Socialismo neoliberal nórdico

Estoy bastante aburrido de que los variados socialistas miren a países como Finlandia o Suecia y digan “esos son países socialistas y por eso son tan prósperos y la gente de allá vive tan bien”. Eso es una gran mentira. Muy similar a la mentira de que Chile es “la Norcorea del neoliberalismo”. Para desmentir estos mitos, voy a hacer una comparación simple entre Chile y los diferentes países que el World Economic Forum considera “los diez más felices”. La lista me pareció interesante no tanto por ser “más felices”, sino que porque son países muy prósperos, que están entre los con más libertad económica según los índices que tratan de medir esto, y que además incluye a los países escandinavos “socialistas” más promimentes. Lo que compararé son varios agregados que reflejan el nivel de “socialismo” y de “neoliberalismo” (según la concepción de la gente que mencioné antes), según el índice de libertad económica de The Heritage Foundation (lo uso porque tiene mejor presentación y es más accesible que el índice del The Fraser Institute). Un número más alto significa “más neoliberal” o “menos socialista”, o “menos corrupción”.

Partamos con Chile:

  • Regulación laboral: 64.3
  • Regulación empresarial: 72.1
  • Derechos de propiedad: 85
  • Gasto estatal: 83.1
  • Impuestos: 74.8
  • Corrupción: 73

Como se puede ver, tenemos (en realidad tuvimos, la información es de hace un par de años) bastante regulación estatal de la actividad económica, pero impuestos relativamente bajos (como la información es vieja no cuenta aún el impuestazo de Bachelet). El nivel de corrupción no es alto, pero tampoco es tan bajo como para no ser preocupante. El nivel de protección a los derechos de propiedad privada es decente, pero no especialmente alto, claramente no tanto como para ser motivo de celebración.

Ahora veamos los países de la lista de “más felices” (entre paréntesis la diferencia con Chile):

socialismo-neoliberal-nordico

  • Australia:
    • Regulación laboral: 77.2 (+12.9)
    • Regulación empresarial: 89.4 (+17.3)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 62 (-21.1)
    • Impuestos: 63.2 (-11.6)
    • Corrupción: 80 (+7)
  • Canadá:
    • Regulación laboral: 72.6 (+8.3)
    • Regulación empresarial: 81.8 (+9.7)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 50.4 (-32.7)
    • Impuestos: 80 (+5.2)
    • Corrupción: 81 (+8)
  • Dinamarca:
    • Regulación laboral: 86 (+21.7)
    • Regulación empresarial: 95.4 (+23.3)
    • Derechos de propiedad: 95 (+10)
    • Gasto estatal: 2.3 (-80.8)
    • Impuestos: 39.5 (-35.3)
    • Corrupción: 92 (+19)
  • Finlandia:
    • Regulación laboral: 53.7 (-10.6)
    • Regulación empresarial: 90.7 (+18.6)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 0.8 (-82.3)
    • Impuestos: 66.5 (-8.3)
    • Corrupción: 89 (+16)
  • Islandia:
    • Regulación laboral: 61.6 (-2.7)
    • Regulación empresarial: 90.1 (+18)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 42.1 (-41)
    • Impuestos: 73.3 (-1.5)
    • Corrupción: 79 (+6)
  • Países Bajos:
    • Regulación laboral: 64 (-0.3)
    • Regulación empresarial: 80 (+7.9)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 34.4 (-48.7)
    • Impuestos: 52.7 (-22.1)
    • Corrupción: 83 (+10)
  • Noruega:
    • Regulación laboral: 48 (-16.3)
    • Regulación empresarial: 89.6 (+17.5)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 41.8 (-41.3)
    • Impuestos: 53.2 (-21.6)
    • Corrupción: 86 (+13)
  • Nueva Zelanda:
    • Regulación laboral: 85.9 (+21.6)
    • Regulación empresarial: 91.4 (+19.3)
    • Derechos de propiedad: 95 (+10)
    • Gasto estatal: 46 (-37.1)
    • Impuestos: 71 (-3.8)
    • Corrupción: 91 (+18)
  • Suecia:
    • Regulación laboral: 53.5 (-10.8)
    • Regulación empresarial: 89.7 (+17.6)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 14.9 (-68.2)
    • Impuestos: 44.4 (-30.4)
    • Corrupción: 87 (+14)
  • Suiza:
    • Regulación laboral: 72.1 (+7.8)
    • Regulación empresarial: 82.2 (+10.1)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 66.3 (-16.8)
    • Impuestos: 70.9 (-3.9)
    • Corrupción: 86 (+13)

