Socialismo neoliberal nórdico

Estoy bastante aburrido de que los variados socialistas miren a países como Finlandia o Suecia y digan “esos son países socialistas y por eso son tan prósperos y la gente de allá vive tan bien”. Eso es una gran mentira. Muy similar a la mentira de que Chile es “la Norcorea del neoliberalismo”. Para desmentir estos mitos, voy a hacer una comparación simple entre Chile y los diferentes países que el World Economic Forum considera “los diez más felices”. La lista me pareció interesante no tanto por ser “más felices”, sino que porque son países muy prósperos, que están entre los con más libertad económica según los índices que tratan de medir esto, y que además incluye a los países escandinavos “socialistas” más promimentes. Lo que compararé son varios agregados que reflejan el nivel de “socialismo” y de “neoliberalismo” (según la concepción de la gente que mencioné antes), según el índice de libertad económica de The Heritage Foundation (lo uso porque tiene mejor presentación y es más accesible que el índice del The Fraser Institute). Un número más alto significa “más neoliberal” o “menos socialista”, o “menos corrupción”.

Partamos con Chile:

  • Regulación laboral: 64.3
  • Regulación empresarial: 72.1
  • Derechos de propiedad: 85
  • Gasto estatal: 83.1
  • Impuestos: 74.8
  • Corrupción: 73

Como se puede ver, tenemos (en realidad tuvimos, la información es de hace un par de años) bastante regulación estatal de la actividad económica, pero impuestos relativamente bajos (como la información es vieja no cuenta aún el impuestazo de Bachelet). El nivel de corrupción no es alto, pero tampoco es tan bajo como para no ser preocupante. El nivel de protección a los derechos de propiedad privada es decente, pero no especialmente alto, claramente no tanto como para ser motivo de celebración.

Ahora veamos los países de la lista de “más felices” (entre paréntesis la diferencia con Chile):

socialismo-neoliberal-nordico

  • Australia:
    • Regulación laboral: 77.2 (+12.9)
    • Regulación empresarial: 89.4 (+17.3)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 62 (-21.1)
    • Impuestos: 63.2 (-11.6)
    • Corrupción: 80 (+7)
  • Canadá:
    • Regulación laboral: 72.6 (+8.3)
    • Regulación empresarial: 81.8 (+9.7)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 50.4 (-32.7)
    • Impuestos: 80 (+5.2)
    • Corrupción: 81 (+8)
  • Dinamarca:
    • Regulación laboral: 86 (+21.7)
    • Regulación empresarial: 95.4 (+23.3)
    • Derechos de propiedad: 95 (+10)
    • Gasto estatal: 2.3 (-80.8)
    • Impuestos: 39.5 (-35.3)
    • Corrupción: 92 (+19)
  • Finlandia:
    • Regulación laboral: 53.7 (-10.6)
    • Regulación empresarial: 90.7 (+18.6)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 0.8 (-82.3)
    • Impuestos: 66.5 (-8.3)
    • Corrupción: 89 (+16)
  • Islandia:
    • Regulación laboral: 61.6 (-2.7)
    • Regulación empresarial: 90.1 (+18)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 42.1 (-41)
    • Impuestos: 73.3 (-1.5)
    • Corrupción: 79 (+6)
  • Países Bajos:
    • Regulación laboral: 64 (-0.3)
    • Regulación empresarial: 80 (+7.9)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 34.4 (-48.7)
    • Impuestos: 52.7 (-22.1)
    • Corrupción: 83 (+10)
  • Noruega:
    • Regulación laboral: 48 (-16.3)
    • Regulación empresarial: 89.6 (+17.5)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 41.8 (-41.3)
    • Impuestos: 53.2 (-21.6)
    • Corrupción: 86 (+13)
  • Nueva Zelanda:
    • Regulación laboral: 85.9 (+21.6)
    • Regulación empresarial: 91.4 (+19.3)
    • Derechos de propiedad: 95 (+10)
    • Gasto estatal: 46 (-37.1)
    • Impuestos: 71 (-3.8)
    • Corrupción: 91 (+18)
  • Suecia:
    • Regulación laboral: 53.5 (-10.8)
    • Regulación empresarial: 89.7 (+17.6)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 14.9 (-68.2)
    • Impuestos: 44.4 (-30.4)
    • Corrupción: 87 (+14)
  • Suiza:
    • Regulación laboral: 72.1 (+7.8)
    • Regulación empresarial: 82.2 (+10.1)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 66.3 (-16.8)
    • Impuestos: 70.9 (-3.9)
    • Corrupción: 86 (+13)

