Pensiones: Mejoras y retrocesos

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Dusan Vilicic Held
Asociación Liberal de Magallanes (ALMA)

Esta columna se publicó el 3 de septiembre del 2015 en el diario El Pingüino de Punta Arenas.

Cuando se habla de pensiones, hay varias propuestas que se hacen para mejorar sus prestaciones. La más recurrente es volver a un sistema estatal de reparto forzado que se ha demostrado insostenible y hasta impracticable aquí y en la quebrada del ají. A pesar de ello, sus proponentes perseveran, sin inmutarse.

Uno de los argumentos que suelen esgrimir es que las FFAA y del orden poseen un sistema así, gestionado por CAPREDENA y DIPRECA, el cual es solvente, supuestamente. Pero hay que apuntar que los beneficiarios de este sistema son pocos, relativos a la cantidad de gente que sufraga esos gastos, que somos todos los contribuyentes, sin importar que no vayamos a beneficiarnos de él. Y es sólo por este hecho que el sistema es solvente. Tan pronto como este se tratara de extender al resto de la población, dejaría de ser capaz de dar las mismas prestaciones, o en su defecto exigiría de todos nosotros un gran aumento en las contribuciones al sistema, posiblemente del doble de lo que se paga hoy en el sistema actual, o incluso más. Lo mismo sucedería si el sistema pasase a ser financiado sólo por aportes de los futuros beneficiarios. A mucha gente ya le cuesta llegar a fin de mes con el sistema actual que extrae un 12% de sus ingresos; sólo cabe imaginar lo difícil que sería con un sistema de reparto que extraería un 20% o más. Si lo que se busca es mejorar la calidad de vida, esta no es una vía para avanzar; al contrario, sería un terrible retroceso que dañaría principalmente a las personas de menores ingresos, y eso deviene inmoral y antiético.

Si lo que se desea es lograr una mejora, empoderar a la ciudadanía, y proveer mayor seguridad, la solución pasa por liberalizar fuertemente la economía. Dos de los principales motivos por los que las pensiones actuales son relativamente bajas son las llamadas “lagunas previsionales”, y los bajos salarios percibidos por los cotizantes. Liberalizar la economía -esto es, reducir la carga impositiva y regulatoria, y liberar mercados a la competencia- permitiría solucionar ambas cosas. Una economía más libre sería mucho más dinámica y fuerte, lo que significa muchas más y mejores oportunidades laborales. Con más empleo, se reducen enormemente las lagunas, y con mejor empleo, se aumentan los ingresos y, por consecuencia, el monto ahorrado. Eso redundaría finalmente en mayores pensiones y más seguridad, tanto laboral, como en la vejez. Además, en una economía así, los precios reales serían mucho menores, lo que se suma a los beneficios anteriormente mencionados para hacer aún mejores las condiciones para empleados y pensionados.

Queda claro entonces que un retorno al sistema de reparto sería, sin duda, un retroceso, especialmente para la gente de menores ingresos. Y por otro lado también queda claro que un avance hacia una economía más libre sería un gran mejora para todos.

Mejores Pensiones: ¡Menos Intervención Estatal!

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Dusan Vilicic Held
Asociación Liberal de Magallanes (ALMA)

Esta columna se publicó el 23 de agosto del 2015 en el suplemento Análisis del diario El Pingüino de Punta Arenas.

En mi última columna -publicada el 15 de agosto del 2015- traté de mostrar porqué volver a un sistema de reparto no es una buena idea. Básicamente porque su rendimiento sería peor, requeriría de que los aportes obligatorios aumenten al doble o más de lo que son hoy, el Estado tendría que gastar más recursos, y además no cumplen con sus promesas en el largo plazo, debiendo ser constantemente reducidas las prestaciones.

