Socialismo neoliberal nórdico

Estoy bastante aburrido de que los variados socialistas miren a países como Finlandia o Suecia y digan “esos son países socialistas y por eso son tan prósperos y la gente de allá vive tan bien”. Eso es una gran mentira. Muy similar a la mentira de que Chile es “la Norcorea del neoliberalismo”. Para desmentir estos mitos, voy a hacer una comparación simple entre Chile y los diferentes países que el World Economic Forum considera “los diez más felices”. La lista me pareció interesante no tanto por ser “más felices”, sino que porque son países muy prósperos, que están entre los con más libertad económica según los índices que tratan de medir esto, y que además incluye a los países escandinavos “socialistas” más promimentes. Lo que compararé son varios agregados que reflejan el nivel de “socialismo” y de “neoliberalismo” (según la concepción de la gente que mencioné antes), según el índice de libertad económica de The Heritage Foundation (lo uso porque tiene mejor presentación y es más accesible que el índice del The Fraser Institute). Un número más alto significa “más neoliberal” o “menos socialista”, o “menos corrupción”.

Partamos con Chile:

  • Regulación laboral: 64.3
  • Regulación empresarial: 72.1
  • Derechos de propiedad: 85
  • Gasto estatal: 83.1
  • Impuestos: 74.8
  • Corrupción: 73

Como se puede ver, tenemos (en realidad tuvimos, la información es de hace un par de años) bastante regulación estatal de la actividad económica, pero impuestos relativamente bajos (como la información es vieja no cuenta aún el impuestazo de Bachelet). El nivel de corrupción no es alto, pero tampoco es tan bajo como para no ser preocupante. El nivel de protección a los derechos de propiedad privada es decente, pero no especialmente alto, claramente no tanto como para ser motivo de celebración.

Ahora veamos los países de la lista de “más felices” (entre paréntesis la diferencia con Chile):

socialismo-neoliberal-nordico

  • Australia:
    • Regulación laboral: 77.2 (+12.9)
    • Regulación empresarial: 89.4 (+17.3)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 62 (-21.1)
    • Impuestos: 63.2 (-11.6)
    • Corrupción: 80 (+7)
  • Canadá:
    • Regulación laboral: 72.6 (+8.3)
    • Regulación empresarial: 81.8 (+9.7)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 50.4 (-32.7)
    • Impuestos: 80 (+5.2)
    • Corrupción: 81 (+8)
  • Dinamarca:
    • Regulación laboral: 86 (+21.7)
    • Regulación empresarial: 95.4 (+23.3)
    • Derechos de propiedad: 95 (+10)
    • Gasto estatal: 2.3 (-80.8)
    • Impuestos: 39.5 (-35.3)
    • Corrupción: 92 (+19)
  • Finlandia:
    • Regulación laboral: 53.7 (-10.6)
    • Regulación empresarial: 90.7 (+18.6)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 0.8 (-82.3)
    • Impuestos: 66.5 (-8.3)
    • Corrupción: 89 (+16)
  • Islandia:
    • Regulación laboral: 61.6 (-2.7)
    • Regulación empresarial: 90.1 (+18)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 42.1 (-41)
    • Impuestos: 73.3 (-1.5)
    • Corrupción: 79 (+6)
  • Países Bajos:
    • Regulación laboral: 64 (-0.3)
    • Regulación empresarial: 80 (+7.9)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 34.4 (-48.7)
    • Impuestos: 52.7 (-22.1)
    • Corrupción: 83 (+10)
  • Noruega:
    • Regulación laboral: 48 (-16.3)
    • Regulación empresarial: 89.6 (+17.5)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 41.8 (-41.3)
    • Impuestos: 53.2 (-21.6)
    • Corrupción: 86 (+13)
  • Nueva Zelanda:
    • Regulación laboral: 85.9 (+21.6)
    • Regulación empresarial: 91.4 (+19.3)
    • Derechos de propiedad: 95 (+10)
    • Gasto estatal: 46 (-37.1)
    • Impuestos: 71 (-3.8)
    • Corrupción: 91 (+18)
  • Suecia:
    • Regulación laboral: 53.5 (-10.8)
    • Regulación empresarial: 89.7 (+17.6)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 14.9 (-68.2)
    • Impuestos: 44.4 (-30.4)
    • Corrupción: 87 (+14)
  • Suiza:
    • Regulación laboral: 72.1 (+7.8)
    • Regulación empresarial: 82.2 (+10.1)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 66.3 (-16.8)
    • Impuestos: 70.9 (-3.9)
    • Corrupción: 86 (+13)

Lo que podemos ver inmediatamente es que todos los países tienen menos regulación a las empresas, más protección a los derechos de propiedad privada, menos corrupción, pero más impuestos (con la excepción de Canadá) y más gasto estatal. La minoría tienen más regulación laboral que acá, dos tienen una cantidad similar a la chilena y la mitad tienen mucha menos regulación laboral que Chile. Ya con esto se cae la idea de que Chile es “la Norcorea del neoliberalismo”, pues en esos países la regulación estatal es mucho menor (más “neoliberalismo” y confianza en la “autorregulación del mercado”). Pero sigamos el análisis.

Los países que tienen más regulación laboral que Chile tienen alguna combinación de impuestos más bajos y menor regulación a las empresas, en comparación con los países que tienen menos regulación laboral, lo que sugiere un trade-off, un balance entre esas cosas. Lo cual tiene sentido, la regulación laboral, impuestos, y la regulación a las empresas son un lastre para la actividad privada de las personas, por lo que si se aumenta una de esas cosas, hay que disminuír alguna las otras en alguna combinación para compensar.

Se nota que en estos países se valora la libertad para llevar a cabo una empresa, lo cual para la lógica de quien cree que “Chile es la Norcorea del neoliberalismo” significaría que esos países no son “más socialistas” ni “menos neoliberales”, todo lo contrario. Se demuestra un nivel alto de confianza en los empresarios para llevar a cabo sus negocios, y en las empresas para generar prosperidad y bienestar de la manera que consideren mejor.