Lo que podemos ver inmediatamente es que todos los países tienen menos regulación a las empresas, más protección a los derechos de propiedad privada, menos corrupción, pero más impuestos (con la excepción de Canadá) y más gasto estatal. La minoría tienen más regulación laboral que acá, dos tienen una cantidad similar a la chilena y la mitad tienen mucha menos regulación laboral que Chile. Ya con esto se cae la idea de que Chile es “la Norcorea del neoliberalismo”, pues en esos países la regulación estatal es mucho menor (más “neoliberalismo” y confianza en la “autorregulación del mercado”). Pero sigamos el análisis.

Los países que tienen más regulación laboral que Chile tienen alguna combinación de impuestos más bajos y menor regulación a las empresas, en comparación con los países que tienen menos regulación laboral, lo que sugiere un trade-off, un balance entre esas cosas. Lo cual tiene sentido, la regulación laboral, impuestos, y la regulación a las empresas son un lastre para la actividad privada de las personas, por lo que si se aumenta una de esas cosas, hay que disminuír alguna las otras en alguna combinación para compensar.

Se nota que en estos países se valora la libertad para llevar a cabo una empresa, lo cual para la lógica de quien cree que “Chile es la Norcorea del neoliberalismo” significaría que esos países no son “más socialistas” ni “menos neoliberales”, todo lo contrario. Se demuestra un nivel alto de confianza en los empresarios para llevar a cabo sus negocios, y en las empresas para generar prosperidad y bienestar de la manera que consideren mejor.

Se ve también más confianza en el manejo privado de la propiedad, lo que refleja en la consistencia con que se protejen más los derechos de propiedad privada. Eso implica cosas como menos poder y discreción estatal para expropiar y confiscar, más garantías a los propietarios de que cualquier daño a su propiedad será castigada o resarcida, etc. Esto claramente es un signo de “neoliberalismo” más que de “socialismo”.

Otra cosa que se puece observar es que hay menos corrupción en el Estado en todos esos países. Personalmente creo que eso viene como consecuencia de factores culturales, que a su vez vienen influídos por el hecho de que todos esos países han sido muy libremercadistas a lo largo de la historia, especialmente desde el siglo 19 en adelante, con relativamente breves lapsos estatistas. Cuando el sistema es muy de libre mercado, con prácticamente nada de provisión estatal de servicios educacionales, médicos, seguros, pensiones, redistribución, subsidios empresariales, barreras comerciales, etc. lo que resulta es que ese ambiente genera, por fuerza de necesidad, una cultura muy emprendedora, empresarial, solidaria, de responsabilidad individual y de honestidad, que no sólo es un caldo de cultivo ideal para la prosperidad, sino que además tiene como consecuencia un nivel muy bajo de corrupción en los funcionarios estatales.

Respecto del gasto estatal, es evidente que se hace posible un gasto así de grande en estos países gracias a que esto se compensa con alguna combinación de bajos impuestos y regulación, lo que produce una mayor y más fuerte actividad económica generadora de impuestos. Es decir, algunos países tienen impuestos altos, pero muy poca regulación laboral y a las empresas (como Dinamarca), otros tienen más regulación laboral pero menos impuestos (como Islandia), y también está el caso de Noruega que financia su gasto estatal mediante la estatización de alguna empresa o recurso importante (de forma similar a Chile). Además tenemos los casos de Canadá y Australia, que van más por la moderación, teniendo impuestos y gasto estatal un menores al resto, y compensando con un poco menos de regulación laboral que el resto.

