la economía.

Luego está el tema del efecto desplazamiento que tiene el gasto estatal, y la cita relevante es la que sigue:

there’s no question of public spending “crowding out” private investment. It’s exactly the opposite.

Por supuesto que hay un efecto desplazamiento, independiente de lo que el autor crea, no por nada hay tanto desempleo hoy en día en los EEUU y en Europa (la cifra específica a que hay que poner atención es la “participación laboral” que toma en cuenta tanto a cesantes que buscan empleo, como los que no están buscando empleo). Ese desempleo es en parte causado por eso, combinado con otras políticas y regulaciones estatales. El autor parece creer que el aumento del gasto estatal por medio de emisión de deuda no causaría un efecto desplazamiento, pero obviamente sí lo hace. Los recursos son limitados, no infinitos como parece creer este caballero. Como son limitados, un aumento del gasto estatal significa que el Estado captura una mayor proporción de esos recursos, y por ende desplaza al sector privado. Cada resma de papel, edificio, camión, terreno, etc. que usa el Estado no puede ser usado por el sector privado. El tema es que generalmente se desplaza en el margen inferior de la economía. Con esto me refiero a que los que primero se ven desplazados son los pequeños empresarios, las PyME que lo ven más difícil para sostener o empezar negocios. Y como son empresas pequeñas, poco visibles y que el cierre de cada una afecta a relativamente poca gente, el efecto no es muy visible, y es fácilmente pasado por alto incluso por muchos economistas (que están mal entrenados).

Una última cosa que vale la pena mencionar es la afirmación pasajera de que la austeridad no es algo útil:

they have effectively thrown the entire theoretical basis for austerity out of the window.

Podría explayarme mucho sobre este tema, pero seré sucinto. Múltiples organismos han hecho estudios sobre el efecto de la austeridad fiscal, pero los más interesantes son los que han hecho orgasnismos como la OECD, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que es imposible de acusarlas de ser en alguna medida organizaciones con sesgo libertario o austríaco en ninguna medida. Lo que esos estudios dicen es que hay dos estilos de austeridad, llamémoslos “Austeridad A” y “Austeridad B”. La “Austeridad A” trata de balancear el presupuesto por medio de subir impuestos y medidas similares, a veces con modestas reducciones en el aumento del gasto (es decir, el gasto aumenta igual, sólo que un poco más lento). La “Austridad B” trata de balancear el presupuesto estatal por medio de la reducción real del gasto, a veces incluso acompañado de reducciones impositivas e imposiciones de límites duros al gasto estatal. Queda claro acá, por cierto, que la austeridad tipo A no es realmente austeridad estatal, sino que es austeridad privada para financiar más gasto estatal, es decir, business as usual. La conclusión a que llegan estos estudios (al respecto recomiendo investigar las columnas de Daniel Mitchell sobre austeridad) es que la austeridad tipo A no funciona y es dañina, y que la tipo B es muy efectiva, especialmente en el largo plazo. Entonces el problema viene de que mucha gente (como por ejemplo Paul Krugman y Joseph Stiglitz, entre otros) confunde austeridad estatal real (tipo B) con austeridad privada forzada (tipo A). Mi sospecha es que algunos de estos personajes lo hacen a propósito, porque son muy inteligentes como para no darse cuenta de la diferencia, aunque puede ser un error honesto por la forma en que estos economistas son entrenados de forma que al final no entienden nada.

Para concluír, debo decir que en general la columna suena como una columna de un “keynesiano sincero”, que no trata de ocultar lo que el sistema keynesiano hace y cómo funciona, lo cual es quiza algo positivo en sí mismo. Lo extraño del caso es que Graeber se declara anarquista, pero acá aparentemente está haciendo una apología del Estado. Nunca se deciden, estos “anarquistas” de izquierdas.

Mejores Pensiones: ¡Menos Intervención Estatal!

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Dusan Vilicic Held
Asociación Liberal de Magallanes (ALMA)

Esta columna se publicó el 23 de agosto del 2015 en el suplemento Análisis del diario El Pingüino de Punta Arenas.

En mi última columna -publicada el 15 de agosto del 2015- traté de mostrar porqué volver a un sistema de reparto no es una buena idea. Básicamente porque su rendimiento sería peor, requeriría de que los aportes obligatorios aumenten al doble o más de lo que son hoy, el Estado tendría que gastar más recursos, y además no cumplen con sus promesas en el largo plazo, debiendo ser constantemente reducidas las prestaciones.

Entonces, la pregunta queda: ¿Cómo mejorar el desempeño del sistema de AFP? Sabemos que las comisiones son de alrededor de un 11% sobre la cotización para los aportes obligatorios y alrededor de la mitad de eso para los aportes voluntarios. Si lo que se desea es que las comisiones sean más bajas, existen dos formas efectivas y sustentables: reducción de costos y más competencia. Lo primero se logra liberalizando el rubro, especialmente mediante la eliminación de exigencias innecesarias que imponen costos adicionales a las AFP. Lo segundo se logra eliminando regulaciones estatales que restringen la libre competencia, permitiendo cosas como que la gente cotice en otras instituciones (por ejemplo mutuales o bancos), y reduciendo la tasa de aporte forzado. Exploremos ambas.

Hoy en día, las AFP tienen muchos costos que son claramente prescindibles. Probablemente, el más grande es que deben pagar impuestos, los cuales reducen la rentabilidad que obtienen sus afiliados. Por ejemplo, un vacío legal ha permitido que el Estado cobre un impuesto a las inversiones de las AFP del que el resto está exento. Se estima que como consecuencia, los ahorrantes dejan de percibir unos 120 millones USD anuales, lo cual asciende a unos 4 mil millones USD desde que se instauró el sistema actual de AFP. Es más, los últimos aumentos impositivos empeoran esto[1]. Eximir de impuestos a las AFP y sus inversiones significaría una gran reducción de costos que no sólo aumentaría la rentabilidad de los fondos, sino que también produciría una reducción en las comisiones.