Se ve también más confianza en el manejo privado de la propiedad, lo que refleja en la consistencia con que se protejen más los derechos de propiedad privada. Eso implica cosas como menos poder y discreción estatal para expropiar y confiscar, más garantías a los propietarios de que cualquier daño a su propiedad será castigada o resarcida, etc. Esto claramente es un signo de “neoliberalismo” más que de “socialismo”.

Otra cosa que se puece observar es que hay menos corrupción en el Estado en todos esos países. Personalmente creo que eso viene como consecuencia de factores culturales, que a su vez vienen influídos por el hecho de que todos esos países han sido muy libremercadistas a lo largo de la historia, especialmente desde el siglo 19 en adelante, con relativamente breves lapsos estatistas. Cuando el sistema es muy de libre mercado, con prácticamente nada de provisión estatal de servicios educacionales, médicos, seguros, pensiones, redistribución, subsidios empresariales, barreras comerciales, etc. lo que resulta es que ese ambiente genera, por fuerza de necesidad, una cultura muy emprendedora, empresarial, solidaria, de responsabilidad individual y de honestidad, que no sólo es un caldo de cultivo ideal para la prosperidad, sino que además tiene como consecuencia un nivel muy bajo de corrupción en los funcionarios estatales.

Respecto del gasto estatal, es evidente que se hace posible un gasto así de grande en estos países gracias a que esto se compensa con alguna combinación de bajos impuestos y regulación, lo que produce una mayor y más fuerte actividad económica generadora de impuestos. Es decir, algunos países tienen impuestos altos, pero muy poca regulación laboral y a las empresas (como Dinamarca), otros tienen más regulación laboral pero menos impuestos (como Islandia), y también está el caso de Noruega que financia su gasto estatal mediante la estatización de alguna empresa o recurso importante (de forma similar a Chile). Además tenemos los casos de Canadá y Australia, que van más por la moderación, teniendo impuestos y gasto estatal un menores al resto, y compensando con un poco menos de regulación laboral que el resto.

Es claro que los países nórdicos son todo menos “socialistas”, y que de hecho son mucho más “neoliberales” que Chile (siempre según la concepción antes mencionada). Además, el mito de que “Chile es la Norcorea del neoliberalismo” se demuestra claramente sin base, siendo que estos países supuestamente “socialistas” tienen un mercado mucho más desregulado, mayor protección a los derechos de propiedad privada y en general menos regulación laboral. También se hace evidente que hay un trade-off entre impuestos y regulación, debiendo compensar el aumento en una cosa, con una reducción de la otra. Una última cosa que se hace evidente es que el nivel de impuestos es menos determinante del bienestar que la regulación estatal. Un cierto aumento en impuestos requiere una reducción menor de la regulación estatal para compensar, lo que explica el éxito relativo de estos países. Lo cual no quita que tendrían un mejor desempeño si además de tener poca regulación estatal, tuvieran también un bajo nivel de impuestos y gasto estatal (para ver eso se tendrían que haber incluído países como Liechtenstein, Singapur y Hong Kong al análisis – tal vez en otra ocasión). La libertad funciona, como decía el slogan de Students for Liberty.

De déspotas e ignorantes

El Mercurio publica hoy una columna de Cristián Warnken titulada “Chile: ¿quién sabe?“, donde éste comete varios errores y cae en varias falacias que me hacen pensar que es malintencionado y no sólo tonto. Esto porque yo suelo, en casos así, asumir que la persona no es malintencionada, y que sólo es tonta o ignorante. Es decir, quiere hacer algo bueno, pero no sabe cómo hacerlo, y en su ignorancia o falta de reflexión, termina sugiriendo o haciendo cosas incluso hasta contraproducentes. En fin, manos a la obra.

Primero, cae en una brutal generalización, al asumir que los chilenos «no son capaces ni de un segundo de contemplación o admiración en silencio». Aparentemente Warnken no se considera chileno, ni tampoco lo son los miles de ¿chilenos? que sí somos “capaces de contemplación”. Esto es una falacia muy obvia, y muy común entre quienes quieren tratar de manipular la realidad presentándola de una forma falsa, distorsionada, para lograr cierto efecto.

No explica para nada cuales serían los «signos de este bosque de símbolos» que según él «se perdieron». Tal vez sea porque ni él sabe de qué está hablando, que simplemente escribió eso porque suena “poético” y de algún modo da una impresión de ser verdad, simplemente porque cada quién va a rellenar mentalmente ahí lo que cada quién cree que es eso que se “perdió”. Es un recurso muy típico en los discursos que se crean para, también, lograr cierto efecto en el lector (en este caso, indignación, probablemente), sin presentar una causa real y concreta.

No explica tampoco por qué todos debieran saber reconocer cada especie de flora y fauna. Acá comienza a evidenciarse su problema: a Warnken le molesta que al resto de gente no le guste lo mismo que a él. Esto se confirma hacia el final, cuando comienza a reclamar por las «ruidosas y groseras “motos de agua”». Es una enfermedad común entre los intelectuales e intelectualoides (aquellos que se quieren hacer pasar por intelectuales) el querer presentar sus propios gustos y preferencias como si éstas fueran de algún modo superiores. Que de algún modo sus gustos son los correctos, y quienes no los compartes básicamente pecan, son herejes que deben ser subyugados. El clásico desprecio al prójimo. Y este desprecio sale a la superficie completamente en momentos como cuando dice que «el hombre es prescindible», que no es más que trivializar al otro, las personas no son importantes, dando la idea de que cualquier agresión cometida en el afán de imponer sus gustos particulares es algo trivial, sin necesidad de ser justificada. «El hombre es prescindible», así que no importa si hay que subyugarlo y quitarle su libertad, con tal de que se comporte como él desea. Ese es el mensaje que al menos yo voy encontrando en su columna. Bastante perverso, en mi opinión.