Es claro que los países nórdicos son todo menos “socialistas”, y que de hecho son mucho más “neoliberales” que Chile (siempre según la concepción antes mencionada). Además, el mito de que “Chile es la Norcorea del neoliberalismo” se demuestra claramente sin base, siendo que estos países supuestamente “socialistas” tienen un mercado mucho más desregulado, mayor protección a los derechos de propiedad privada y en general menos regulación laboral. También se hace evidente que hay un trade-off entre impuestos y regulación, debiendo compensar el aumento en una cosa, con una reducción de la otra. Una última cosa que se hace evidente es que el nivel de impuestos es menos determinante del bienestar que la regulación estatal. Un cierto aumento en impuestos requiere una reducción menor de la regulación estatal para compensar, lo que explica el éxito relativo de estos países. Lo cual no quita que tendrían un mejor desempeño si además de tener poca regulación estatal, tuvieran también un bajo nivel de impuestos y gasto estatal (para ver eso se tendrían que haber incluído países como Liechtenstein, Singapur y Hong Kong al análisis – tal vez en otra ocasión). La libertad funciona, como decía el slogan de Students for Liberty.

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[Traducción] Uber es progreso, ¿Por qué no lo apoyan los progresistas?

Algunos progresistas en realidad son conservadores por dentro

uberprotest

Steven Horowitz
Lunes 13 de Junio del 2016

He alabado a Uber con anterioridad. Para mí, si la posibilidad de usar Uber está disponible, casi siempre la preferiré por sobre un taxi tradicional. Ser cliente de Uber da apoyo a individuos emprendedores en vez de a empresas de taxis que a menudo son franquicias de monopolio o beneficiarios de otras formas de capitalismo de amigos.

Así que siempre me sorprende cuando algunos de mis amigos igualitarios/progresistas miran con desprecio a Uber y a otras innovaciones similares. Mi intuición es que la gente de izquierda se pondría de lado de los “pequeños” contra los empleadores corporativos y monopolios locales de las empresas de taxis (o grandes cadenas hoteleras en el caso de AirBnB). Y algunos lo hacen. Pero otros no, y vale la pena pensar sobre cómo podríamos hacer el argumento progresista a favor de Uber para ellos.

Seamos claros sobre de lo que realmente se tratan Uber, Lyft, AirBnB, y el resto de la llamada “economía del compartir”. Pensar en términos de “compartir” en realidad no es la mejor forma de ver la naturaleza de su innovación. De lo que realmente se trata es de usar tecnología para reducir de forma dramática los costos de transacción de hacer un uso más eficiente de recursos ociosos.

Los malos viejos tiempos

Tienes una habitación libre en tu casa. Antes de los smartphones, GPS, y la internet, habría sido muy difícil encontrar gente que tuviera una demanda por ese espacio en el momento en que estaba disponible. También necesitabas alguna forma de mostrar confiabilidad. A pesar de eso podrías haber arrendado la habitación por días o semanas a la vez, pero los costos de hacerlo funcionar habrían sido enormes.

Lo mismo es cierto de Uber y Lyft. Después de todo, los jitneys han existido por décadas, y Uber y Lyft son sólo una nueva vuelta de tuerca sobre esa vieja idea. Pero en vez de tener puntos de recogida fijos y de esperar a que pase un jitney disponible y de saber poco sobre el conductor, Uber y Lyft reducen dramáticamente todos esos costos de transacción. Ellos usan una plataforma de software para coordinar a oferentes y demandantes. La economía del “compartir” en realidad sólo es el siguiente gran paso en lo que es la verdadera historia del progreso económico: la continua reducción de costos de transacción a lo largo de toda la economía.

¿Cuál es la queja?

¿Pero qué debería hacer que estas innovaciones sean particularmente atractivas para la izquierda? Una de las características más importantes de Uber, por ejemplo, es que los conductores son propietarios de su capital y establecen sus propios horarios de trabajo y, en su mayoría, las condiciones laborales. Uber simplemente permite que personas con su propio capital lo pongan a trabajar a través de conectarlos de forma más efectiva con los demandantes de ese servicio.

Por más de un siglo, la izquierda ha argumentado que la falta de control de los trabajadores sobre el capital y sobre sus condiciones laborales permitió que fueran explotados por propietarios y jefes. La lógica progresista típica a favor de los sindicatos está unida a esta crítica. Pero Uber provee una solución a esta situación. Los conductores Uber son propietarios de su propio capital (el automóvil) y pueden determinar qué tan seguido trabajan y qué viajes quieren proveer.