De igual manera se puede lograr una reducción en las comisiones por la vía de la disminución del aporte forzado. La lógica es simple: las comisiones del aporte forzado son el doble de caras que las del Aporte Previsional Voluntario (APV)[2][3], por lo que el ahorrante gastaría menos en comisiones si no hubiera cotización obligatoria. Además, así las AFP deben volverse más atractivas para los ahorrantes, ofreciendo mejores prestaciones y rentabilidades, y menores comisiones. Por último, permitir que la gente ahorre en otro tipo de instituciones tiene el mismo efecto, pero también significaría que la gente sería libre de optar por participar de una institución privada que funcione en base a un régimen de reparto, si así lo prefiere. Este tipo de instituciones existían en el pasado, antes de la existencia de los sistemas estatales de pensiones, y al ser privadas, es automática la regulación de su sustentabilidad y prestaciones. Esta competencia adicional también presionaría a la baja las comisiones de las AFP.

[1] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2014/02/Serie_de_Estudios_N_91_Dano_Tributario.pdf

[2] http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/inf_afiliados/estcom_v.html (Afiliados y no afiliados Septiembre 2015)

[3] http://www.safp.cl/safpstats/stats/apps/estcom/estcom.php?fecha=20151101 (Noviembre 2015)

Mejores Pensiones: ¿No más AFP?

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Dusan Vilicic Held
Asociación Liberal de Magallanes (ALMA)

Esta columna se publicó el 16 de agosto del 2015 en el suplemento Análisis de el diario El Pingüino de Punta Arenas.

Mucho se ha hablado de las bajas pensiones que ofrece el sistema de AFP. En este contexto, se ha vuelto recurrente sugerir un retorno al sistema de pensiones de reparto, bajo el argumento de que eso garantizaría la mejora de las mismas y una mejor calidad de vida para todos. Lamentablemente, esta afirmación no tiene fundamento por varios motivos.

El primero es que un sistema de pensiones de reparto pone muchísima presión sobre las finanzas estatales. Por ejemplo, en los EE.UU., el sistema de pensiones consume alrededor del 24% del gasto estatal[1] y se proyecta que pronto aumentará a más del 30%. En Alemania es más del 47%, mientras que en Finlandia supera el 40% y en Suecia, el 33%[2]. Por su parte, en Chile es poco más del 4%[2][3], lo que significa que para tener un sistema de pensiones estatal de reparto, el Estado probablemente tendría que gastar mucho más en este ítem, lo que implicaría un aumento de gastos en pensiones de unas 6 veces el presupuesto actual. Teniendo en cuenta la estrechez fiscal del Estado de Chile, incrementar el gasto estatal a ese nivel es probablemente imposible.

El segundo es que los sistemas estatales de reparto se financian con un impuesto a la renta adicional que se mueve entre 15% y 50% de los ingresos de la persona; muy superior al 10% del que existe actualmente en Chile. Esto es consistente con la cotización obligatoria en el sistema de reparto que había previamente, donde variaba entre un 20%, hasta más del 50%. Está claro que los empleados chilenos que se espera en el futuro perciban pensiones bajas no podrían renunciar a un 20% más de sus ingresos, lo que potencialmente significaría en muchos casos una condena a muerte.

El tercero es que el rendimiento de estos programas es muy inferior al sistema de AFP, más o menos de un 50% a un 20% menor, peso por peso aportado[4]. Es decir, en el sistema chileno de AFP, por cada 100 pesos que uno aporta, recibe de vuelta entre 20 y 50 pesos más de lo que recibiría por esos mismos 100 pesos en algún sistema estatal de reparto. De hecho, se sabe que actualmente más del 74% de los fondos que manejan las AFP corresponde a la rentabilidad, y sólo un cuarto corresponde a las cotizaciones[5].

El cuarto es que los sistemas estatales de reparto son famosos por sus recurrentes bancarrotas, es decir, que suelen incumplir sus promesas de pago, y las prestaciones que una persona finalmente recibe suelen ser mucho menores que las que se le prometieron cuando comenzó a aportar. Incluso el sistema alemán ha quedado numerosas veces en bancarrota en los últimos años, habiéndose tenido que modificar sus prestaciones muy seguido, por ejemplo en 1992, 1999, 2001, 2004, 2007 o 2014, entre otros. Estas razones son, a mi juicio, suficientemente contundentes para entender que el sistema estatal de reparto no sólo es impracticable en Chile, sino que, asumiendo que lo fuera, terminaría entregando pensiones menores a las que entrega el sistema actual.

[1] http://www.cbpp.org/research/policy-basics-where-do-our-federal-tax-dollars-go

[2] https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_AGG

[3] http://www.dipres.gob.cl/595/articles-90993_doc_pdf.pdf

[4] http://voces.latercera.com/2015/06/28/sebastian-edwards/mi-pobre-jubilacion-californiana/

[5] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2014/10/Boletin-AAFP-Octubre-2014.pdf

[Traducción] Uber es progreso, ¿Por qué no lo apoyan los progresistas?

Algunos progresistas en realidad son conservadores por dentro

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Steven Horowitz
Lunes 13 de Junio del 2016

He alabado a Uber con anterioridad. Para mí, si la posibilidad de usar Uber está disponible, casi siempre la preferiré por sobre un taxi tradicional. Ser cliente de Uber da apoyo a individuos emprendedores en vez de a empresas de taxis que a menudo son franquicias de monopolio o beneficiarios de otras formas de capitalismo de amigos.