Lo que podemos ver inmediatamente es que todos los países tienen menos regulación a las empresas, más protección a los derechos de propiedad privada, menos corrupción, pero más impuestos (con la excepción de Canadá) y más gasto estatal. La minoría tienen más regulación laboral que acá, dos tienen una cantidad similar a la chilena y la mitad tienen mucha menos regulación laboral que Chile. Ya con esto se cae la idea de que Chile es “la Norcorea del neoliberalismo”, pues en esos países la regulación estatal es mucho menor (más “neoliberalismo” y confianza en la “autorregulación del mercado”). Pero sigamos el análisis.

Los países que tienen más regulación laboral que Chile tienen alguna combinación de impuestos más bajos y menor regulación a las empresas, en comparación con los países que tienen menos regulación laboral, lo que sugiere un trade-off, un balance entre esas cosas. Lo cual tiene sentido, la regulación laboral, impuestos, y la regulación a las empresas son un lastre para la actividad privada de las personas, por lo que si se aumenta una de esas cosas, hay que disminuír alguna las otras en alguna combinación para compensar.

Se nota que en estos países se valora la libertad para llevar a cabo una empresa, lo cual para la lógica de quien cree que “Chile es la Norcorea del neoliberalismo” significaría que esos países no son “más socialistas” ni “menos neoliberales”, todo lo contrario. Se demuestra un nivel alto de confianza en los empresarios para llevar a cabo sus negocios, y en las empresas para generar prosperidad y bienestar de la manera que consideren mejor.

Se ve también más confianza en el manejo privado de la propiedad, lo que refleja en la consistencia con que se protejen más los derechos de propiedad privada. Eso implica cosas como menos poder y discreción estatal para expropiar y confiscar, más garantías a los propietarios de que cualquier daño a su propiedad será castigada o resarcida, etc. Esto claramente es un signo de “neoliberalismo” más que de “socialismo”.

Otra cosa que se puece observar es que hay menos corrupción en el Estado en todos esos países. Personalmente creo que eso viene como consecuencia de factores culturales, que a su vez vienen influídos por el hecho de que todos esos países han sido muy libremercadistas a lo largo de la historia, especialmente desde el siglo 19 en adelante, con relativamente breves lapsos estatistas. Cuando el sistema es muy de libre mercado, con prácticamente nada de provisión estatal de servicios educacionales, médicos, seguros, pensiones, redistribución, subsidios empresariales, barreras comerciales, etc. lo que resulta es que ese ambiente genera, por fuerza de necesidad, una cultura muy emprendedora, empresarial, solidaria, de responsabilidad individual y de honestidad, que no sólo es un caldo de cultivo ideal para la prosperidad, sino que además tiene como consecuencia un nivel muy bajo de corrupción en los funcionarios estatales.

Respecto del gasto estatal, es evidente que se hace posible un gasto así de grande en estos países gracias a que esto se compensa con alguna combinación de bajos impuestos y regulación, lo que produce una mayor y más fuerte actividad económica generadora de impuestos. Es decir, algunos países tienen impuestos altos, pero muy poca regulación laboral y a las empresas (como Dinamarca), otros tienen más regulación laboral pero menos impuestos (como Islandia), y también está el caso de Noruega que financia su gasto estatal mediante la estatización de alguna empresa o recurso importante (de forma similar a Chile). Además tenemos los casos de Canadá y Australia, que van más por la moderación, teniendo impuestos y gasto estatal un menores al resto, y compensando con un poco menos de regulación laboral que el resto.