Algunos en la izquierda argumentan que esta misma flexibilidad es un defecto, no una virtud, porque no es un trabajo de tiempo completo y no incluye seguros médicos y cosas similares. La mayoría de conductores Uber, no obstante, te dirán que la flexibilidad es exactamente lo que les gusta de él.

¿Quién trabaja para Uber?

Por ejemplo, dos de mis conductores recientemente en Portland lo estaban haciendo para complementar sus ingresos por diversos motivos. En un caso, él estaba a punto de tomar el  examen de abogacía y conducía para generar algún ingreso para obtener una oficina para iniciar su práctica jurídica.

El otro conductor era un administrador en un restaurante de comida rápida y conducía part-time para ahorrar para una casa. Cuando le pregunté sobre la flexibilidad, dijo “por ejemplo esta mañana: mi señora aún estaba durmiendo, así que ¿porqué no salir en el auto y ganar unos cuantos dólares extra?” Su flexibilidad también va en beneficio de gente como yo, que necesitaba un viaje a través de Portland para encontrarme con un amigo para un desayuno tardío.

En mi experiencia, casi ninguno de los conductores Uber que conocí lo estaban haciendo a tiempo completo. Todos tenían otros empleos y esto era una fuente de ingresos secundaria para mejorar sus vidas. ¿Por qué no es noble de nuestra parte ser clientes de Uber y apoyar el abogado recién egresado o al matrimonio joven que intenta comprar su primera casa?

En otras ciudades, el grueso de conductores Uber son inmigrantes recientes. Mientras que mis conductores en Portland e Indianápolis han sido casi todos hombres y mujeres jóvenes blancos, mis conductores Uber en Washington, DC han sido casi todos inmigrantes de color.

¿No hace que usar Uber sea aún más consistente con las metas progresistas si estamos apoyando la subsistencia de inmigrantes emprendedores que han venido a los EEUU a tener una mejor vida, y tal vez remitir algunos de esos fondos de vuelta a casa?

Para algunos de esos conductores Uber que son inmigrantes, conducir es probablemente su principal fuente de ingreso. ¿Vamos a negarles ese ingreso porque conducir en Uber es visto como menos que perfecto en comparación con los trabajos de la vieja economía? ¿Deberíamos dejar de usar Uber y hacer menos probable que vengan inmigrantes, dejándolos en una mayor pobreza en sus países de origen?

Si la mejora de las vidas de los pobres del mundo es una meta progresista, entonces usar Uber (sin mencionar comprar ropa de “sweatshops”) están entre las cosas más morales que podemos hacer.

¿Qué pasa con la seguridad?

Algunas personas están preocupadas de que Uber puede ser más peligroso que los taxis. Los datos no parecen soportar esto, y un estudio reciente muestra que la entrada de Uber a una ciudad reduce el número de arrestos por conducción bajo la influencia del alcohol y de muertes. No sólo los conductores Uber no son más propensos a cometer crímenes que los conductores de taxi, la disponibilidad de un viaje barato que llega rápido con un esfuerzo mínimo por parte del cliente salva vidas y mantiene a los conductores peligrosos fuera de la calle. De nuevo, esto parece ser una meta que los progresistas debieran apoyar.

Es sólo que parece extraño que los progresistas que lamentan el advenimiento del Hombre Unidimensional o la “McDonaldización” de América objetarían a las innovaciones que proveen a más gente arreglos laborales más flexibles que les dan más control sobre su capital y las condiciones de su trabajo.

Parece extraño que ellos objetarían un servicio que disminuye el costo del transporte para la gente con medios limitados y permite a gente joven sobrevivir en ciudades grandes sin tener un auto propio.

Progresistas = Conservadores

Tal vez esto sólo se trata del miedo al cambio sin control que Hayek vio en el corazón de lo que él llamó conservadurismo. Ciertamente parece como si las objeciones “progresistas” a Uber reflejaran una nostalgia por la economía de los 1950s que es un paralelo de la nostalgia conservadora por la vida familiar de esa misma época.