Entonces, la pregunta queda: ¿Cómo mejorar el desempeño del sistema de AFP? Sabemos que las comisiones son de alrededor de un 11% sobre la cotización para los aportes obligatorios y alrededor de la mitad de eso para los aportes voluntarios. Si lo que se desea es que las comisiones sean más bajas, existen dos formas efectivas y sustentables: reducción de costos y más competencia. Lo primero se logra liberalizando el rubro, especialmente mediante la eliminación de exigencias innecesarias que imponen costos adicionales a las AFP. Lo segundo se logra eliminando regulaciones estatales que restringen la libre competencia, permitiendo cosas como que la gente cotice en otras instituciones (por ejemplo mutuales o bancos), y reduciendo la tasa de aporte forzado. Exploremos ambas.

Hoy en día, las AFP tienen muchos costos que son claramente prescindibles. Probablemente, el más grande es que deben pagar impuestos, los cuales reducen la rentabilidad que obtienen sus afiliados. Por ejemplo, un vacío legal ha permitido que el Estado cobre un impuesto a las inversiones de las AFP del que el resto está exento. Se estima que como consecuencia, los ahorrantes dejan de percibir unos 120 millones USD anuales, lo cual asciende a unos 4 mil millones USD desde que se instauró el sistema actual de AFP. Es más, los últimos aumentos impositivos empeoran esto[1]. Eximir de impuestos a las AFP y sus inversiones significaría una gran reducción de costos que no sólo aumentaría la rentabilidad de los fondos, sino que también produciría una reducción en las comisiones.

De igual manera se puede lograr una reducción en las comisiones por la vía de la disminución del aporte forzado. La lógica es simple: las comisiones del aporte forzado son el doble de caras que las del Aporte Previsional Voluntario (APV)[2][3], por lo que el ahorrante gastaría menos en comisiones si no hubiera cotización obligatoria. Además, así las AFP deben volverse más atractivas para los ahorrantes, ofreciendo mejores prestaciones y rentabilidades, y menores comisiones. Por último, permitir que la gente ahorre en otro tipo de instituciones tiene el mismo efecto, pero también significaría que la gente sería libre de optar por participar de una institución privada que funcione en base a un régimen de reparto, si así lo prefiere. Este tipo de instituciones existían en el pasado, antes de la existencia de los sistemas estatales de pensiones, y al ser privadas, es automática la regulación de su sustentabilidad y prestaciones. Esta competencia adicional también presionaría a la baja las comisiones de las AFP.

[1] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2014/02/Serie_de_Estudios_N_91_Dano_Tributario.pdf

[2] http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/inf_afiliados/estcom_v.html (Afiliados y no afiliados Septiembre 2015)

[3] http://www.safp.cl/safpstats/stats/apps/estcom/estcom.php?fecha=20151101 (Noviembre 2015)

Mejores Pensiones: ¿No más AFP?

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Dusan Vilicic Held
Asociación Liberal de Magallanes (ALMA)

Esta columna se publicó el 16 de agosto del 2015 en el suplemento Análisis de el diario El Pingüino de Punta Arenas.

Mucho se ha hablado de las bajas pensiones que ofrece el sistema de AFP. En este contexto, se ha vuelto recurrente sugerir un retorno al sistema de pensiones de reparto, bajo el argumento de que eso garantizaría la mejora de las mismas y una mejor calidad de vida para todos. Lamentablemente, esta afirmación no tiene fundamento por varios motivos.

El primero es que un sistema de pensiones de reparto pone muchísima presión sobre las finanzas estatales. Por ejemplo, en los EE.UU., el sistema de pensiones consume alrededor del 24% del gasto estatal[1] y se proyecta que pronto aumentará a más del 30%. En Alemania es más del 47%, mientras que en Finlandia supera el 40% y en Suecia, el 33%[2]. Por su parte, en Chile es poco más del 4%[2][3], lo que significa que para tener un sistema de pensiones estatal de reparto, el Estado probablemente tendría que gastar mucho más en este ítem, lo que implicaría un aumento de gastos en pensiones de unas 6 veces el presupuesto actual. Teniendo en cuenta la estrechez fiscal del Estado de Chile, incrementar el gasto estatal a ese nivel es probablemente imposible.