Es curioso que Cristian se indigna porque un terreno estatal esté sucio, pero no parece hacer mucho por limpiarlo. No parece entender el problema que hay ahí. Esa playa que él menciona es “de todos”, pero como bien sabemos “lo que es de todos no es de nadie”, y por ende no se cuida y nadie se preocupa mucho por su mantención. Si ese terreno fuera de alguien que quisiera explotarlo comercialmente como atracción turística, es muy seguro que se aseguraría de que hubiera basureros, y gente recogiendo la basura que pueda haber sido dejada fuera de ellos, para mantener la limpieza y atractivo del lugar. Poca gente gusta de visitar atracciones turísticas sucias con basura, por lo que si el empresario quiere lucrar, debe mantener el lugar limpio. Pero gente como Warnken no están interesados en estudiar cosas tan “mundanas” como economía, la ciencia que se dedica a entender la acción humana y sus consecuencias.Y por eso no entienden cosas como lo que es la tragedia de los comunes, ni cómo se soluciona. Terminan haciendo un diagnóstico equivocado, y por ende, con soluciones inefectivas y hasta contraproducentes. Esto queda clarísimo en el momento en que dice que lo que «une a un flaite y a mucho[s] miembro[s] de nuestra clase dirigente» es «el desamor a lo propio». No se da cuenta que lo estatal no es “propio”, olvida que “lo que es de todos no es de nadie”, por ende no tiene sentido hablar de “algo propio” en su ejemplo. Sin olvidar que Warken parece pretender que por haber nacido en algún lugar del territorio del Estado de Chile, entonces de algún modo se es propietario de ese territorio. Eso es falso. Chile no es “de los chilenos”, cada terreno es de su(s) propietario(s) y de nadie más. No tiene sentido que uno adquiera derechos sobre un terreno en La Serena simplemente por haber nacido en Puerto Williams, es un disparate que sólo tiene consecuencias contrarias a lo que parece buscar Warnken.

En fin, no parece ser más que otro más en una larga lista de iluminados que creen que sus propios gustos y preferencias son superiores y dignos de ser impuestos al resto por medio de la violencia de ser necesario. Un déspota más, sencillamente.

Los EEUU no son un país capitalista

Debo comenzar aclarando que por ‘capitalismo’ yo entiendo un sistema que requiere de una sociedad muy libre, donde se respeten muy a rajatabla los derechos de propiedad privada, los impuestos sean bajos, y la intervención estatal en la sociedad sea en general muy escasa o totalmente nula. En pocas palabras una sociedad y mercado libres.

También debo aclarar que esto lo escribo en respuesta a un artículo publicado en El Quinto Poder titulada “Miseria en la yugular del capitalismo“, donde el autor se dedica a describir lo terrible que es el “capitalismo” estadounidense.

La verdad es que yo no consideraría a los EEUU de hoy como la “yugular del capitalismo”, ni de lejos. Tal vez hasta 1900 o poco más podría haberse dicho algo por el estilo, pero después de las administraciones de los fascista-socialistas de Hoover y Roosevelt, el país nunca dejó el camino del mercantilismo y del corporativismo. Dejo claro que yo entiendo que un “capitalismo” requiere de una sociedad muy libre donde se respeten muy a rajatabla los derechos de propiedad privada. Nada de expropiaciones ni “eminent domain” ni complejos industriales militares coludidos con el Estado, ni planos reguladores, ni monopolios otorgados por el Estado, ni subsidios a la gran agricultura, ni limitaciones a las importaciones para proteger los intereses de las grandes empresas, ni servicios estatalizados que realmente corresponden a la sociedad privada, ni sendos impuestos con un código tributario tan grande que se requiere de un equipo de asesores para entenderlo. Los EEUU de hoy están extremadamente lejos de eso. Si hasta en varios Estados de ese país ni se puede practicar la peluquería o el diseño de interiores sin un permiso estatal, para proteger a los grupos de interés, generalmente gremios o empresas grandes. Eso tiene poco y nada de mercado libre, ni de sociedad libre. A menos de que creas que “capitalismo” es algo diferente, no relacionado con una sociedad libre de respeto a los derechos de propiedad privada.

Por otro lado, es curioso que dentro de los EEUU hay mucha diferencia en la “miseria” que hay. Llama la atención que donde más miseria se ve es en general en los Estados y lugares donde se ha impuesto por más tiempo el socialismo, como por ejemplo Nueva York o Detroit, entre otros. Son Estados o ciudades con un control estatal muy fuerte sobre la sociedad, con sueldos mínimos legales relativamente altos, y donde es muy poco lo que se puede hacer sin algún tipo de trámite o permiso estatal. El resultado está a la vista. Luego de haber sido una de las sociedades más libres, prósperas y pujantes del planeta, pasó a ser una de las más mercantilistas y con el mayor intervencionismo estatal en la sociedad, vino el estancamiento y la miseria. No es algo muy sorprendente la verdad.

Porqué la ley no debe castigar la colusión, y qué debiera hacerse en lugar de eso

Nota: Este texto está basado en una serie de columnas publicadas en el diario El Pingüino de Punta Arenas, que pueden encontrarse acá, acá, y acá.

Cuando una persona decide vender algo que le pertenece, ella decide el precio que está dispuesta a aceptar para llevar a cabo el intercambio. Ese precio no tiene porqué guardar alguna relación con el que otra gente está cobrando, ni con ningún “nivel general de precios”. El propietario tiene derecho a decidir ese precio de manera arbitraria. Por esto es que no tiene sentido hablar de “manipulación de precios”. El precio no es algo externo a la transacción, pues cada quien ofrece el que le da la gana para cada transacción particular.

De forma equivalente, los compradores no tienen derecho de decirle al dueño cuánto cobrar, pero tienen todo el derecho de no comprar si no les parece bien el precio ofrecido. Nadie está (o debiera estar) obligado a comprar (ni a vender) nada a nadie. Es el comprador el que decide el precio al que está dispuesto a comprar, no los “niveles de precios” u otros factores. Todo esto es independiente de cómo es que una persona u otra decide ese precio al que está dispuesto a llevar a cabo la transacción.