Y al final, el miedo a Uber sugiere que algunos progresistas en realidad son conservadores por dentro. El argumento a favor de Uber es el argumento a favor del progreso igualitarista, que está basado en una disposición a dar la bienvenida al cambio sin control frente a los supuestos progresistas que permanecen diciendo “deténganse” a lo largo de la historia económica.

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Steven Horowitz es el profesor de la cátedra Charles A. Dana de Economía en la Universidad de St. Lawrence y el autor de La Familia Moderna de Hayek: Liberalismo Clásico y la Evolución de las Instituciones Sociales.

 

Traducción: Dusan Vilicic Held
Texto original: https://fee.org/articles/uber-is-progress-so-why-aren-t-progressives-on-board/

La verdadera historia detrás de “La Otra Desigualdad”

Autores y entrevistados olvidan que hombres y mujeres son diferentes

Recientemente, la revista Capital publicó un reportaje llamado “La Otra Desigualdad[1], donde analiza un tópico que ha sido ampliamente discutido en muchos países del extranjero, la “brecha de ingresos” entre hombres y mujeres. Hay tanto que comentar respecto de este reportaje, que daría para un capítulo completo de un libro dedicado a desmentir mitos económicos y políticos (como por ejemplo La Economía en Una Lección, de Henry Hazlitt, libro muy recomendable por lo demás). Obviamente mi intención acá no es extenderme tanto, al menos no aún. Me centraré en los asuntos más prominentes y haré una crítica corta de cada uno de ellos. A mi juicio los principales mitos en el artículo que contienen errores importantes son las siguientes:

  1. Hombres y mujeres son iguales, la diferencia de sexos no influye en capacidades, habilidades y preferencias, los cuales serían definidos completamente por factores sociales, culturales y económicos.
  2. Una brecha en los promedios de hombres y mujeres implica algún tipo de discriminación contra las mujeres.
  3. Los gerentes le pagan menos a las mujeres simplemente por ser mujeres, o a empleados de un área por ser un área “femenina”.
  4. De algún modo es malo que una mujer desee ser ama de casa y cuidar a sus niños, como si esto fuera algo que se le impone.

El reportaje contiene muchos errores más, pero son de menor magnitud o alcance, por lo que ni me molestaré en mencionarlos.

Hombres y mujeres… ¿son iguales?

Hombres y mujeres son iguales, la diferencia de sexos no influye en capacidades, habilidades y preferencias, los cuales serían definidos completamente por factores sociales, culturales y económicos.

El primer mito ha sido repetidamente desmentido, y entre los expertos en neurociencias, comportamiento humano, psicólogos, etc., el consenso es que si bien el ambiente influye, no lo hace más que factores biológicos como por ejemplo las variaciones hormonales, y otros rasgos codificados genéticamente. Esto ha sido comprobado numerosas veces de forma empírica, en experimentos con bebés y niños donde estos muestran intereses y habilidades diferentes dependiendo de su género, independiente de cómo se los cría. Estas diferencias se han observado incluso en fetos, antes del nacimiento. Esto significa que por mucho que se le facilite el acceso de las mujeres a “carreras tradicionalmente masculinas”, ellas siguen prefiriendo en general ocupaciones “femeninas”. Lo mismo para los hombres. Es más, en los países donde más se ha propiciado la “igualdad de género” y la “no discriminación entre sexos”, como Noruega, es donde estas diferencias se acentúan más[2]. En países con menor intervención en este respecto, las mujeres tienen el incentivo de la mayor remuneración para elegir carreras “masculinas”, pero en Noruega este incentivo es menor o inexistente, dependiendo del caso. Entonces la diferencia se vuelve más fuerte: mucho mayor proporción de mujeres en carreras “femeninas” y de hombres en carreras “masculinas”. Esto al punto de que es muy difícil encontrar, por ejemplo, enfermeros hombres o ingenieros mujeres en Noruega. La diferencia entre sexos va más allá de simples preferencias, como todos sabemos, y se extiende hacia lo físico. Un simple ejemplo es que una mujer puede dedicarse a ser nodriza (amamantar a un bebé en ausencia de la madre), pero un hombre no. Los hombres tienen mayores niveles de testosterona, lo que facilita el desarrollo de masa muscular, por lo mismo los récords mundiales en deportes generalmente los establecen hombres, especialmente en disciplinas que requieren fuerza. Una mujer requiere de mucho más entrenamiento que un hombre para lograr el mismo resultado en ese tipo de actividades, en casos sólo pudiendo llegar a ese punto usando tratamientos hormonales o drogas. Esto significa que será mucho menos probable que para una mujer sea fácil o siquiera posible llevar a cabo ciertas actividades que requieren fuerza física. Pero ese no es el único ejemplo. Las mujeres, por ejemplo, tienen mayor tolerancia al dolor, mejor habilidad comunicacional, entre otras cosas. Pretender que mujeres y hombres son iguales no sólo no tiene sentido, sino que es peligroso, porque se está ignorando la realidad, lo que significa que el resultado de cualquier política que asume eso como cierto va a tener consecuencias diferentes de las deseadas, prácticamente siempre negativas para todos y especialmente para las mujeres.