Así que siempre me sorprende cuando algunos de mis amigos igualitarios/progresistas miran con desprecio a Uber y a otras innovaciones similares. Mi intuición es que la gente de izquierda se pondría de lado de los “pequeños” contra los empleadores corporativos y monopolios locales de las empresas de taxis (o grandes cadenas hoteleras en el caso de AirBnB). Y algunos lo hacen. Pero otros no, y vale la pena pensar sobre cómo podríamos hacer el argumento progresista a favor de Uber para ellos.

Seamos claros sobre de lo que realmente se tratan Uber, Lyft, AirBnB, y el resto de la llamada “economía del compartir”. Pensar en términos de “compartir” en realidad no es la mejor forma de ver la naturaleza de su innovación. De lo que realmente se trata es de usar tecnología para reducir de forma dramática los costos de transacción de hacer un uso más eficiente de recursos ociosos.

Los malos viejos tiempos

Tienes una habitación libre en tu casa. Antes de los smartphones, GPS, y la internet, habría sido muy difícil encontrar gente que tuviera una demanda por ese espacio en el momento en que estaba disponible. También necesitabas alguna forma de mostrar confiabilidad. A pesar de eso podrías haber arrendado la habitación por días o semanas a la vez, pero los costos de hacerlo funcionar habrían sido enormes.

Lo mismo es cierto de Uber y Lyft. Después de todo, los jitneys han existido por décadas, y Uber y Lyft son sólo una nueva vuelta de tuerca sobre esa vieja idea. Pero en vez de tener puntos de recogida fijos y de esperar a que pase un jitney disponible y de saber poco sobre el conductor, Uber y Lyft reducen dramáticamente todos esos costos de transacción. Ellos usan una plataforma de software para coordinar a oferentes y demandantes. La economía del “compartir” en realidad sólo es el siguiente gran paso en lo que es la verdadera historia del progreso económico: la continua reducción de costos de transacción a lo largo de toda la economía.

¿Cuál es la queja?

¿Pero qué debería hacer que estas innovaciones sean particularmente atractivas para la izquierda? Una de las características más importantes de Uber, por ejemplo, es que los conductores son propietarios de su capital y establecen sus propios horarios de trabajo y, en su mayoría, las condiciones laborales. Uber simplemente permite que personas con su propio capital lo pongan a trabajar a través de conectarlos de forma más efectiva con los demandantes de ese servicio.

Por más de un siglo, la izquierda ha argumentado que la falta de control de los trabajadores sobre el capital y sobre sus condiciones laborales permitió que fueran explotados por propietarios y jefes. La lógica progresista típica a favor de los sindicatos está unida a esta crítica. Pero Uber provee una solución a esta situación. Los conductores Uber son propietarios de su propio capital (el automóvil) y pueden determinar qué tan seguido trabajan y qué viajes quieren proveer.

Algunos en la izquierda argumentan que esta misma flexibilidad es un defecto, no una virtud, porque no es un trabajo de tiempo completo y no incluye seguros médicos y cosas similares. La mayoría de conductores Uber, no obstante, te dirán que la flexibilidad es exactamente lo que les gusta de él.

¿Quién trabaja para Uber?

Por ejemplo, dos de mis conductores recientemente en Portland lo estaban haciendo para complementar sus ingresos por diversos motivos. En un caso, él estaba a punto de tomar el  examen de abogacía y conducía para generar algún ingreso para obtener una oficina para iniciar su práctica jurídica.

El otro conductor era un administrador en un restaurante de comida rápida y conducía part-time para ahorrar para una casa. Cuando le pregunté sobre la flexibilidad, dijo “por ejemplo esta mañana: mi señora aún estaba durmiendo, así que ¿porqué no salir en el auto y ganar unos cuantos dólares extra?” Su flexibilidad también va en beneficio de gente como yo, que necesitaba un viaje a través de Portland para encontrarme con un amigo para un desayuno tardío.

En mi experiencia, casi ninguno de los conductores Uber que conocí lo estaban haciendo a tiempo completo. Todos tenían otros empleos y esto era una fuente de ingresos secundaria para mejorar sus vidas. ¿Por qué no es noble de nuestra parte ser clientes de Uber y apoyar el abogado recién egresado o al matrimonio joven que intenta comprar su primera casa?

En otras ciudades, el grueso de conductores Uber son inmigrantes recientes. Mientras que mis conductores en Portland e Indianápolis han sido casi todos hombres y mujeres jóvenes blancos, mis conductores Uber en Washington, DC han sido casi todos inmigrantes de color.

¿No hace que usar Uber sea aún más consistente con las metas progresistas si estamos apoyando la subsistencia de inmigrantes emprendedores que han venido a los EEUU a tener una mejor vida, y tal vez remitir algunos de esos fondos de vuelta a casa?

Para algunos de esos conductores Uber que son inmigrantes, conducir es probablemente su principal fuente de ingreso. ¿Vamos a negarles ese ingreso porque conducir en Uber es visto como menos que perfecto en comparación con los trabajos de la vieja economía? ¿Deberíamos dejar de usar Uber y hacer menos probable que vengan inmigrantes, dejándolos en una mayor pobreza en sus países de origen?

Si la mejora de las vidas de los pobres del mundo es una meta progresista, entonces usar Uber (sin mencionar comprar ropa de “sweatshops”) están entre las cosas más morales que podemos hacer.

¿Qué pasa con la seguridad?

Algunas personas están preocupadas de que Uber puede ser más peligroso que los taxis. Los datos no parecen soportar esto, y un estudio reciente muestra que la entrada de Uber a una ciudad reduce el número de arrestos por conducción bajo la influencia del alcohol y de muertes. No sólo los conductores Uber no son más propensos a cometer crímenes que los conductores de taxi, la disponibilidad de un viaje barato que llega rápido con un esfuerzo mínimo por parte del cliente salva vidas y mantiene a los conductores peligrosos fuera de la calle. De nuevo, esto parece ser una meta que los progresistas debieran apoyar.