El segundo es que los sistemas estatales de reparto se financian con un impuesto a la renta adicional que se mueve entre 15% y 50% de los ingresos de la persona; muy superior al 10% del que existe actualmente en Chile. Esto es consistente con la cotización obligatoria en el sistema de reparto que había previamente, donde variaba entre un 20%, hasta más del 50%. Está claro que los empleados chilenos que se espera en el futuro perciban pensiones bajas no podrían renunciar a un 20% más de sus ingresos, lo que potencialmente significaría en muchos casos una condena a muerte.

El tercero es que el rendimiento de estos programas es muy inferior al sistema de AFP, más o menos de un 50% a un 20% menor, peso por peso aportado[4]. Es decir, en el sistema chileno de AFP, por cada 100 pesos que uno aporta, recibe de vuelta entre 20 y 50 pesos más de lo que recibiría por esos mismos 100 pesos en algún sistema estatal de reparto. De hecho, se sabe que actualmente más del 74% de los fondos que manejan las AFP corresponde a la rentabilidad, y sólo un cuarto corresponde a las cotizaciones[5].

El cuarto es que los sistemas estatales de reparto son famosos por sus recurrentes bancarrotas, es decir, que suelen incumplir sus promesas de pago, y las prestaciones que una persona finalmente recibe suelen ser mucho menores que las que se le prometieron cuando comenzó a aportar. Incluso el sistema alemán ha quedado numerosas veces en bancarrota en los últimos años, habiéndose tenido que modificar sus prestaciones muy seguido, por ejemplo en 1992, 1999, 2001, 2004, 2007 o 2014, entre otros. Estas razones son, a mi juicio, suficientemente contundentes para entender que el sistema estatal de reparto no sólo es impracticable en Chile, sino que, asumiendo que lo fuera, terminaría entregando pensiones menores a las que entrega el sistema actual.

[1] http://www.cbpp.org/research/policy-basics-where-do-our-federal-tax-dollars-go

[2] https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_AGG

[3] http://www.dipres.gob.cl/595/articles-90993_doc_pdf.pdf

[4] http://voces.latercera.com/2015/06/28/sebastian-edwards/mi-pobre-jubilacion-californiana/

[5] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2014/10/Boletin-AAFP-Octubre-2014.pdf

Re: Los taxistas, competencia e innovación

Hoy se publicó una carta en el diario El Pingüino de Punta Arenas sobre el asunto de Uber. Tengo varios problemas con esta carta, que reproduzco a continuación:

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soEn la carta, José Navarrete hace varias afirmaciones. Primero cuando dice que “sus conductores, a diferencia de los taxistas, no son profesionales; sus autos no están asegurados como un taxi, no pagan ni declaran los ingresos obtenidos, no están sujetos a fiscalización alguna, entre otras.” Y más adelante dice que “Uber compite deslealmente contra los taxistas”. Vamos desgranando.

Conductores no profesionales

Si se refiere a que no necesariamente poseen la famosa licencia clase A, eso es irrelevante. Una persona con licencia clase B está facultada para transportar pasajeros. Todos lo hacemos, cuando viajamos en familia, cuando un padre lleva a sus hijos al colegio, cuando viajamos con amigos, y en general cuando compartimos el vehículo. Compartir el vehículo (tener pasajeros) no requiere de una licencia clase A, es más, el gobierno en ocasiones ha hecho campañas para promover el llamado “carpooling” o compartir los viajes con pasajeros, en vez de viajar en vehículos separados. Lo único que está prohibido para un conductor con licencia clase B es llevar a cabo esa actividad con fines de lucro. Esa prohibición no tiene más objeto que disminuir la competencia, por medio de la creación de una barrera de entrada artificial (la obtención de una licencia clase A) para beneficiar a grupos de interés corruptos (como el lobby del taxi) a costa del resto de nosotros (mayores precios, peor calidad).