Para entender esta simetría, es clave darse cuenta que una compraventa no es más que un trueque. En un trueque, ¿quién es el vendedor: el que entrega papas a cambio de pescado, o el que entrega pescado a cambio de papas? La respuesta es que ambos son compradores y vendedores a la vez. Una compraventa por dinero no es más que un trueque donde una de las partes entrega dinero. Por esto es perfectamente razonable y válido decir que una de las partes está vendiendo dinero a cambio de otros bienes o servicios, y que su contraparte está comprando dinero. Por ejemplo, uno podría ver al supermercado no como vendedor de abarrotes, sino como un comprador de dinero, y que lo paga con abarrotes. En esencia, distinguir un comprador de un vendedor no tiene mucho sentido, pues simplemente son contrapartes en un intercambio. Ambos son vendedores y compradores a la vez.

Si se tratara a la colusión como un delito, habría que castigar también a un grupo de clientes que se ponen de acuerdo para no comprar alguna cosa por sobre cierto precio, o a un grupo de empleados que se ponen de acuerdo para no vender sus servicios laborales a menos de cierto precio. Esto último incluso se trata como un derecho, en la forma de la sindicalización, e incluso se le da privilegios a los proveedores de servicios laborales coludidos, como por ejemplo, se prohíbe a su cliente dejar de contar con sus servicios (fuero). Esto que nos parecería de lo más escandaloso en algunos servicios, curiosa e incoherentemente se tolera y promueve en otros. Incluso hay grupos que abiertamente promueven la colusión forzada por ley de todos los proveedores de servicios laborales. Eso ya debería hacer pensar a uno que hay algo de extraño en todo este asunto de castigar la colusión, algún problema fundamental.

Otro asunto es que la “concentración de mercado” -uno de los requisitos que suelen enunciarse para que supuestamente tenga validez la acción estatal contra alguna colusión- se analiza por rubro. ¿Porqué? La razón simple sería que si no se hiciera así, nunca se podría castigar nada, porque no existe la concentración de mercado completo, sin distinguir rubros. No hay empresas que concentren una porción tan grande como para decir que tienen “poder de mercado”. Pero el problema concreto con dividir el mercado por rubros, es que la definición de un “rubro” es arbitraria. ¿Hablamos del rubro de los transportes en general, o sólo del transporte interurbano de pasajeros en buses? ¿Es sólo el rubro del jamón laminado de cerdo, o el rubro del jamón laminado de cualquier animal, o incluso el rubro del cerdo o de la carne en general, o incluso de los alimentos en general? ¿Qué tan fino corresponde hilar? Bien puede ser que las compañías de buses interurbanos se hayan puesto de acuerdo en cuánto cobrar, pero ellas igual tienen como competencia los trenes, aviones, taxis, vehículos particulares, etc. Y eso sólo hablando de “transporte de pasajeros”. La compañía de buses no sólo debe convencer a sus prospectivos clientes de que la deben preferir por sobre otros medios de transporte, sino también por sobre otros usos que le puede dar a ese dinero y tiempo, como ir a un cine o restaurante, en vez de viajar. Entonces la competencia no es sólo dentro del “rubro”, como sea que se lo defina, sino que con todas las demás alternativas que tiene la persona para usar sus recursos (tiempo, dinero…), incluyendo no comprar nada, ahorrar.

Esto sin olvidar el porcentaje del “rubro” que deben concentrar las empresas coludidas para considerar que se las puede castigar, cifra que también es arbitraria. ¿Por qué castigar cuando las empresas acumulan, por ejemplo, el 75% del “rubro” y no 70% u 80%, o incluso 50% ó 99%? Al final del día, la extensión del rubro y su proporción de “dominio” se determinan de manera arbitraria para cada caso, por lo que los castigos serían también arbitrariamente impartidos. ¿Cómo puede ser esto justo?

Para que un intercambio sea justo, éste debe ser voluntario y se deben respetar los términos acordados (como precio y calidad). Si no se respeta lo primero, estamos frente a un robo y si no se respeta lo segundo, es estafa. Pero en un caso de colusión, no se dá ni lo uno ni lo otro, no hay engaño ni agresión. Hay que recordar que el precio no es algo externo; no tiene que guardar relación alguna con “niveles generales de precios”, por lo que el que se cobre más, menos, o igual que el resto no es relevante. También es irrelevante el modo en que el propietario decida a cuánto está dispuesto a vender sus pertenencias, sea que lo decida por su cuenta, o que lo haga en conjunto con otras personas.

Como ven, no tiene sentido que un tribunal castigue la colusión. Esa idea está basada en una mala comprensión o completa ignorancia de las transacciones, de cómo se forman los precios, y de lo que constituye competencia para un negocio.

Sin embargo, dado que el castigo legal a la colusión se justifica mediante la afirmación de que se busca mejorar la situación que habría sin esta intervención estatal, no quiero dejar de dar sugerencias de cómo mejorar de verdad la situación. Para poder hacer ese tipo de sugerencias se necesita tener una comprensión mínima y básica de cómo funciona la sociedad, la economía, por lo que no podemos confiar en quienes han propuesto castigar la colusión. ¿Qué hacer entonces?

La propuesta es simple (aunque probablemente difícil de implementar, pero ese es otro tema): reducir la presión fiscal sobre la sociedad. Por presión fiscal me refiero a todo costo impuesto por el Estado a cualquier actividad humana legítima (que no implique un daño no consentido a otros). Acá incluyo cosas como la regulación estatal de la actividad de las personas, los impuestos y cosas similares. Todo esto aumenta los costes que tienen las personas; por ende lo que logra es que los precios tiendan a subir (es decir, que el precio del dinero tienda a bajar). Las cosas se vuelven más costosas cuando se suben los impuestos; esto es algo por todos sabido. Pero no todos se dan cuenta que si se obliga a las empresas a, por ejemplo, tener más infraestructura de la que tendrían de otro modo, también se presionan al alza los precios. No sólo eso, también se presionan los sueldos a la baja. Esto porque se fuerza que tengan mayores costos, y cuando los costos suben, no sólo bajan las utilidades y suben los precios, sino que en el mediano a largo plazo también disminuyen los sueldos que pagan. Algunas empresas podrían quebrar o cerrar a causa de esto, lo que significa que se pierden empleos. Y lo que interesa para el caso en discusión: al haber menos empresas, hay más “concentración”.

