Gratuidad y otros mitos

El 27 de Junio del 2013 El Mercurio publicó una carta de Andrés Fielbaum, presidente de la FECh, en la que se incluyó en el debate iniciado por Axel Kaiser sobre el tema de la educación. En ella alega a favor de una educación completamente estatizada, “concebida como un derecho, que no esté mediado por el dinero.”

Primero que nada solicitaría que Andrés y los demás que defienden esto comiencen a ser honestos y que dejen de usar la palabra “gratuita”. Todos sabemos que la educación nunca será gratis. Siempre habrá que pagar a los profesores y demás funcionarios, además de que habrá que financiar la construcción de edificios y los materiales que se utilizan, etc. La educación siempre estará “mediada por el dinero”. Y dicen entender esto, pero testarudamente se rehúsan a dejar de utilizar slogans falsos.

Por cierto que una educación completamente estatal no es gratuita para nadie, ni siquiera para los que su aporte impositivo neto es negativo. Esto porque cada peso extraído del sector privado, que es el sector productivo, es un peso malinvertido. Esto a la larga provoca un aumento en el nivel de precios, una reducción del nivel de ingresos, o ambas, lo que significa que el poder adquisitivo real de las personas se ve reducido. En términos prácticos, esto se traduce en menos empleo, menos productividad, mayor escasez (colas), peor calidad y mayor pobreza en general. Muchas veces estos efectos pasan desapercibidos, al ser el gasto estatal aumentado gradualmente, pero se vuelven obvios cuando se compara una economía que ya ha avanzado bastante en esto con su estado antes de iniciado el proceso. Un ejemplo claro es Argentina, que a todas luces es una catástrofe ocasionada por políticas estatistas.

Otra cosa es que una mayor inversión no se correlaciona con una mayor calidad. Es un hecho demostrado que, por ejemplo, en los EEUU el gasto estatal en educación se ha disparado en las últimas décadas mientras que la calidad del servicio está estancada. El gobierno español gasta mucho más que varios otros países y a la vez obtiene resultados peores. Es un mito que el problema sea la cantidad de recursos con que se cuentan. Pauline Dixon, investigadora experta en desarrollo y educación de la Universidad de Newcastle en Inglaterra investigó a varios países muy pobres y su conclusión es que las instituciones privadas son las que mejor están ayudando a los más pobres.

Por último, quiero comentar que la “libertad de elegir” que tanto dice Andrés que facilitaría una estatización total de la educación no es tal. ¿Qué sucede si yo, como padre, quiero que mis hijos se eduquen de forma diferente de la forma que impone el estado? ¿Será esto permisible, o se me perseguirá como a un criminal como sucede en Alemania? ¿Tendré libertad de elegir educar a mis hijos en un lugar diferente de las instituciones estatales, o serán mis hijos esclavos del estado? Claramente hay una contradicción en lo que dice Andrés al respecto.

En cualquier caso, una educación estatal no es ni gratuita, ni eficiente, ni libre, ni de calidad. Lo que necesitamos no es más impuestos, más gasto estatal y más regulación, es todo lo contrario. Que haya menos impuestos para que así podamos elegir que hacer con nuestros recursos, en vez de que el estado decida por nosotros (de paso embolsándose la mayor parte). Que haya más libertad para experimentar qué funciona mejor y que no funciona tan bien. Que haya más libertad para decidir si vale o no la pena que nuestros hijos estudien en un colegio, en casa o donde creamos mejor. Que haya menos intervención estatal en nuestras vidas para que así podamos dar paso a verdadera solidaridad voluntaria, no una falsa impuesta por la fuerza.

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La educación estatal “gratuita” es la más cara de todas

Hace algunos días me topé con esta nota en El Dínamo, donde se mencionan los planes de Michelle Bachelet para imponer un sistema de educación estatal “gratuita”, financiada mediante nuevos impuestos a profesionales. Dejando de lado temas como el lucro, la igualdad y otras cosas similares (tal vez para otro artículo), me parece sumamente importante abordar una de las consecuencias poco comprendidas de los subsidios estatales a la educación.

Y es que una de las cosas malas de hacer las cosas como se propone, es que -como nos advirtiera el gran Henry Hazlitt en “La Economía en una Lección“- no hay ningún control decente de a quién vale o no la pena subsidiar, no se discrimina en ese sentido, lo que asegura que se malgastarán recursos educando a gente que luego no será capaz o no querrá “devolver la mano”. Por ejemplo gente que estudiará y luego no ejercerá, gente que estudiará y emigrará por lo que no pagará el impuesto, gente que estudiará pero luego quedará cesante y tampoco pagará de vuelta, etc. Una de las gracias del financiamiento privado es que todo eso se controla. Un banco en régimen de libre mercado (no como ahora, hay que pensar en hace unos 60-70 años para hacerse una idea) no le va a prestar dinero a alguien para pagar sus estudios si no tiene alguna relativa seguridad de que esa persona podrá devolverlo. Eso implica no sólo que termine su carrera, sino que además encuentre trabajo y de hecho trabaje.

Financiar cosas con cargo a impuestos coactivos elimina los incentivos para que los recursos se usen de forma eficiente. En el caso de la educación, es cosa de ver el ejemplo de Francia o Argentina, allá la mayoría de la gente que entra a estudiar, no termina, y de los que terminan, una buena parte estudiaron algo que no tenía demanda y quedan desempleados o trabajando en otra cosa, etc (si no me cree, pregúntele a algún argentino). Es decir, los recursos escasos que se desviaron desde lugares en los que estaban siendo productivos para financiar a esas personas fueron desperdiciados.

Hay que recordar que los recursos de que disponemos son muy escasos, y malgastarlos es sumamente irresponsable. Lo más justo es que quién malgaste sea quién pague las consecuencias. Y esto es justamente lo que hace el mercado cuando es libre de regulación estatal.