El que un conductor sea o no profesional, por otro lado, sólo depende de si desempeña esa actividad como su profesión. Un conductor de Uber puede ser tanto o más profesional que un taxista normal. La profesionalidad no depende de las certificaciones que se tengan, por lo que el tema de la licencia no es relevante acá. Además, los conductores de Uber en general son muy corteses, amigables, honestos, cuidadosos, y no conducen mal. Navarrete mismo nos dice refiriéndose a Uber “sin lugar a dudas el servicio es de calidad”, lo cual dice mucho sobre la profesionalidad de los conductores de Uber.

Por estas razones es que decir que los conductores de Uber “no son profesionales” no sólo es poco serio, sino que derechamente es una tontera y una contradicción.

Autos no asegurados como un taxi

En estricto rigor esto no es mentira, pero se presta para equívocos. Para empezar todo vehículo en circulación debe contar con al menos el SOAP, el seguro obligatorio, así que de que están asegurados, lo están. El SOAP cubre los gastos médicos y relacionados de los participantes en un accidente provocado por el asegurado. Esto significa que si el conductor de Uber llegara a causar un accidente, uno como pasajero está cubierto por el seguro. Si es otro conductor el que causa el accidente, uno como víctima también está cubierto por el SOAP. Esto cubre la gran mayoría de accidentes que se pudieran llegar a tener. El que el conductor no esté obligado a tener asegurado su vehículo, más allá de lo que cubre el SOAP (daños a las personas) no es de interés para uno como usuario. Si el conductor quiere reducir la incertidumbre inherente en no tener asegurado su vehículo, puede hacerlo, pero es cosa de él, y sólo le afecta a él, por lo que tendría poco sentido obligarlo. Por otro lado, para los pocos y raros casos que el SOAP no cubriría, se pueden contratar seguros aparte, si uno considera que vale la pena. Además no se conoce que los conductores de Uber tengan mayores tasas de accidentabilidad que los taxistas o que un conductor particular como uno mismo, por km recorrido, y mientras no se conozca ese dato, poco sentido tiene exigirles más seguros que lo que se nos pide a todos.

No pagan impuestos

Esto es básicamente mentira, pero es fácil ver porqué Navarrete cae en el error. Los conductores de Uber pagan impuestos igual que lo hace una persona que vende productos a través de Mercado Libre. No lo hace directamente, sino que a través de la plataforma. Una parte de la comisión que cobra Uber se va a pagar los impuestos correspondientes. E incluso si fuera cierto, esto no es necesariamente algo malo, pues nos permite disfrutar de un servicio superior, a un precio inferior. Los únicos que se verían perjudicados serían los políticos y burócratas deseosos de aumentar sus fortunas y poder personales.

No están sujetos a fiscalizaciones

Esto es falso. Claro, no están sujetos a las mismas fiscalizaciones que los taxistas, pero los taxistas tampoco están sujetos a ser fiscalizados por Uber.

Primero, todo vehículo en circulación está sujeto a ser fiscalizado por las autoridades competentes, no sólo los taxis. Carabineros de vez en cuando hace estas fiscalizaciones, donde revisan todo tipo de vehículos, incluyendo los particulares, para verificar que todo esté en orden, desde los documentos, hasta la revisión técnica, implementos de seguridad y componentes reglamentarios.

Ya por lo anterior es falsa la afirmación de Navarrete, pero resulta que los conductores de Uber son fiscalizados por la misma empresa. Uber exige que sus conductores tengan sus vehículos en regla, y en perfectas condiciones. Por otro lado, los mismos usuarios actúan como fiscalizadores por medio de las funciones de evaluación y comentario disponibles en la aplicación. Si un conductor tiene malo un foco, el usuario puede calificar negativamente al conductor, y dejar el comentario. Uber incluso puede expulsar a conductores por no cumplir con sus estándares mínimos, que son más estrictos que los para los taxis, ya que no sólo incluyen detalles técnicos, sino que además cubren cosas como pulcritud, limpieza, etc. Además de que Uber no admite vehículos viejos, mientras que los taxistas generalmente utilizan modelos inferiores.