Para ser más concreto, el tipo de medidas que se requieren para mejorar la situación actual incluye por ejemplo eliminar aranceles y barreras de exportación e importación, bajar impuestos, eliminar buena parte de la regulación estatal a la actividad privada (especialmente la regulación laboral que sólo daña a empleados y consumidores), etc. En suma, reducir la burocracia que impide la libre competencia, e instaurar una sociedad más libre.

Castigar la colusión no sólo sería injusto, entonces, sino que además inefectivo y dañino, especialmente en cuanto se distrae la atención del verdadero problema: el costo que tiene el Estado para la sociedad. Si lo que se desea evitar es la concentración, sin perjudicar a la sociedad al hacer que todo se vuelva más costoso, sino que al contrario, que todo se vuelva más económico, haya más empleo, mejores remuneraciones, y así aumente la prosperidad de todos, es claro que lo que se debe hacer es reducir la presión fiscal y el intervencionismo estatal sobre la sociedad.

Errores comunes acerca de privatización y estatización

Mario Bunge escribe en El País una columna titulada “Privatización ‘versus’ nacionalización“, donde trata de explicar porqué no considera que sea buena una privatización total de todo recurso y servicio, ni tampoco una estatización (“nacionalización”) completa, y porqué ni lo uno ni lo otro son cosas esencialmente “malas”. Lamentablemente su columna está plagada de errores, de modo que cualquier conclusión a la que llega no es significativa. Mi intención acá es explicar algunos de los errores que comete, y tal vez aprovechar para explicar algunos temas relacionados con economía, justicia, y los derechos de propiedad.

Primero que nada, Bunge cae en errores ya al principio, al identificar a los conservadores con la privatización. Esa afirmación está muy lejos de la realidad. A pesar de que los conservadores tienen tendencias liberales, y a veces han apoyado privatizaciones, no es lo que siempre ha sucedido. Muchos gobiernos y políticos denominados “conservadores” han comprado acciones de empresas privadas (una estatización parcial), e incluso hasta creado empresas estatales o confiscado empresas y recursos privados, para qué hablar de expropiaciones, bajo la excusa del “bien común”. Además, existe tal cosa como un conservador socialista. Actualmente en Chile el conservadurismo socialista es bastante fuerte, y se expresa en cosas como oposición a la liberalización de drogas, entre otras. Muchos conservadores de partidos “de derechas” apoyan todo tipo de estatizaciones y expansiones de la intervención estatal en la economía. Ergo, es un error más o menos grande asumir que un conservador en general desea privatizar.

Otro error que Bunge también comete al principio es confundir propiedad privada colectiva, con “socialización” en el sentido en que normalmente se entiende el término, es decir, estatización. Cualquier liberal que se precie entiende que la propiedad privada colectiva es una forma totalmente legítima de ejercer dominio sobre un bien. No deja de ser privada por ser colectiva, ni tampoco es estatal por no ser individual. Las sociedades son formas de ejercer el derecho de propiedad privada de forma colectiva, siendo uno de sus más claros ejemplos las sociedades anónimas. Nadie en su sano juicio afirmaría que una fábrica que es propiedad de una sociedad anónima ha dejado de ser propiedad privada, menos aún que ha pasado a ser propiedad estatal (“pública”). Entonces no existe un conflicto entre propiedad privada colectiva (como las cooperativas que menciona Bunge), y el concepto de propiedad privada como tal, pues la propiedad privada puede perfectamente ser individual o colectiva.

Otro error que el autor comete en su primer párrafo es asumir que lo que se haga en Suiza o en los EEUU es un ejemplo de capitalismo. Este error es muy común, y lo he escuchado muchísimas veces. Es fácil ver el error. Si esa afirmación es correcta, significaría que si en Suiza decidieran estatizar todo y que el Estado decidiera cómo se produce y distribuyen los recursos de acuerdo a planes quinquenales, la URSS habría sido capitalista, no socialista. En efecto, es falaz decir “lo que haga X es capitalista”, porque no necesariamente X hará cosas “capitalistas”. Lo cual nos lleva a preguntarnos el significado de “capitalismo”. Mi comprensión de esa palabra implica un mercado libre de intervención estatal, es decir, una sociedad con instituciones de corte liberal. Ahora, si se quiere ser estricto, “capitalismo” puede entenderse de muchas maneras. Los marxistas y afines le llaman así a la “dictadura o dominio del capital”, mientras que otra definición habla de un sistema en el que se puede generar y acumular capital de forma libre, habiendo incluso otras distintas, con diferentes implicancias. Es por esto que hablar de “capitalismo” sin al menos dar a entender qué se entiende por el término es como mínimo caer en ambigüedades, en el peor de los casos puede implicar un uso inconsistente de acepciones y tener como resultado un argumento falaz e inválido.