La trampa de los promedios

Una brecha en los promedios de hombres y mujeres implica algún tipo de discriminación contra las mujeres.

El “antipoeta” Nicanor Parra alguna vez dijo famosamente “Hay dos panes. Usted se come dos. Yo ninguno. Consumo promedio: un pan por persona”. Esta cita dice mucho, pero no sobre la desigualdad como muchos pretenden, sino sobre lo engañosas que pueden ser las estadísticas, si no se producen, leen y usan correctamente. No por nada se dice que hay tres tipos de mentira: Mentiras, mentiras malditas, y estadísticas. Cuando se habla de la “brecha de sueldos” entre géneros, se cae en uno de los errores más básicos al usar este tipo de estadísticas. Porque es verdad, si se suman los ingresos de todos los hombres, y los de todas las mujeres, y cada una de esas sumas se divide por la cantidad de individuos, se obtiene el resultado de que en promedio los hombres tienen ingresos ligeramente mayores que las mujeres en promedio. Pero eso no nos dice mucho sobre discriminación. No significa que a una mujer en específico le estén pagando menos que a un hombre que tiene la misma experiencia laboral, estudios, edad, etc. Sólo significa que el promedio es menor. En el caso actual, hay muchas cosas que influyen en ese resultado, pero una de las cosas más importantes es lo que expliqué antes: hombres y mujeres tienen distintas preferencias, y por lo tanto escogen diferentes ocupaciones. Instinto maternal,

El mito de la misoginia

Los gerentes le pagan menos a las mujeres simplemente por ser mujeres, o a empleados de un área por ser un área “femenina”.

Según este mito, uno de los motivos por los que existe la mítica “brecha salarial” es que los gerentes de las empresas, hombres o mujeres que han “internalizado el patriarcado”, le pagan menos a las mujeres por el mismo trabajo, porque de alguna forma desprecian o “infravaloran” a las mujeres. Para cualquier persona sensata es obvio que son muy pocos los que realmente consideran que las mujeres son “inferiores” en general, especialmente hoy en día en la era del feminismo y la “empoderación femenina”, donde si un hombre está peleando o teniendo una discusión con una mujer generalmente se asume de inmediato que la mujer es la víctima y el hombre es el agresor, e incluso muchos continúan defendiendo a la mujer cuando se demuestra que ella era la agresora.

Pero más allá de eso, hay una forma alternativa de demostrar el poco sentido que tiene este mito, que consiste en preguntarse porqué los gerentes no contratan sólo mujeres. Según el mito, a las mujeres se les paga menos que a los hombres por hacer el mismo trabajo. Si esto es así, un gerente con dos dedos de frente se daría cuenta de que puede reducir sus costes (y así poder cobrar menos y aumentar las utilidades) si tan sólo contrata mujeres. Haciendo eso reduciría dramáticamente sus costos laborales, es lo lógico a hacer. El misterio sería entonces porqué no lo hacen, sino que muchas veces incluso evitan contratar mujeres, y no porque sean misóginos, sino que porque consideran que contratar a una mujer es más caro que contratar a un hombre ¿Cómo puede ser así? Es más, muchas mujeres de hecho ganan más que sus pares hombres. Se hace claro que el motivo de pagar menos no es la misoginia o el machismo.