Como podemos ver, no sólo es falso que no están sujetos a fiscalización, sino que además funcionan bajo estándares más altos que los taxistas.

Competencia desleal

Se ha utilizado mucho este argumento de la “competencia desleal”, pero el término se está usando de forma totalmente errónea. Competencia desleal es un término utilizado para describir a la práctica del dumping, es decir, de cobrar menos que el costo con el fin de eliminar a la competencia y así poder cobrar mucho más que al inicio. Más allá de que esa técnica nunca ha funcionado realmente, no tiene nada que ver con lo que hace Uber. Uber no cobra por debajo de sus costos. Es más, cobra por encima de estos, por eso es que genera utilidades y no pérdidas, que es lo que sucedería si practicara competencia desleal así definida. Pero hay otra posible definición del término, que yo considero mejor: cobrar precios artificialmente bajos gracias a subsidios estatales. Evidentemente Uber no recibe ninguna clase de subsidio estatal, a diferencia de empresas como CODELCO, ENAP, BancoEstado o EFE. Esas empresas sí practican competencia desleal, Uber no.

Dicho eso, es evidente que el término se está usando no para referirse a su definición más técnica, económica, sino que en realidad lo que se está diciendo es que es injusto para los taxistas tener que operar con costos mayores que los que tienen los conductores de Uber. El primer problema ahí es que esos costos (licencia clase A, patentes amarillas, etc.) fueron en buena parte solicitados por el lobby del taxi, para que sirvieran de barrera de entrada artificial y así reducir su competencia en una movida de proteccionismo mercantilista puro y duro. Esto se hace evidente cuando el reclamo obvio, que sería pedir que les quiten esos costos innecesarios, no es el que hacen los taxistas. Como buen lobby mercantilista, lo que pide no es la reducción de las barreras de entrada, sino que la imposición de estas a la competencia más eficiente. Es más, a los taxistas se les dá el privilegio de poder utilizar gas natural como combustible, que es mucho más económico que la bencina o el diesel. Es evidente que si se desea una cancha pareja y mejorar la calidad del servicio, lo que se debe hacer es eliminar la obligatoriedad de la licencia clase A para transportar pasajeros con fines de lucro, de tener patente amarilla para idem, entre otras barreras de entrada innecesarias y obsoletas, además de eliminar la restricción del uso de gas natural para el resto de gente.

Conclusión

Tal vez sea cierto que Uber no es legal. Pero si no lo es, es por meras tecnicalidades y por leyes obsoletas o que derechamente siempre fueron innecesarias, es decir, en tal caso Uber no debiera ser ilegal. Lo que me parece en todo caso es que demostrar en juicio la ilegalidad del servicio será mucho más difícil que lo que a algunos les parece. Al margen de eso, es indiscutible que la calidad del servicio es superior y que los precios son de un tercio o menos que lo que cobra un taxi tradicional. Impedir el funcionamiento de un servicio que tanto beneficia a la sociedad sería no sólo un despropósito, sería derechamente un acto de locura o avaricia.

Porqué la ley no debe castigar la colusión, y qué debiera hacerse en lugar de eso

Nota: Este texto está basado en una serie de columnas publicadas en el diario El Pingüino de Punta Arenas, que pueden encontrarse acá, acá, y acá.

Cuando una persona decide vender algo que le pertenece, ella decide el precio que está dispuesta a aceptar para llevar a cabo el intercambio. Ese precio no tiene porqué guardar alguna relación con el que otra gente está cobrando, ni con ningún “nivel general de precios”. El propietario tiene derecho a decidir ese precio de manera arbitraria. Por esto es que no tiene sentido hablar de “manipulación de precios”. El precio no es algo externo a la transacción, pues cada quien ofrece el que le da la gana para cada transacción particular.