Pasando a otro error que Bunge comete, esta vez ya por ignorancia de la ciencia económica, es asumir que quien desea que se privaticen recursos, nunca lo hace pensando en la utilidad pública, y que la utilidad pública no se considera cuando los recursos son de propiedad privada. Es un error también común que deriva de no entender a cabalidad conceptos económicos como ‘utilidad’, ‘lucro’, y las condiciones necesarias para que un intercambio libre y voluntario se lleve a cabo. La utilidad es el nivel de satisfacción que una persona deriva de la realización de algún fin, por ejemplo de comer una manzana. Esto significa que la utilidad es siempre mental y subjetiva, es decir, no es algo físico mensurable y cada persona deriva una utilidad diferente de las mismas cosas, pues los fines son diferentes y la intensidad con que se desean estos fines varía de persona a persona (y de momento a momento). Lucro, en ciencia económica, es simplemente un beneficio, cualquiera que este sea. La definición contable y legal de esta palabra difiere de la económica y se refiere a la utilidad financiera que deja el ejercicio de una actividad, pero esta definición no es buena para describir el verdadero lucro económico, que es como ya dije, cualquier beneficio que se pueda percibir de algo, incluyendo cosas como una mayor comodidad, tranquilidad, placer, felicidad, entre otras categorías similares no mensurables y mentales. También sabemos que un intercambio libre y voluntario sólo será llevado a cabo cuando todas las partes involucradas consideran que se verán beneficiadas de su concreción. Es decir, sólo se dará el intercambio si cada parte valora más lo que recibe, que lo que entrega a cambio. Esto es considerando todo lucro económico, entendido como ya expliqué antes, es decir, incluyendo toda clase de beneficio, material o inmaterial, físico o mental, no sólo el beneficio financiero o monetario. De esto se sigue que un intercambio voluntario sólo se dará si incrementa el bienestar de la sociedad en su conjunto, es decir, la sumatoria del bienestar de cada persona, si se quiere expresar de esa forma, a pesar de que el bienestar no sea algo cuantificable. De aquí proviene el error que Bunge comete al creer que la “utilidad pública”, es decir, el bienestar de todos en conjunto, no necesariamente aumenta cuando se llevan a cabo intercambios libres y voluntarios en un marco de respeto a los derechos de propiedad privada (individual y colectiva). El autor cree que un intercambio libre y voluntario puede darse en casos donde una de las partes no valora más lo que recibe que lo que entrega a cambio. Por supuesto, luego del intercambio las valoraciones de cada uno pueden cambiar (y de hecho lo hacen), y esto puede llegar a implicar que una o más de las partes pasa a valorar más lo que anteriormente entregó, que lo que recibió a cambio. Esto se llama “cometer un error”, y es imposible evitar que las personas cometan errores, en tanto es imposible prever cuales serán las valoraciones que cada persona dará en el futuro a cada cosa y fin. Por esto es que es imposible que la propiedad estatal de algún recurso sea capaz de mejorar el resultado que emerge de los intercambios libres y voluntarios que se dan de manera espontánea en un marco de respeto a los derechos de propiedad privada. Y nada de esto es cubierto por un “velo ideológico”. Tampoco es un esquema simplista, afirmar eso sería desconocer la complejidad implícita en lo ya dicho, donde en un contexto de la existencia de miles de milllones de personas, se intecambian miles de millones de recursos diferentes, y teniendo cada una sus propios fines y valoraciones de éstos, lo que se tiene es un sistema sumamente intrincado y complejo, al que se suele llamar con nombres tales como “economía”, “mercado” y “sociedad”, siendo éstos esencialmente sinónimos, variando sólo en el punto de vista usado para observar el mismo fenómeno. En este punto se podría discutir de la necesidad de que el Estado sea propietario de algunos recursos para garantizar este marco, pero no es mi intención entrar en esa discusión, que es diferente de los puntos que quiero hacer acá, además de no ser parte de la argumentación de Bunge.

Me parece que lo ya explicado es suficiente para entender los errores esenciales que Bunge comete, los que luego repite numerosas veces en el resto de su escrito. También comete otros errores que podría ser interesante abordar, pero que por ahora elijo no hacerlo para no extenderme más de lo que ya he hecho. Probablemente lo haga de manera individual si alguien me lo solicita.

El conservacionismo debería oponerse a la reforma de los derechos de aguas

Entre las propuestas que está analizando el gobierno respecto del agua están estatizarla (monopolio estatal), limitar la duración de los derechos y castigar a quienes tienen derechos pero “no los usan”. Más allá de los nocivos efectos económicos y la mala economización que previsiblemente resultaría, quiero llamar la atención sobre los efectos que tendría para el conservacionismo.

La primera propuesta, crear un monopolio estatal del agua (agua lluvia y atmosférica, glaciares, ríos, etc.) sería potencialmente perjudicial para el conservacionismo, ya que siendo el agua privada, los grupos conservacionistas interesados en preservar un glaciar, un río y su ecosistema, etc., pueden comprar esos recursos y cuidarlos, y nadie tiene derecho a dañarlos ni usarlos de un modo que al grupo no le parezca. En cambio, si el estado es dueño del glaciar o río, no hay ninguna garantía de que el gobierno de turno no se los vaya a entregar a una minera o cualquier otro grupo de interés, y que esta los destruya, cosa que no pasaría si un grupo conservacionista fuera el dueño. Y seamos realistas, los estados no suelen ser muy conservacionistas ni sustentables con el uso de un recurso una vez que lo monopolizan.

La segunda y tercera propuestas mencionadas también van en detrimento de los grupos conservacionistas, ya que lo que ellos quieren es justamente tener los recursos para usarlos en “no usarlos”, cosa que sería castigada con multas o impuestos especiales. Entonces los costes de conservar intactos esos recursos y sus ecosistemas se disparan.

Los conservacionistas deberían ser de los primeros y más vociferantes opositores a tales medidas, pues les quita poder y vías de acción. Son medidas desempoderantes y un perjuicio claro para cualquier conservacionista.

Como extra les dejo esta charla que muestra el efecto que tiene cuando se castiga y desincentiva el “no uso” de los recursos hídricos:

 

Ley entre los nativos Yurok y sus vecinos del norte de California

Nota: Lo que sigue a continuación es una traducción que hice de varios segmentos del ensayo “Enforcement of Private Property Rights in Primitive Societies: Law Without Government” de Bruce L. Benson, reputado economista estadounidense, donde el autor describe el sistema legal y jurídico anárquico de algunas tribus nativas norteamericanas.

