Pensiones: Mejoras y retrocesos

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Dusan Vilicic Held
Asociación Liberal de Magallanes (ALMA)

Esta columna se publicó el 3 de septiembre del 2015 en el diario El Pingüino de Punta Arenas.

Cuando se habla de pensiones, hay varias propuestas que se hacen para mejorar sus prestaciones. La más recurrente es volver a un sistema estatal de reparto forzado que se ha demostrado insostenible y hasta impracticable aquí y en la quebrada del ají. A pesar de ello, sus proponentes perseveran, sin inmutarse.

Uno de los argumentos que suelen esgrimir es que las FFAA y del orden poseen un sistema así, gestionado por CAPREDENA y DIPRECA, el cual es solvente, supuestamente. Pero hay que apuntar que los beneficiarios de este sistema son pocos, relativos a la cantidad de gente que sufraga esos gastos, que somos todos los contribuyentes, sin importar que no vayamos a beneficiarnos de él. Y es sólo por este hecho que el sistema es solvente. Tan pronto como este se tratara de extender al resto de la población, dejaría de ser capaz de dar las mismas prestaciones, o en su defecto exigiría de todos nosotros un gran aumento en las contribuciones al sistema, posiblemente del doble de lo que se paga hoy en el sistema actual, o incluso más. Lo mismo sucedería si el sistema pasase a ser financiado sólo por aportes de los futuros beneficiarios. A mucha gente ya le cuesta llegar a fin de mes con el sistema actual que extrae un 12% de sus ingresos; sólo cabe imaginar lo difícil que sería con un sistema de reparto que extraería un 20% o más. Si lo que se busca es mejorar la calidad de vida, esta no es una vía para avanzar; al contrario, sería un terrible retroceso que dañaría principalmente a las personas de menores ingresos, y eso deviene inmoral y antiético.

Si lo que se desea es lograr una mejora, empoderar a la ciudadanía, y proveer mayor seguridad, la solución pasa por liberalizar fuertemente la economía. Dos de los principales motivos por los que las pensiones actuales son relativamente bajas son las llamadas “lagunas previsionales”, y los bajos salarios percibidos por los cotizantes. Liberalizar la economía -esto es, reducir la carga impositiva y regulatoria, y liberar mercados a la competencia- permitiría solucionar ambas cosas. Una economía más libre sería mucho más dinámica y fuerte, lo que significa muchas más y mejores oportunidades laborales. Con más empleo, se reducen enormemente las lagunas, y con mejor empleo, se aumentan los ingresos y, por consecuencia, el monto ahorrado. Eso redundaría finalmente en mayores pensiones y más seguridad, tanto laboral, como en la vejez. Además, en una economía así, los precios reales serían mucho menores, lo que se suma a los beneficios anteriormente mencionados para hacer aún mejores las condiciones para empleados y pensionados.

Queda claro entonces que un retorno al sistema de reparto sería, sin duda, un retroceso, especialmente para la gente de menores ingresos. Y por otro lado también queda claro que un avance hacia una economía más libre sería un gran mejora para todos.


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Mejores Pensiones: ¡Menos Intervención Estatal!

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Dusan Vilicic Held
Asociación Liberal de Magallanes (ALMA)

Esta columna se publicó el 23 de agosto del 2015 en el suplemento Análisis del diario El Pingüino de Punta Arenas.

En mi última columna -publicada el 15 de agosto del 2015- traté de mostrar porqué volver a un sistema de reparto no es una buena idea. Básicamente porque su rendimiento sería peor, requeriría de que los aportes obligatorios aumenten al doble o más de lo que son hoy, el Estado tendría que gastar más recursos, y además no cumplen con sus promesas en el largo plazo, debiendo ser constantemente reducidas las prestaciones.

Entonces, la pregunta queda: ¿Cómo mejorar el desempeño del sistema de AFP? Sabemos que las comisiones son de alrededor de un 11% sobre la cotización para los aportes obligatorios y alrededor de la mitad de eso para los aportes voluntarios. Si lo que se desea es que las comisiones sean más bajas, existen dos formas efectivas y sustentables: reducción de costos y más competencia. Lo primero se logra liberalizando el rubro, especialmente mediante la eliminación de exigencias innecesarias que imponen costos adicionales a las AFP. Lo segundo se logra eliminando regulaciones estatales que restringen la libre competencia, permitiendo cosas como que la gente cotice en otras instituciones (por ejemplo mutuales o bancos), y reduciendo la tasa de aporte forzado. Exploremos ambas.

Hoy en día, las AFP tienen muchos costos que son claramente prescindibles. Probablemente, el más grande es que deben pagar impuestos, los cuales reducen la rentabilidad que obtienen sus afiliados. Por ejemplo, un vacío legal ha permitido que el Estado cobre un impuesto a las inversiones de las AFP del que el resto está exento. Se estima que como consecuencia, los ahorrantes dejan de percibir unos 120 millones USD anuales, lo cual asciende a unos 4 mil millones USD desde que se instauró el sistema actual de AFP. Es más, los últimos aumentos impositivos empeoran esto[1]. Eximir de impuestos a las AFP y sus inversiones significaría una gran reducción de costos que no sólo aumentaría la rentabilidad de los fondos, sino que también produciría una reducción en las comisiones.