De forma equivalente, los compradores no tienen derecho de decirle al dueño cuánto cobrar, pero tienen todo el derecho de no comprar si no les parece bien el precio ofrecido. Nadie está (o debiera estar) obligado a comprar (ni a vender) nada a nadie. Es el comprador el que decide el precio al que está dispuesto a comprar, no los “niveles de precios” u otros factores. Todo esto es independiente de cómo es que una persona u otra decide ese precio al que está dispuesto a llevar a cabo la transacción.

Para entender esta simetría, es clave darse cuenta que una compraventa no es más que un trueque. En un trueque, ¿quién es el vendedor: el que entrega papas a cambio de pescado, o el que entrega pescado a cambio de papas? La respuesta es que ambos son compradores y vendedores a la vez. Una compraventa por dinero no es más que un trueque donde una de las partes entrega dinero. Por esto es perfectamente razonable y válido decir que una de las partes está vendiendo dinero a cambio de otros bienes o servicios, y que su contraparte está comprando dinero. Por ejemplo, uno podría ver al supermercado no como vendedor de abarrotes, sino como un comprador de dinero, y que lo paga con abarrotes. En esencia, distinguir un comprador de un vendedor no tiene mucho sentido, pues simplemente son contrapartes en un intercambio. Ambos son vendedores y compradores a la vez.

Si se tratara a la colusión como un delito, habría que castigar también a un grupo de clientes que se ponen de acuerdo para no comprar alguna cosa por sobre cierto precio, o a un grupo de empleados que se ponen de acuerdo para no vender sus servicios laborales a menos de cierto precio. Esto último incluso se trata como un derecho, en la forma de la sindicalización, e incluso se le da privilegios a los proveedores de servicios laborales coludidos, como por ejemplo, se prohíbe a su cliente dejar de contar con sus servicios (fuero). Esto que nos parecería de lo más escandaloso en algunos servicios, curiosa e incoherentemente se tolera y promueve en otros. Incluso hay grupos que abiertamente promueven la colusión forzada por ley de todos los proveedores de servicios laborales. Eso ya debería hacer pensar a uno que hay algo de extraño en todo este asunto de castigar la colusión, algún problema fundamental.

Otro asunto es que la “concentración de mercado” -uno de los requisitos que suelen enunciarse para que supuestamente tenga validez la acción estatal contra alguna colusión- se analiza por rubro. ¿Porqué? La razón simple sería que si no se hiciera así, nunca se podría castigar nada, porque no existe la concentración de mercado completo, sin distinguir rubros. No hay empresas que concentren una porción tan grande como para decir que tienen “poder de mercado”. Pero el problema concreto con dividir el mercado por rubros, es que la definición de un “rubro” es arbitraria. ¿Hablamos del rubro de los transportes en general, o sólo del transporte interurbano de pasajeros en buses? ¿Es sólo el rubro del jamón laminado de cerdo, o el rubro del jamón laminado de cualquier animal, o incluso el rubro del cerdo o de la carne en general, o incluso de los alimentos en general? ¿Qué tan fino corresponde hilar? Bien puede ser que las compañías de buses interurbanos se hayan puesto de acuerdo en cuánto cobrar, pero ellas igual tienen como competencia los trenes, aviones, taxis, vehículos particulares, etc. Y eso sólo hablando de “transporte de pasajeros”. La compañía de buses no sólo debe convencer a sus prospectivos clientes de que la deben preferir por sobre otros medios de transporte, sino también por sobre otros usos que le puede dar a ese dinero y tiempo, como ir a un cine o restaurante, en vez de viajar. Entonces la competencia no es sólo dentro del “rubro”, como sea que se lo defina, sino que con todas las demás alternativas que tiene la persona para usar sus recursos (tiempo, dinero…), incluyendo no comprar nada, ahorrar.