Es claro que los países nórdicos son todo menos “socialistas”, y que de hecho son mucho más “neoliberales” que Chile (siempre según la concepción antes mencionada). Además, el mito de que “Chile es la Norcorea del neoliberalismo” se demuestra claramente sin base, siendo que estos países supuestamente “socialistas” tienen un mercado mucho más desregulado, mayor protección a los derechos de propiedad privada y en general menos regulación laboral. También se hace evidente que hay un trade-off entre impuestos y regulación, debiendo compensar el aumento en una cosa, con una reducción de la otra. Una última cosa que se hace evidente es que el nivel de impuestos es menos determinante del bienestar que la regulación estatal. Un cierto aumento en impuestos requiere una reducción menor de la regulación estatal para compensar, lo que explica el éxito relativo de estos países. Lo cual no quita que tendrían un mejor desempeño si además de tener poca regulación estatal, tuvieran también un bajo nivel de impuestos y gasto estatal (para ver eso se tendrían que haber incluído países como Liechtenstein, Singapur y Hong Kong al análisis – tal vez en otra ocasión). La libertad funciona, como decía el slogan de Students for Liberty.

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Mejores Pensiones: ¡Más Libertad!

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Dusan Vilicic Held
Asociación Liberal de Magallanes (ALMA)

Esta columna se publicó el 28 de agosto del 2015 en el diario El Pingüino de Punta Arenas.

En mis anteriores columnas expliqué por qué un sistema estatal de reparto no es conveniente ni practicable, y también propuse algunas formas en que se podría lograr una bajada en las comisiones que cobran las AFP. Pero reducir las comisiones, incluso a la mitad, no tiene un impacto demasiado grande en el monto final de las pensiones, pues ya son relativamente bajas[1][2]. Por ello es que lo anterior, por sí solo, no es realmente una gran mejora. Hay que lograr la mejora más importante: la de los rendimientos sobre la inversión. Esto no es algo fácil, ya que en sí no son bajos; aproximadamente tres cuartos del dinero en los fondos corresponden a rentabilidad[3].

Para ello propongo tres cosas. Primero, dar libertad a las AFP para invertir donde y de la forma que consideren mejor. Esto permitiría a las AFP hacerlo en áreas que bien podrían ser más rentables que aquellas a las que están limitadas actualmente, lo que aumentaría los rendimientos para los ahorrantes, si la AFP hace bien su trabajo. Por ejemplo se ha estimado que los fondos podrían haber tenido un rendimiento hasta 30% superior si no hubiera restricciones a la inversión en el extranjero[4][5].

Segundo, libertad de ahorro: que cada quien pueda ahorrar cuanto desee, donde prefiera. El que los cotizantes obtengan completo control sobre sus ahorros, y no estén obligados a ponerlos en una institución que no les dé confianza o que no les guste, ya es de por sí una mejora. Pero lo importante es que esto controla el riesgo que asumen las instituciones de gestión de ahorro, pues la gente preferirá otra AFP o institución (ej. un banco), u otra forma diferente de previsión (ej. mutuales, aseguradoras), sí considera que su AFP se está arriesgando demasiado en sus inversiones.

Tercero, una reducción de impuestos generalizada. Una reducción en la carga fiscal tendría varios efectos benéficos. Por un lado, haría que los precios bajen, lo cual significa que incluso sin aumentar las pensiones, se puede adquirir más con la misma cantidad de dinero, lo que ya es un aumento real de éstas. Por otro lado, haría que las utilidades y dividendos percibidos por los fondos aumenten, lo que implica un mayor rendimiento de éstos, además de incentivar la creación de empleos y alzas salariales. Sin olvidar la reducción en las comisiones que mencioné en mi columna anterior.

En resumen, pasar a un sistema de pensiones de reparto no mejoraría la situación, e incluso sería impracticable, especialmente en las condiciones actuales. Una mejor solución pasa, en cambio, por una menor intervención estatal en el rubro del ahorro y una mayor libertad, tanto para ahorrantes como para las empresas e instituciones del rubro. Mejor aún si a esto lo acompaña una fuerte liberalización de las demás áreas de la economía. Finalmente, creo importante entender que en ningún lugar se pueden tener grandes pensiones si no se tiene un sector privado fuerte y dinámico, y para tener eso es necesaria una liberalización generalizada.