De igual manera se puede lograr una reducción en las comisiones por la vía de la disminución del aporte forzado. La lógica es simple: las comisiones del aporte forzado son el doble de caras que las del Aporte Previsional Voluntario (APV)[2][3], por lo que el ahorrante gastaría menos en comisiones si no hubiera cotización obligatoria. Además, así las AFP deben volverse más atractivas para los ahorrantes, ofreciendo mejores prestaciones y rentabilidades, y menores comisiones. Por último, permitir que la gente ahorre en otro tipo de instituciones tiene el mismo efecto, pero también significaría que la gente sería libre de optar por participar de una institución privada que funcione en base a un régimen de reparto, si así lo prefiere. Este tipo de instituciones existían en el pasado, antes de la existencia de los sistemas estatales de pensiones, y al ser privadas, es automática la regulación de su sustentabilidad y prestaciones. Esta competencia adicional también presionaría a la baja las comisiones de las AFP.


[1] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2014/02/Serie_de_Estudios_N_91_Dano_Tributario.pdf

[2] http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/inf_afiliados/estcom_v.html (Afiliados y no afiliados Septiembre 2015)

[3] http://www.safp.cl/safpstats/stats/apps/estcom/estcom.php?fecha=20151101 (Noviembre 2015)


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Mejores Pensiones: ¿No más AFP?

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Dusan Vilicic Held
Asociación Liberal de Magallanes (ALMA)

Esta columna se publicó el 16 de agosto del 2015 en el suplemento Análisis de el diario El Pingüino de Punta Arenas.

Mucho se ha hablado de las bajas pensiones que ofrece el sistema de AFP. En este contexto, se ha vuelto recurrente sugerir un retorno al sistema de pensiones de reparto, bajo el argumento de que eso garantizaría la mejora de las mismas y una mejor calidad de vida para todos. Lamentablemente, esta afirmación no tiene fundamento por varios motivos.

El primero es que un sistema de pensiones de reparto pone muchísima presión sobre las finanzas estatales. Por ejemplo, en los EE.UU., el sistema de pensiones consume alrededor del 24% del gasto estatal[1] y se proyecta que pronto aumentará a más del 30%. En Alemania es más del 47%, mientras que en Finlandia supera el 40% y en Suecia, el 33%[2]. Por su parte, en Chile es poco más del 4%[2][3], lo que significa que para tener un sistema de pensiones estatal de reparto, el Estado probablemente tendría que gastar mucho más en este ítem, lo que implicaría un aumento de gastos en pensiones de unas 6 veces el presupuesto actual. Teniendo en cuenta la estrechez fiscal del Estado de Chile, incrementar el gasto estatal a ese nivel es probablemente imposible.

El segundo es que los sistemas estatales de reparto se financian con un impuesto a la renta adicional que se mueve entre 15% y 50% de los ingresos de la persona; muy superior al 10% del que existe actualmente en Chile. Esto es consistente con la cotización obligatoria en el sistema de reparto que había previamente, donde variaba entre un 20%, hasta más del 50%. Está claro que los empleados chilenos que se espera en el futuro perciban pensiones bajas no podrían renunciar a un 20% más de sus ingresos, lo que potencialmente significaría en muchos casos una condena a muerte.

El tercero es que el rendimiento de estos programas es muy inferior al sistema de AFP, más o menos de un 50% a un 20% menor, peso por peso aportado[4]. Es decir, en el sistema chileno de AFP, por cada 100 pesos que uno aporta, recibe de vuelta entre 20 y 50 pesos más de lo que recibiría por esos mismos 100 pesos en algún sistema estatal de reparto. De hecho, se sabe que actualmente más del 74% de los fondos que manejan las AFP corresponde a la rentabilidad, y sólo un cuarto corresponde a las cotizaciones[5].

El cuarto es que los sistemas estatales de reparto son famosos por sus recurrentes bancarrotas, es decir, que suelen incumplir sus promesas de pago, y las prestaciones que una persona finalmente recibe suelen ser mucho menores que las que se le prometieron cuando comenzó a aportar. Incluso el sistema alemán ha quedado numerosas veces en bancarrota en los últimos años, habiéndose tenido que modificar sus prestaciones muy seguido, por ejemplo en 1992, 1999, 2001, 2004, 2007 o 2014, entre otros. Estas razones son, a mi juicio, suficientemente contundentes para entender que el sistema estatal de reparto no sólo es impracticable en Chile, sino que, asumiendo que lo fuera, terminaría entregando pensiones menores a las que entrega el sistema actual.


[1] http://www.cbpp.org/research/policy-basics-where-do-our-federal-tax-dollars-go

[2] https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_AGG

[3] http://www.dipres.gob.cl/595/articles-90993_doc_pdf.pdf

[4] http://voces.latercera.com/2015/06/28/sebastian-edwards/mi-pobre-jubilacion-californiana/

[5] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2014/10/Boletin-AAFP-Octubre-2014.pdf


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