Es sólo que parece extraño que los progresistas que lamentan el advenimiento del Hombre Unidimensional o la “McDonaldización” de América objetarían a las innovaciones que proveen a más gente arreglos laborales más flexibles que les dan más control sobre su capital y las condiciones de su trabajo.

Parece extraño que ellos objetarían un servicio que disminuye el costo del transporte para la gente con medios limitados y permite a gente joven sobrevivir en ciudades grandes sin tener un auto propio.

Progresistas = Conservadores

Tal vez esto sólo se trata del miedo al cambio sin control que Hayek vio en el corazón de lo que él llamó conservadurismo. Ciertamente parece como si las objeciones “progresistas” a Uber reflejaran una nostalgia por la economía de los 1950s que es un paralelo de la nostalgia conservadora por la vida familiar de esa misma época.

Y al final, el miedo a Uber sugiere que algunos progresistas en realidad son conservadores por dentro. El argumento a favor de Uber es el argumento a favor del progreso igualitarista, que está basado en una disposición a dar la bienvenida al cambio sin control frente a los supuestos progresistas que permanecen diciendo “deténganse” a lo largo de la historia económica.

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Steven Horowitz es el profesor de la cátedra Charles A. Dana de Economía en la Universidad de St. Lawrence y el autor de La Familia Moderna de Hayek: Liberalismo Clásico y la Evolución de las Instituciones Sociales.

 

Traducción: Dusan Vilicic Held
Texto original: https://fee.org/articles/uber-is-progress-so-why-aren-t-progressives-on-board/

Porqué no creo en el tren

Yo creo que el tren no es un medio de transporte más eficiente que los vehículos tradicionales (buses, camiones). Me explico: al menos en Chile, que para que sirvan de algo se necesitaría un tremendo gasto en infraestructuras, y aún así tiene sus costos que el camión no tiene. Por ejemplo, con los camiones se traspasa carga (cargar o descargar) dos veces, una vez en el origen y otra en el destino, mientras que con los trenes son al menos cuatro traspasos (del origen a un camión, del camión al tren, del tren a otro camión, y del segundo camión al destino). No existe “tren a la casa/depósito”, excepto en casos muy puntuales como las industrias acerera y cuprífera donde se justifica.

De hecho, hay muchos tramos de tren funcionando y casi ninguno se usa más de una vez al día (ni siquiera hay servicios de pasajeros funcionando en ningún lugar excepto Santiago-Chillán, Victoria-Temuco, Valparaíso-Limache y Talca-Conce), lo que da una indicación de lo poco útil que es. Si fuera a ser algo tan útil y beneficioso, hace rato que se habrían presentado muchos inversores para poner trenes y mejorar líneas, pero eso tampoco ha pasado. Peor aún, a pesar de que a EFE se le hizo una tremenda inyección de capital, no fueron capaces de hacer funcionar el negocio, es decir, a pesar de que les regalaron trenes y líneas.

Yo no creo en el tren, la verdad. Creo que es una tecnología algo obsoleta, poco flexible, y que en lugares como Europa o los EEUU sólo se utiliza porque ya tenían muchísima infraestructura hecha -construída en la época donde la alternativa al tren eran las carretas-, y no necesitan partir de cero como acá, además de que ellos tienen mucha más demanda por transporte industrial que aquí.

Y acá es donde introduzco mi crítica al principio de subsidiariedad: ese principio se usa para justificar el gastadero que se hizo con EFE, y que se hace con tantas otras ridiculeces (los elefantes blancos de Lagos, por ejemplo, con carreteras y puentes que no iban a ningún lugar, o el infame puente de Chacao). Y es que está bien usado, porque es un caso donde “el sector privado no quiere o no puede financiar un servicio de utilidad pública”. Lo que no menciona ese (mal) principio es que el costo no debe ser mayor que esa utilidad “pública”. Sólo por medio del mercado libre se puede saber lo que vale o no la pena financiarse, ahí es donde la sociedad muestra sus preferencias y lo que le es o no útil. Y por lo que se puede ver, la sociedad no desea un puente de Chacao, ni un “tren al sur”, al menos no lo suficiente como para que valga la pena el gasto.

Por eso es que no creo en el tren (o para el caso, en puentes a ningún lugar, o cualquier cosa por el estilo). Y es que todo este atado del tren y similares viene de la idea, falsa y poco acertada, de que lo que no haga la sociedad por sí misma, lo debe hacer el Estado, para beneficio de la sociedad, cuando en realidad es para perjuicio de ella.

De déspotas e ignorantes

El Mercurio publica hoy una columna de Cristián Warnken titulada “Chile: ¿quién sabe?“, donde éste comete varios errores y cae en varias falacias que me hacen pensar que es malintencionado y no sólo tonto. Esto porque yo suelo, en casos así, asumir que la persona no es malintencionada, y que sólo es tonta o ignorante. Es decir, quiere hacer algo bueno, pero no sabe cómo hacerlo, y en su ignorancia o falta de reflexión, termina sugiriendo o haciendo cosas incluso hasta contraproducentes. En fin, manos a la obra.

Primero, cae en una brutal generalización, al asumir que los chilenos «no son capaces ni de un segundo de contemplación o admiración en silencio». Aparentemente Warnken no se considera chileno, ni tampoco lo son los miles de ¿chilenos? que sí somos “capaces de contemplación”. Esto es una falacia muy obvia, y muy común entre quienes quieren tratar de manipular la realidad presentándola de una forma falsa, distorsionada, para lograr cierto efecto.