Esto sin olvidar el porcentaje del “rubro” que deben concentrar las empresas coludidas para considerar que se las puede castigar, cifra que también es arbitraria. ¿Por qué castigar cuando las empresas acumulan, por ejemplo, el 75% del “rubro” y no 70% u 80%, o incluso 50% ó 99%? Al final del día, la extensión del rubro y su proporción de “dominio” se determinan de manera arbitraria para cada caso, por lo que los castigos serían también arbitrariamente impartidos. ¿Cómo puede ser esto justo?

Para que un intercambio sea justo, éste debe ser voluntario y se deben respetar los términos acordados (como precio y calidad). Si no se respeta lo primero, estamos frente a un robo y si no se respeta lo segundo, es estafa. Pero en un caso de colusión, no se dá ni lo uno ni lo otro, no hay engaño ni agresión. Hay que recordar que el precio no es algo externo; no tiene que guardar relación alguna con “niveles generales de precios”, por lo que el que se cobre más, menos, o igual que el resto no es relevante. También es irrelevante el modo en que el propietario decida a cuánto está dispuesto a vender sus pertenencias, sea que lo decida por su cuenta, o que lo haga en conjunto con otras personas.

Como ven, no tiene sentido que un tribunal castigue la colusión. Esa idea está basada en una mala comprensión o completa ignorancia de las transacciones, de cómo se forman los precios, y de lo que constituye competencia para un negocio.

Sin embargo, dado que el castigo legal a la colusión se justifica mediante la afirmación de que se busca mejorar la situación que habría sin esta intervención estatal, no quiero dejar de dar sugerencias de cómo mejorar de verdad la situación. Para poder hacer ese tipo de sugerencias se necesita tener una comprensión mínima y básica de cómo funciona la sociedad, la economía, por lo que no podemos confiar en quienes han propuesto castigar la colusión. ¿Qué hacer entonces?

La propuesta es simple (aunque probablemente difícil de implementar, pero ese es otro tema): reducir la presión fiscal sobre la sociedad. Por presión fiscal me refiero a todo costo impuesto por el Estado a cualquier actividad humana legítima (que no implique un daño no consentido a otros). Acá incluyo cosas como la regulación estatal de la actividad de las personas, los impuestos y cosas similares. Todo esto aumenta los costes que tienen las personas; por ende lo que logra es que los precios tiendan a subir (es decir, que el precio del dinero tienda a bajar). Las cosas se vuelven más costosas cuando se suben los impuestos; esto es algo por todos sabido. Pero no todos se dan cuenta que si se obliga a las empresas a, por ejemplo, tener más infraestructura de la que tendrían de otro modo, también se presionan al alza los precios. No sólo eso, también se presionan los sueldos a la baja. Esto porque se fuerza que tengan mayores costos, y cuando los costos suben, no sólo bajan las utilidades y suben los precios, sino que en el mediano a largo plazo también disminuyen los sueldos que pagan. Algunas empresas podrían quebrar o cerrar a causa de esto, lo que significa que se pierden empleos. Y lo que interesa para el caso en discusión: al haber menos empresas, hay más “concentración”.

Para ser más concreto, el tipo de medidas que se requieren para mejorar la situación actual incluye por ejemplo eliminar aranceles y barreras de exportación e importación, bajar impuestos, eliminar buena parte de la regulación estatal a la actividad privada (especialmente la regulación laboral que sólo daña a empleados y consumidores), etc. En suma, reducir la burocracia que impide la libre competencia, e instaurar una sociedad más libre.

Castigar la colusión no sólo sería injusto, entonces, sino que además inefectivo y dañino, especialmente en cuanto se distrae la atención del verdadero problema: el costo que tiene el Estado para la sociedad. Si lo que se desea evitar es la concentración, sin perjudicar a la sociedad al hacer que todo se vuelva más costoso, sino que al contrario, que todo se vuelva más económico, haya más empleo, mejores remuneraciones, y así aumente la prosperidad de todos, es claro que lo que se debe hacer es reducir la presión fiscal y el intervencionismo estatal sobre la sociedad.