[1] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2012/07/estudios78.pdf

[2] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2012/07/Comisiones.pdf

[3] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2014/10/Boletin-AAFP-Octubre-2014.pdf

[4] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2012/07/EstudioIE.pdf

[5] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2012/07/LExtranjero.pdf

Mejores Pensiones: ¿No más AFP?

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Dusan Vilicic Held
Asociación Liberal de Magallanes (ALMA)

Esta columna se publicó el 16 de agosto del 2015 en el suplemento Análisis de el diario El Pingüino de Punta Arenas.

Mucho se ha hablado de las bajas pensiones que ofrece el sistema de AFP. En este contexto, se ha vuelto recurrente sugerir un retorno al sistema de pensiones de reparto, bajo el argumento de que eso garantizaría la mejora de las mismas y una mejor calidad de vida para todos. Lamentablemente, esta afirmación no tiene fundamento por varios motivos.

El primero es que un sistema de pensiones de reparto pone muchísima presión sobre las finanzas estatales. Por ejemplo, en los EE.UU., el sistema de pensiones consume alrededor del 24% del gasto estatal[1] y se proyecta que pronto aumentará a más del 30%. En Alemania es más del 47%, mientras que en Finlandia supera el 40% y en Suecia, el 33%[2]. Por su parte, en Chile es poco más del 4%[2][3], lo que significa que para tener un sistema de pensiones estatal de reparto, el Estado probablemente tendría que gastar mucho más en este ítem, lo que implicaría un aumento de gastos en pensiones de unas 6 veces el presupuesto actual. Teniendo en cuenta la estrechez fiscal del Estado de Chile, incrementar el gasto estatal a ese nivel es probablemente imposible.

El segundo es que los sistemas estatales de reparto se financian con un impuesto a la renta adicional que se mueve entre 15% y 50% de los ingresos de la persona; muy superior al 10% del que existe actualmente en Chile. Esto es consistente con la cotización obligatoria en el sistema de reparto que había previamente, donde variaba entre un 20%, hasta más del 50%. Está claro que los empleados chilenos que se espera en el futuro perciban pensiones bajas no podrían renunciar a un 20% más de sus ingresos, lo que potencialmente significaría en muchos casos una condena a muerte.

El tercero es que el rendimiento de estos programas es muy inferior al sistema de AFP, más o menos de un 50% a un 20% menor, peso por peso aportado[4]. Es decir, en el sistema chileno de AFP, por cada 100 pesos que uno aporta, recibe de vuelta entre 20 y 50 pesos más de lo que recibiría por esos mismos 100 pesos en algún sistema estatal de reparto. De hecho, se sabe que actualmente más del 74% de los fondos que manejan las AFP corresponde a la rentabilidad, y sólo un cuarto corresponde a las cotizaciones[5].

El cuarto es que los sistemas estatales de reparto son famosos por sus recurrentes bancarrotas, es decir, que suelen incumplir sus promesas de pago, y las prestaciones que una persona finalmente recibe suelen ser mucho menores que las que se le prometieron cuando comenzó a aportar. Incluso el sistema alemán ha quedado numerosas veces en bancarrota en los últimos años, habiéndose tenido que modificar sus prestaciones muy seguido, por ejemplo en 1992, 1999, 2001, 2004, 2007 o 2014, entre otros. Estas razones son, a mi juicio, suficientemente contundentes para entender que el sistema estatal de reparto no sólo es impracticable en Chile, sino que, asumiendo que lo fuera, terminaría entregando pensiones menores a las que entrega el sistema actual.

[1] http://www.cbpp.org/research/policy-basics-where-do-our-federal-tax-dollars-go

[2] https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_AGG

[3] http://www.dipres.gob.cl/595/articles-90993_doc_pdf.pdf

[4] http://voces.latercera.com/2015/06/28/sebastian-edwards/mi-pobre-jubilacion-californiana/

[5] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2014/10/Boletin-AAFP-Octubre-2014.pdf

El sistema de reparto en Chile previo a 1980

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A continuación dejaré extractos del libro Soluciones Privadas a Problemas Públicos, de Libertad y Desarrollo. El autor de los extractos es Luis Larraín. En ellos se describe a grandes rasgos varias características del sistema de reparto en Chile, como existió hasta 1980, año de la reforma previsional que implementó el Gobierno Militar de la época.