No explica para nada cuales serían los «signos de este bosque de símbolos» que según él «se perdieron». Tal vez sea porque ni él sabe de qué está hablando, que simplemente escribió eso porque suena “poético” y de algún modo da una impresión de ser verdad, simplemente porque cada quién va a rellenar mentalmente ahí lo que cada quién cree que es eso que se “perdió”. Es un recurso muy típico en los discursos que se crean para, también, lograr cierto efecto en el lector (en este caso, indignación, probablemente), sin presentar una causa real y concreta.

No explica tampoco por qué todos debieran saber reconocer cada especie de flora y fauna. Acá comienza a evidenciarse su problema: a Warnken le molesta que al resto de gente no le guste lo mismo que a él. Esto se confirma hacia el final, cuando comienza a reclamar por las «ruidosas y groseras “motos de agua”». Es una enfermedad común entre los intelectuales e intelectualoides (aquellos que se quieren hacer pasar por intelectuales) el querer presentar sus propios gustos y preferencias como si éstas fueran de algún modo superiores. Que de algún modo sus gustos son los correctos, y quienes no los compartes básicamente pecan, son herejes que deben ser subyugados. El clásico desprecio al prójimo. Y este desprecio sale a la superficie completamente en momentos como cuando dice que «el hombre es prescindible», que no es más que trivializar al otro, las personas no son importantes, dando la idea de que cualquier agresión cometida en el afán de imponer sus gustos particulares es algo trivial, sin necesidad de ser justificada. «El hombre es prescindible», así que no importa si hay que subyugarlo y quitarle su libertad, con tal de que se comporte como él desea. Ese es el mensaje que al menos yo voy encontrando en su columna. Bastante perverso, en mi opinión.

Es curioso que Cristian se indigna porque un terreno estatal esté sucio, pero no parece hacer mucho por limpiarlo. No parece entender el problema que hay ahí. Esa playa que él menciona es “de todos”, pero como bien sabemos “lo que es de todos no es de nadie”, y por ende no se cuida y nadie se preocupa mucho por su mantención. Si ese terreno fuera de alguien que quisiera explotarlo comercialmente como atracción turística, es muy seguro que se aseguraría de que hubiera basureros, y gente recogiendo la basura que pueda haber sido dejada fuera de ellos, para mantener la limpieza y atractivo del lugar. Poca gente gusta de visitar atracciones turísticas sucias con basura, por lo que si el empresario quiere lucrar, debe mantener el lugar limpio. Pero gente como Warnken no están interesados en estudiar cosas tan “mundanas” como economía, la ciencia que se dedica a entender la acción humana y sus consecuencias.Y por eso no entienden cosas como lo que es la tragedia de los comunes, ni cómo se soluciona. Terminan haciendo un diagnóstico equivocado, y por ende, con soluciones inefectivas y hasta contraproducentes. Esto queda clarísimo en el momento en que dice que lo que «une a un flaite y a mucho[s] miembro[s] de nuestra clase dirigente» es «el desamor a lo propio». No se da cuenta que lo estatal no es “propio”, olvida que “lo que es de todos no es de nadie”, por ende no tiene sentido hablar de “algo propio” en su ejemplo. Sin olvidar que Warken parece pretender que por haber nacido en algún lugar del territorio del Estado de Chile, entonces de algún modo se es propietario de ese territorio. Eso es falso. Chile no es “de los chilenos”, cada terreno es de su(s) propietario(s) y de nadie más. No tiene sentido que uno adquiera derechos sobre un terreno en La Serena simplemente por haber nacido en Puerto Williams, es un disparate que sólo tiene consecuencias contrarias a lo que parece buscar Warnken.

En fin, no parece ser más que otro más en una larga lista de iluminados que creen que sus propios gustos y preferencias son superiores y dignos de ser impuestos al resto por medio de la violencia de ser necesario. Un déspota más, sencillamente.

Los EEUU no son un país capitalista

Debo comenzar aclarando que por ‘capitalismo’ yo entiendo un sistema que requiere de una sociedad muy libre, donde se respeten muy a rajatabla los derechos de propiedad privada, los impuestos sean bajos, y la intervención estatal en la sociedad sea en general muy escasa o totalmente nula. En pocas palabras una sociedad y mercado libres.

También debo aclarar que esto lo escribo en respuesta a un artículo publicado en El Quinto Poder titulada “Miseria en la yugular del capitalismo“, donde el autor se dedica a describir lo terrible que es el “capitalismo” estadounidense.

La verdad es que yo no consideraría a los EEUU de hoy como la “yugular del capitalismo”, ni de lejos. Tal vez hasta 1900 o poco más podría haberse dicho algo por el estilo, pero después de las administraciones de los fascista-socialistas de Hoover y Roosevelt, el país nunca dejó el camino del mercantilismo y del corporativismo. Dejo claro que yo entiendo que un “capitalismo” requiere de una sociedad muy libre donde se respeten muy a rajatabla los derechos de propiedad privada. Nada de expropiaciones ni “eminent domain” ni complejos industriales militares coludidos con el Estado, ni planos reguladores, ni monopolios otorgados por el Estado, ni subsidios a la gran agricultura, ni limitaciones a las importaciones para proteger los intereses de las grandes empresas, ni servicios estatalizados que realmente corresponden a la sociedad privada, ni sendos impuestos con un código tributario tan grande que se requiere de un equipo de asesores para entenderlo. Los EEUU de hoy están extremadamente lejos de eso. Si hasta en varios Estados de ese país ni se puede practicar la peluquería o el diseño de interiores sin un permiso estatal, para proteger a los grupos de interés, generalmente gremios o empresas grandes. Eso tiene poco y nada de mercado libre, ni de sociedad libre. A menos de que creas que “capitalismo” es algo diferente, no relacionado con una sociedad libre de respeto a los derechos de propiedad privada.