Walter Goldsmidt, después de estudiar a los Yurok, Hupa, a los indios Karok y algunos de sus vecinos del norte de California, informó “…una cultura que refleja en grado sorprendente ciertas características estructurales y éticas de la Europa capitalista emergente”. En esta sociedad indígena, la propiedad se mantuvo universalmente como propiedad privada individual. Socialmente, estos indígenas se organizaban en hogares y aldeas. No había clases u otras afiliaciones de grupo inalienables, y no había posición autoritaria investida, es decir, ningún gobierno de tipo estatal con poder coercitivo.

Los derechos de propiedad privada estaban claramente definidos. Las consideraciones de título, por ejemplo, incluyen (1) la separación de la titularidad de los diferentes tipos de productos, (2) derechos de propiedad en el territorio de un grupo extranjero (por ejemplo, Hupas poseían propiedad dentro del territorio Yurok), y (3) la división del título entre personas (por ejemplo, un lugar de pesca podría ser propiedad de varias personas y su uso dividido de manera que una persona lo utilizaba un día, otro al siguiente, y así sucesivamente). La propiedad era completa y transferible. El intercambio era facilitado por un sistema monetario.

El énfasis en la propiedad privada puede parecer sorprendente a los que piensan en la sociedad tribal como una especie de sistema socialista o comunal. Por el contrario, sin embargo, los derechos de propiedad privada son una característica común de las sociedades primitivas; constituyen las normas primarias de conducta más importantes . Después de todo, como se explica en detalle a continuación, la aplicación de la ley (…) surgió a través de acuerdos de cooperación voluntaria.

(…)

Estas tribus indígenas, sin embargo, tenían un sistema bien desarrollado de jueces privados. Por ejemplo, si un Yurok quería procesar un reclamo legal, él contrataría a dos, tres o cuatro “cruzantes”-no-parientes de una comunidad distinta a la suya. El demandado en el alegato también contrataría cruzantes, y todo el grupo contratado por ambas partes actuaría como intermediarios, investigando las alegaciones y defensas y reuniendo pruebas. Los cruzantes dictarían una sentencia por daños y perjuicios después de haber oído toda la evidencia.

(…)

Un gran número de delitos fueron reconocidos por estas tribus del norte de California, que van desde el asesinato, el adulterio, el robo, y la caza furtiva a maldiciones e insultos menores. Ya que no había unidad social formalizada, todos los delitos eran contra la persona (agravios). Este es un resultado inevitable de los procedimientos desarrollados en esta sociedad, por supuesto, ya que para que las disputas surjan y que se requiera la atención de cruzantes, alguna acción de un individuo tenía que afectar negativamente a otra persona para que sea una cuestión de derecho. Las acciones que claramente no eran de este tipo, como por ejemplo lo que una persona hacía en solitario o en colaboración voluntaria con otras personas, pero de una manera que no afectaran ni dañaran claramente  a otros, nunca podrían estar sujetas a reglas de conducta que atañeran a un cruzante.

El derecho Yurok contenía una multa claramente indicada o una indemnización a pagar al demandante por el infractor, si el juicio de los cruzantes establecía que el acusado era culpable. Responsabilidad, intención, el valor de los daños y el estado de la persona ofendida eran todos considerados en la determinación de la indemnización. Cada invasión de persona o propiedad podía ser valorada en términos de propiedad, sin embargo, y cada una requería una compensación exacta. Pero, ¿cómo se hacía cumplir la sentencia?

(…)

La sentencia de los cruzantes era ejecutable porque había una amenaza efectiva de ostracismo total en toda la comunidad de las tribus -una forma extrema de una sanción de boicot que será discutido una y otra vez más abajo. En esta sociedad del norte de California, si alguien fallaba en pagar la multa él automáticamente se convertía en esclavo salarial del demandante. Si se negaba a someterse a este castigo, se convertiría en un proscrito o “fuera de la ley”, lo que significaba que cualquiera podía matarlo sin responsabilidad alguna por el asesinato. El miedo a esta grave sanción de boicot significaba que el juicio de los cruzantes tendía a ser aceptado, por supuesto. La amenaza de violencia no implica , por sí misma, que la violencia fuera la norma. De hecho, éste y otros sistemas jurídicos primitivos tenían como impulso básico el deseo de los individuos de evitar la violencia.

La siguiente pregunta es cómo la comunidad cooperaba a fin de hacer viable la amenaza de ostracismo. Cada hombre en estas tribus era miembro de un “grupo de casa de sudar” -un grupo de los hombres de tres o más casas vecinas que compartían un sudatorio. Él era libre de unirse a cualquier grupo, siempre y cuando otros miembros del grupo estuvieran de acuerdo.Sin embargo, los grupos eran más que sólo organizaciones sociales. Llevaban a cabo rituales religiosos, y actuaban en mutuo apoyo en caso de un litigio. Cada miembro tenía fuertes incentivos para prestar apoyo porque en algún momento en el futuro él podría encontrarse a sí mismo en un litigio y necesitar que el otro litigante le correspondiera. Por lo tanto, si un infractor rechazaba la sentencia de los cruzantes y se convertía en un proscrito, grupo de la casa de sudar de la persona agredida respaldaría su esfuerzo por obtener retribución física. El resto de la comunidad no interferiría.

Las leyes Yurok y sus sanciones estaban claramente definidas, y se estableció un sistema de autoridad por el que dichas leyes podrían hacerse cumplir. La autoridad fue establecida a través de acuerdos recíprocos. Como explicó Pospisil, la autoridad puede ser “coercitiva o permisiva.” Es decir, las personas pueden ser obligadas a aceptar la autoridad o pueden ser persuadidas. Estaba claramente en los mejores intereses de los miembros individuales de la tribu Yurok y afines a unirse voluntariamente en arreglos recíprocos y, al hacerlo, a someterse a los procesos de adjudicación establecidos en esa sociedad en caso de litigio. Este voluntarismo evitó en gran medida las ineficiencias inherentes a las formas violentas de resolución de conflictos.