Pese a que en Chile se suele hablar del sistema de previsión antiguo como algo homogéneo, lo cierto es que éste estaba formado por una gran cantidad de distintos regímenes. Los diferentes regímenes, que ascendían a más de 100 en las 32 Cajas de Previsión existentes en 1979, establecían diferentes requisitos para jubilar, niveles de pensiones y mecanismos de cálculo de beneficios para diversos grupos de trabajadores. Los más perjudicados con esta diversidad eran los más pobres (obreros del Servicio de Seguro Social o SSS), que sumaban un 65% de los imponentes activos en 1979, y no tenían derecho, por ejemplo, a pensiones de antigüedad que permitían a otros grupos jubilar con 42 años de edad. Los obreros, pese a realizar los trabajos físicos más pesados, sólo podían jubilar a los 65 años y además recibían un porcentaje menor de la renta imponible como pensión en relación a Cajas de otros sectores de trabajadores. En la Caja Bancaria, la del Banco de Chile y la del Banco del Estado la edad exigida para jubilar por vejez era de 55 años. La jubilación por antigüedad les permitía rebajar aún más esa edad. (…)

Pese a que en su concepción inicial el sistema antiguo pretendía ser solidario, la redistribución de ingreso, que resultaba del juego de poder que se traducía en legislaciones especiales para distintos grupos, era claramente regresiva.

en 1979 existían 32 cajas de previsión que agrupaban a tipos de trabajadores específicos o de determinados sectores productivos, los cuales no podían cambiarse ni elegir Caja a no ser que cambiasen de sector laboral. En otras palabras, cada institución tenía un mercado cautivo y no hacía ningún esfuerzo por dar un buen servicio. (…) La mayoría de ellas tenía, a la fecha de la reforma, gastos que superaban a sus ingresos, por lo que requerían de aporte fiscal para cumplir sus compromisos. El aporte fiscal aumentó su participación en los ingresos de las cajas en un 13,8% durante el período 1947-1980.

En general, la administración de las Cajas era bastante ineficiente. Los escasos excedentes que algunas de ellas en ocasiones generaban eran invertidos deficientemente, en un afán mal entendido de otorgar en el momento beneficios adicionales (…), sin preocuparse de tener un adecuado financiamiento como contraparte. Las Cajas se apartaron así de su objetivo principal, conceder pensiones, incurriendo en todos los vicios imaginables de una administración estatal y burocrática. (…)

En el [SSS], la tasa [de cotización] total a sus inicios en 1925 y hasta 1937 fue de un 5% de la remuneración, y aumentó progresivamente hasta llegar a un máximo de 51,4% en 1975 y descender luego a un 33,25% en 1980, año de la Reforma Previsional. En la Caja de Empleados Particulares (EMPART), la tasa entre 1924 y 1936 fue de 10%; llegó a un máximo de 64,7% en 1974; y descendió al 41% en 1980.

El expediente de aumentar las tasas de cotización para financiar el sistema, además de sus [negativos] efectos económicos, tiene un problema: cabe tener en cuenta que si el ahorro obligatorio, producto de la tasa legal de cotización, es superior al ahorro deseado por la persona, habrá incentivos para evadir el pago de cotizaciones, recurriendo normalmente a la subdeclaración de la renta imponible. (…) Es difícil pensar en tasas de cotización que vayan mucho más allá del 50% o en deterioros aún mayores del nivel de las pensiones que ya eran muy bajas. De hecho, un estudio realizado en ODEPLAN (Oficina de Planificación Nacional), proyectando la situación financiera del sistema a cincuenta años a partir de 1980 arrojaba un déficit de aproximadamente 395 mil millones de pesos (moneda de 1990) para el último año de la proyección. (…)

La realidad prevaleciente en 1980, año de la reforma previsional, indica que el 70% de los jubilados del sistema estaba recibiendo pensiones iguales o inferiores al valor de la pensión mínima de vejez, que tenía un valor aproximado de 30 dólares mensuales.