Por otro lado, es curioso que dentro de los EEUU hay mucha diferencia en la “miseria” que hay. Llama la atención que donde más miseria se ve es en general en los Estados y lugares donde se ha impuesto por más tiempo el socialismo, como por ejemplo Nueva York o Detroit, entre otros. Son Estados o ciudades con un control estatal muy fuerte sobre la sociedad, con sueldos mínimos legales relativamente altos, y donde es muy poco lo que se puede hacer sin algún tipo de trámite o permiso estatal. El resultado está a la vista. Luego de haber sido una de las sociedades más libres, prósperas y pujantes del planeta, pasó a ser una de las más mercantilistas y con el mayor intervencionismo estatal en la sociedad, vino el estancamiento y la miseria. No es algo muy sorprendente la verdad.

Porqué la ley no debe castigar la colusión, y qué debiera hacerse en lugar de eso

Nota: Este texto está basado en una serie de columnas publicadas en el diario El Pingüino de Punta Arenas, que pueden encontrarse acá, acá, y acá.

Cuando una persona decide vender algo que le pertenece, ella decide el precio que está dispuesta a aceptar para llevar a cabo el intercambio. Ese precio no tiene porqué guardar alguna relación con el que otra gente está cobrando, ni con ningún “nivel general de precios”. El propietario tiene derecho a decidir ese precio de manera arbitraria. Por esto es que no tiene sentido hablar de “manipulación de precios”. El precio no es algo externo a la transacción, pues cada quien ofrece el que le da la gana para cada transacción particular.

De forma equivalente, los compradores no tienen derecho de decirle al dueño cuánto cobrar, pero tienen todo el derecho de no comprar si no les parece bien el precio ofrecido. Nadie está (o debiera estar) obligado a comprar (ni a vender) nada a nadie. Es el comprador el que decide el precio al que está dispuesto a comprar, no los “niveles de precios” u otros factores. Todo esto es independiente de cómo es que una persona u otra decide ese precio al que está dispuesto a llevar a cabo la transacción.

Para entender esta simetría, es clave darse cuenta que una compraventa no es más que un trueque. En un trueque, ¿quién es el vendedor: el que entrega papas a cambio de pescado, o el que entrega pescado a cambio de papas? La respuesta es que ambos son compradores y vendedores a la vez. Una compraventa por dinero no es más que un trueque donde una de las partes entrega dinero. Por esto es perfectamente razonable y válido decir que una de las partes está vendiendo dinero a cambio de otros bienes o servicios, y que su contraparte está comprando dinero. Por ejemplo, uno podría ver al supermercado no como vendedor de abarrotes, sino como un comprador de dinero, y que lo paga con abarrotes. En esencia, distinguir un comprador de un vendedor no tiene mucho sentido, pues simplemente son contrapartes en un intercambio. Ambos son vendedores y compradores a la vez.

Si se tratara a la colusión como un delito, habría que castigar también a un grupo de clientes que se ponen de acuerdo para no comprar alguna cosa por sobre cierto precio, o a un grupo de empleados que se ponen de acuerdo para no vender sus servicios laborales a menos de cierto precio. Esto último incluso se trata como un derecho, en la forma de la sindicalización, e incluso se le da privilegios a los proveedores de servicios laborales coludidos, como por ejemplo, se prohíbe a su cliente dejar de contar con sus servicios (fuero). Esto que nos parecería de lo más escandaloso en algunos servicios, curiosa e incoherentemente se tolera y promueve en otros. Incluso hay grupos que abiertamente promueven la colusión forzada por ley de todos los proveedores de servicios laborales. Eso ya debería hacer pensar a uno que hay algo de extraño en todo este asunto de castigar la colusión, algún problema fundamental.

Otro asunto es que la “concentración de mercado” -uno de los requisitos que suelen enunciarse para que supuestamente tenga validez la acción estatal contra alguna colusión- se analiza por rubro. ¿Porqué? La razón simple sería que si no se hiciera así, nunca se podría castigar nada, porque no existe la concentración de mercado completo, sin distinguir rubros. No hay empresas que concentren una porción tan grande como para decir que tienen “poder de mercado”. Pero el problema concreto con dividir el mercado por rubros, es que la definición de un “rubro” es arbitraria. ¿Hablamos del rubro de los transportes en general, o sólo del transporte interurbano de pasajeros en buses? ¿Es sólo el rubro del jamón laminado de cerdo, o el rubro del jamón laminado de cualquier animal, o incluso el rubro del cerdo o de la carne en general, o incluso de los alimentos en general? ¿Qué tan fino corresponde hilar? Bien puede ser que las compañías de buses interurbanos se hayan puesto de acuerdo en cuánto cobrar, pero ellas igual tienen como competencia los trenes, aviones, taxis, vehículos particulares, etc. Y eso sólo hablando de “transporte de pasajeros”. La compañía de buses no sólo debe convencer a sus prospectivos clientes de que la deben preferir por sobre otros medios de transporte, sino también por sobre otros usos que le puede dar a ese dinero y tiempo, como ir a un cine o restaurante, en vez de viajar. Entonces la competencia no es sólo dentro del “rubro”, como sea que se lo defina, sino que con todas las demás alternativas que tiene la persona para usar sus recursos (tiempo, dinero…), incluyendo no comprar nada, ahorrar.

Esto sin olvidar el porcentaje del “rubro” que deben concentrar las empresas coludidas para considerar que se las puede castigar, cifra que también es arbitraria. ¿Por qué castigar cuando las empresas acumulan, por ejemplo, el 75% del “rubro” y no 70% u 80%, o incluso 50% ó 99%? Al final del día, la extensión del rubro y su proporción de “dominio” se determinan de manera arbitraria para cada caso, por lo que los castigos serían también arbitrariamente impartidos. ¿Cómo puede ser esto justo?