(…)

Naturalmente, es difícil juzgar el grado real de seguridad y eficiencia de este sistema jurídico primitivo. Sin embargo, hay cierta evidencia indirecta. Por un lado, estos nativos de California eran “… una gente muy ocupada y creativa … [y] la pobreza no se encuentra aquí.” Si los incentivos se habían establecido para inducir un comportamiento “ocupado y creativo”, es probable que los individuos y sus derechos de propiedad privada estaban muy bien protegidos.

(…)

Era ocasionalmente probable que los cruzantes, en el proceso de resolución de litigios, hicieran nuevas reglas, justo como los jueces de hoy en día sientan precedentes que se vuelven parte de la ley.

Hay, de hecho, una razón más fundamental para esperar que las leyes de los Yurok podían cambiar y de hecho cambiaban. Después de todo, esas leyes no se imponían en esa sociedad por un soberano. Ellas se desarrollaban o evolucionaban internamente. Claramente los nativos del norte de California eran un grupo muy homogéneo para el momento en que sus leyes y procedimientos legales habían avanzado hasta el nivel descrito anteriormente, pero esta homogeneidad tuvo que desarrollarse en conjunto con un proceso evolutivo de interacción y reciprocidad facilitado por el derecho consuetudinario. Los Yurok tenían un sistema legal bien establecido definiendo y protegiendo los derechos de propiedad privada. Carl Menger propuso que el origen, la formación, y el proceso fundamental de todas las instituciones sociales -incluida la ley- es esencialmente el mismo que el orden espontáneo que Adam Smith describió para los mercados. Las instituciones sociales coordinan interacciones. Los mercados hacen esto y lo mismo ocurre con la ley (…). Las instituciones se desarrollan de la forma en que lo hacen porque, tal vez a través de un proceso de ensayo y error, se encontró que las acciones que pretenden coordinar se llevan a cabo con mayor eficacia en un sistema o proceso que bajo otro. El arreglo institucional más efectivo sustituye al menos efectivo.

En el caso del derecho consuetudinario, las tradiciones y los hábitos evolucionan para producir el observado “orden espontáneo”, por usar el término de Hayek. Como explicó Hayek, sin embargo, mientras que Smith y las ideas de Menger sobre la evolución del orden social “parecen … haberse establecido firmemente [en varias de las ciencias sociales] otra rama del conocimiento de mucha mayor … influencia, jurisprudencia, sigue siendo casi totalmente inmune a ellas.” En particular, la postura del positivista jurídico sostiene que la ley es el producto de un diseño deliberado y no evolutivo, el resultado no diseñado de un proceso de crecimiento.

(…)

En el caso de los Yurok, los grupos de casa de sudor más tempranos probablemente probaron ser un arreglo social eficaz para internalizar los beneficios jurídicos y religiosos recíprocos, en relación con los acuerdos previamente existentes. Otros vieron esos beneficios y, o bien se unieron a grupos existentes o copiaron sus características exitosas y formaron nuevos grupos. En el proceso, los arreglos pueden haber sido mejorados y vuelto más formales (contractuales) y eficaces. Es perfectamente concebible que ni los miembros de los primeros grupos ni los que siguieron siquiera entendieron que determinado aspecto del contrato en realidad facilitó las interacciones que condujeron a un orden social mejorado -puede que hayan considerado la función religiosa del grupo como su propósito principal y que hayan prestado poca atención a las consecuencias de sus funciones legales, por ejemplo. El derecho consuetudinario y la sociedad se desarrollan de forma coextensiva. Esas costumbres e instituciones jurídicas que sobreviven son relativamente eficientes debido a que el proceso evolutivo es uno de “selección natural”, donde las leyes o procedimientos que sirven a la interacción social de forma relativamente pobre son sustituidos en última instancia leyes y procedimientos mejorados.

Las fatales fallas de nacionalizar el agua

Alejandro Guillier pide estatizar los recursos hídricos

La gente que pide nacionalizar el agua no sabe que hacerlo básicamente significaría condenarnos a tener una escasez de agua. Hay una frase que viene mucho al caso: “Si se nacionalizara el Sahara en poco tiempo habría escasez de arena”. Se refiere a la llamada “Tragedia de los comunes”, fenómeno que se ha observado infinitas veces en la historia allí donde algo ha sido convertido en “de libre acceso”, “de todos” o “de nadie”. Los economistas han explicado este fenómeno hace mucho tiempo, pero la gente que no sabe de economía se deja llevar por las palabras bonitas sin saber que se están condenando a la miseria. Al que le interese el tema, le recomiendo ver este video corto, que es un extracto de esta excelente charla de Enrique Ghersi, dictada en la Universidad Francisco Marroquín.

No es el único problema, porque si el agua es “de todos” tendría o que ser de libre acceso, o habría que consultar con todos (literalmente) para poder usarla. Y como el segundo caso es impracticable, lo primero es lo que se haría. ¿Y qué impediría que uno de los “todos” se la llevara toda? “No, el gobierno establecería cuotas” suele ser la respuesta. Pero en ese caso, técnicamente el agua sería del gobierno, no “de todos”. La lógica de “el agua es de todos” se cae por su propio peso hasta con ese simple examen.

Más aún, privatizar un recurso tan esencial permite “democratizar” el uso de este recurso, dándole la posibilidad a cada comunidad de adquirir el recurso y disponer de él como mejor le parezca. Nadie estaría obligado a permitir que una empresa use el recurso, ni tampoco a venderlo. Así, los que desean evitar el uso industrial del recurso simplemente tendrían que adquirirlo y no venderlo. Si es el estado quién decide cómo se usa el recurso, este mecanismo desaparece y queda a merced de los caprichos del gobernante o funcionario de turno. Y es sabido que estos funcionarios suelen ser presa fácil de la seducción emprendida rutinariamente por las grandes empresas. En ningún modo la estatización garantiza un uso del recurso acorde con los deseos y necesidades de la gente que de otro modo sería con toda probabilidad dueña de él.

Es claro que la mejor solución al tema de los recursos hídricos no es la estatización, sino que la privatización.