Para que un intercambio sea justo, éste debe ser voluntario y se deben respetar los términos acordados (como precio y calidad). Si no se respeta lo primero, estamos frente a un robo y si no se respeta lo segundo, es estafa. Pero en un caso de colusión, no se dá ni lo uno ni lo otro, no hay engaño ni agresión. Hay que recordar que el precio no es algo externo; no tiene que guardar relación alguna con “niveles generales de precios”, por lo que el que se cobre más, menos, o igual que el resto no es relevante. También es irrelevante el modo en que el propietario decida a cuánto está dispuesto a vender sus pertenencias, sea que lo decida por su cuenta, o que lo haga en conjunto con otras personas.

Como ven, no tiene sentido que un tribunal castigue la colusión. Esa idea está basada en una mala comprensión o completa ignorancia de las transacciones, de cómo se forman los precios, y de lo que constituye competencia para un negocio.

Sin embargo, dado que el castigo legal a la colusión se justifica mediante la afirmación de que se busca mejorar la situación que habría sin esta intervención estatal, no quiero dejar de dar sugerencias de cómo mejorar de verdad la situación. Para poder hacer ese tipo de sugerencias se necesita tener una comprensión mínima y básica de cómo funciona la sociedad, la economía, por lo que no podemos confiar en quienes han propuesto castigar la colusión. ¿Qué hacer entonces?

La propuesta es simple (aunque probablemente difícil de implementar, pero ese es otro tema): reducir la presión fiscal sobre la sociedad. Por presión fiscal me refiero a todo costo impuesto por el Estado a cualquier actividad humana legítima (que no implique un daño no consentido a otros). Acá incluyo cosas como la regulación estatal de la actividad de las personas, los impuestos y cosas similares. Todo esto aumenta los costes que tienen las personas; por ende lo que logra es que los precios tiendan a subir (es decir, que el precio del dinero tienda a bajar). Las cosas se vuelven más costosas cuando se suben los impuestos; esto es algo por todos sabido. Pero no todos se dan cuenta que si se obliga a las empresas a, por ejemplo, tener más infraestructura de la que tendrían de otro modo, también se presionan al alza los precios. No sólo eso, también se presionan los sueldos a la baja. Esto porque se fuerza que tengan mayores costos, y cuando los costos suben, no sólo bajan las utilidades y suben los precios, sino que en el mediano a largo plazo también disminuyen los sueldos que pagan. Algunas empresas podrían quebrar o cerrar a causa de esto, lo que significa que se pierden empleos. Y lo que interesa para el caso en discusión: al haber menos empresas, hay más “concentración”.

Para ser más concreto, el tipo de medidas que se requieren para mejorar la situación actual incluye por ejemplo eliminar aranceles y barreras de exportación e importación, bajar impuestos, eliminar buena parte de la regulación estatal a la actividad privada (especialmente la regulación laboral que sólo daña a empleados y consumidores), etc. En suma, reducir la burocracia que impide la libre competencia, e instaurar una sociedad más libre.

Castigar la colusión no sólo sería injusto, entonces, sino que además inefectivo y dañino, especialmente en cuanto se distrae la atención del verdadero problema: el costo que tiene el Estado para la sociedad. Si lo que se desea evitar es la concentración, sin perjudicar a la sociedad al hacer que todo se vuelva más costoso, sino que al contrario, que todo se vuelva más económico, haya más empleo, mejores remuneraciones, y así aumente la prosperidad de todos, es claro que lo que se debe hacer es reducir la presión fiscal y el intervencionismo estatal sobre la sociedad.

Errores comunes acerca de privatización y estatización

Mario Bunge escribe en El País una columna titulada “Privatización ‘versus’ nacionalización“, donde trata de explicar porqué no considera que sea buena una privatización total de todo recurso y servicio, ni tampoco una estatización (“nacionalización”) completa, y porqué ni lo uno ni lo otro son cosas esencialmente “malas”. Lamentablemente su columna está plagada de errores, de modo que cualquier conclusión a la que llega no es significativa. Mi intención acá es explicar algunos de los errores que comete, y tal vez aprovechar para explicar algunos temas relacionados con economía, justicia, y los derechos de propiedad.

Primero que nada, Bunge cae en errores ya al principio, al identificar a los conservadores con la privatización. Esa afirmación está muy lejos de la realidad. A pesar de que los conservadores tienen tendencias liberales, y a veces han apoyado privatizaciones, no es lo que siempre ha sucedido. Muchos gobiernos y políticos denominados “conservadores” han comprado acciones de empresas privadas (una estatización parcial), e incluso hasta creado empresas estatales o confiscado empresas y recursos privados, para qué hablar de expropiaciones, bajo la excusa del “bien común”. Además, existe tal cosa como un conservador socialista. Actualmente en Chile el conservadurismo socialista es bastante fuerte, y se expresa en cosas como oposición a la liberalización de drogas, entre otras. Muchos conservadores de partidos “de derechas” apoyan todo tipo de estatizaciones y expansiones de la intervención estatal en la economía. Ergo, es un error más o menos grande asumir que un conservador en general desea privatizar.

Otro error que Bunge también comete al principio es confundir propiedad privada colectiva, con “socialización” en el sentido en que normalmente se entiende el término, es decir, estatización. Cualquier liberal que se precie entiende que la propiedad privada colectiva es una forma totalmente legítima de ejercer dominio sobre un bien. No deja de ser privada por ser colectiva, ni tampoco es estatal por no ser individual. Las sociedades son formas de ejercer el derecho de propiedad privada de forma colectiva, siendo uno de sus más claros ejemplos las sociedades anónimas. Nadie en su sano juicio afirmaría que una fábrica que es propiedad de una sociedad anónima ha dejado de ser propiedad privada, menos aún que ha pasado a ser propiedad estatal (“pública”). Entonces no existe un conflicto entre propiedad privada colectiva (como las cooperativas que menciona Bunge), y el concepto de propiedad privada como tal, pues la propiedad privada puede perfectamente ser individual o colectiva.

Otro error que el autor comete en su primer párrafo es asumir que lo que se haga en Suiza o en los EEUU es un ejemplo de capitalismo. Este error es muy común, y lo he escuchado muchísimas veces. Es fácil ver el error. Si esa afirmación es correcta, significaría que si en Suiza decidieran estatizar todo y que el Estado decidiera cómo se produce y distribuyen los recursos de acuerdo a planes quinquenales, la URSS habría sido capitalista, no socialista. En efecto, es falaz decir “lo que haga X es capitalista”, porque no necesariamente X hará cosas “capitalistas”. Lo cual nos lleva a preguntarnos el significado de “capitalismo”. Mi comprensión de esa palabra implica un mercado libre de intervención estatal, es decir, una sociedad con instituciones de corte liberal. Ahora, si se quiere ser estricto, “capitalismo” puede entenderse de muchas maneras. Los marxistas y afines le llaman así a la “dictadura o dominio del capital”, mientras que otra definición habla de un sistema en el que se puede generar y acumular capital de forma libre, habiendo incluso otras distintas, con diferentes implicancias. Es por esto que hablar de “capitalismo” sin al menos dar a entender qué se entiende por el término es como mínimo caer en ambigüedades, en el peor de los casos puede implicar un uso inconsistente de acepciones y tener como resultado un argumento falaz e inválido.

Pasando a otro error que Bunge comete, esta vez ya por ignorancia de la ciencia económica, es asumir que quien desea que se privaticen recursos, nunca lo hace pensando en la utilidad pública, y que la utilidad pública no se considera cuando los recursos son de propiedad privada. Es un error también común que deriva de no entender a cabalidad conceptos económicos como ‘utilidad’, ‘lucro’, y las condiciones necesarias para que un intercambio libre y voluntario se lleve a cabo. La utilidad es el nivel de satisfacción que una persona deriva de la realización de algún fin, por ejemplo de comer una manzana. Esto significa que la utilidad es siempre mental y subjetiva, es decir, no es algo físico mensurable y cada persona deriva una utilidad diferente de las mismas cosas, pues los fines son diferentes y la intensidad con que se desean estos fines varía de persona a persona (y de momento a momento). Lucro, en ciencia económica, es simplemente un beneficio, cualquiera que este sea. La definición contable y legal de esta palabra difiere de la económica y se refiere a la utilidad financiera que deja el ejercicio de una actividad, pero esta definición no es buena para describir el verdadero lucro económico, que es como ya dije, cualquier beneficio que se pueda percibir de algo, incluyendo cosas como una mayor comodidad, tranquilidad, placer, felicidad, entre otras categorías similares no mensurables y mentales. También sabemos que un intercambio libre y voluntario sólo será llevado a cabo cuando todas las partes involucradas consideran que se verán beneficiadas de su concreción. Es decir, sólo se dará el intercambio si cada parte valora más lo que recibe, que lo que entrega a cambio. Esto es considerando todo lucro económico, entendido como ya expliqué antes, es decir, incluyendo toda clase de beneficio, material o inmaterial, físico o mental, no sólo el beneficio financiero o monetario. De esto se sigue que un intercambio voluntario sólo se dará si incrementa el bienestar de la sociedad en su conjunto, es decir, la sumatoria del bienestar de cada persona, si se quiere expresar de esa forma, a pesar de que el bienestar no sea algo cuantificable. De aquí proviene el error que Bunge comete al creer que la “utilidad pública”, es decir, el bienestar de todos en conjunto, no necesariamente aumenta cuando se llevan a cabo intercambios libres y voluntarios en un marco de respeto a los derechos de propiedad privada (individual y colectiva). El autor cree que un intercambio libre y voluntario puede darse en casos donde una de las partes no valora más lo que recibe que lo que entrega a cambio. Por supuesto, luego del intercambio las valoraciones de cada uno pueden cambiar (y de hecho lo hacen), y esto puede llegar a implicar que una o más de las partes pasa a valorar más lo que anteriormente entregó, que lo que recibió a cambio. Esto se llama “cometer un error”, y es imposible evitar que las personas cometan errores, en tanto es imposible prever cuales serán las valoraciones que cada persona dará en el futuro a cada cosa y fin. Por esto es que es imposible que la propiedad estatal de algún recurso sea capaz de mejorar el resultado que emerge de los intercambios libres y voluntarios que se dan de manera espontánea en un marco de respeto a los derechos de propiedad privada. Y nada de esto es cubierto por un “velo ideológico”. Tampoco es un esquema simplista, afirmar eso sería desconocer la complejidad implícita en lo ya dicho, donde en un contexto de la existencia de miles de milllones de personas, se intecambian miles de millones de recursos diferentes, y teniendo cada una sus propios fines y valoraciones de éstos, lo que se tiene es un sistema sumamente intrincado y complejo, al que se suele llamar con nombres tales como “economía”, “mercado” y “sociedad”, siendo éstos esencialmente sinónimos, variando sólo en el punto de vista usado para observar el mismo fenómeno. En este punto se podría discutir de la necesidad de que el Estado sea propietario de algunos recursos para garantizar este marco, pero no es mi intención entrar en esa discusión, que es diferente de los puntos que quiero hacer acá, además de no ser parte de la argumentación de Bunge.

Me parece que lo ya explicado es suficiente para entender los errores esenciales que Bunge comete, los que luego repite numerosas veces en el resto de su escrito. También comete otros errores que podría ser interesante abordar, pero que por ahora elijo no hacerlo para no extenderme más de lo que ya he hecho. Probablemente lo haga de manera individual si alguien me lo solicita.