Lo que realmente sucede es que, la legislación laboral chilena (y la de muchos otros países) efectivamente hace que contratar a un mujer sea más costoso en muchos casos que contratar a un hombre. Por ejemplo, sabemos que los permisos pre y post-natales son utilizados desproporcionadamente más por mujeres que por hombres. Esto significa que si se contrata a una mujer, y ésta queda embarazada, habrá que reemplazarla por de seis meses. El reemplazo de un empleado no es gratis, hay que buscar candidatos, reorganizar las labores de los empleados, incluso quizá pasar un tiempo sin alguien que ejecute ciertas tareas que le correspondían a la embarazada. Además, habrá que pagar una sala cuna luego del parto. Todo eso implica un costo para la empresa. Para compensarlo, las empresas tratan de pagarle menos a las mujeres, lo que funciona como una especie de “prima de riesgo” ante la posibilidad de un embarazo por parte de la empleada. Esta “prima” generalmente la pagan todas las mujeres, independiente de si planean o no tener hijos, e incluso si la mujer es estéril, pues esa información está prohibido por ley usarla para decidir si se contrata o no a alguien, o cuánto se le va a pagar, por lo que es muy raro que siquiera se averigüe. Así como esto, hay muchas regulaciones legales que elevan artificialmente el costo de contratar una mujer, redundando en una mayor “prima de riesgo” que se manifiesta en la forma de menores remuneraciones. Ejemplos incluyen regulaciones sobre baños separados para hombres y mujeres, traslados a trabajos alternativos por embarazo, etc. Todo esto hace que parezca que a las mujeres se les paga menos por el mismo trabajo, cuando no es así. Sus servicios laborales son cualitativamente diferentes de los de un hombre a causa de la legislación mencionada, siendo más riesgosos y caros, lo que se compensa con menores sueldos. No hay nada de misógino ni machista en ello, es más, se podría considerar misógina a la legislación que provoca ese daño a las mujeres.

En países donde la legislación laboral no contiene regulaciones que imponen estos costos, o donde estos costos impuestos son mucho menores, se observa que una mujer y un hombre ganan exactamente lo mismo si ambos tienen el mismo trabajo, nivel de estudios, experiencia laboral, edad, etc. Esto también se observa en países donde por ley no se puede pagar diferente a dos empleados que desempeñan las mismas tareas. En esos casos, aún a pesar de que no haya diferencias a ese nivel, igual se observa la mítica “brecha”, pero ya sabemos que eso es debido a las elecciones y preferencias particulares de cada persona, y no porque a las mujeres se les pague menos por hacer lo mismo.

La tiranía del feminismo

De algún modo es malo que una mujer desee ser ama de casa y cuidar a sus niños, como si esto fuera algo que se le impone.

A algunas personas, especialmente aquellas que se autodenominan “feministas”, generalmente les molesta que haya más mujeres en ciertas ocupaciones, como por ejemplo amas de casa o enfermeras. Aducen que esto es una violencia producto de la “internalización del patriarcado”, o de que esto conduce a un aumento de la “brecha salarial” antes mencionada (es gracioso que esta afirmación entra en conflicto con la idea de que una mujer gana menos que un hombre por el mismo trabajo).

El problema con esto es que al decir eso, lo que realmente dicen es que las mujeres no deben ser libres de elegir la ocupación que prefieran (idem los hombres). Lo que buscan es de algún modo forzar que mujeres y hombres estén igualmente representados en todas las ocupaciones, por medio de imponer cuotas de género, subsidios estatales a la contratación de mujeres, etc. Lo gracioso es que esto sólo lo buscan hacer en ocupaciones y carreras universitarias con mayor proporción de hombres, es decir ocupaciones y carreras “masculinas”, por ejemplo ingeniería, directorios de empresas, altos mandos gubernamentales, etc. En el caso de ocupaciones dominadas por mujeres curiosamente no suelen tratar de imponer subsidios a la contratación de hombres, ni cuotas.

El problema con este tipo de medidas es doble: por un lado perjudica al empleador (e indirectamente al resto de empleados y clientes), y por otro lado implica que las mujeres son inferiores, incapaces de obtener los puestos por sus propios méritos. Si las mujeres son capaces  de obtener los puestos por su propio mérito, entonces la medida es innecesaria. Como ya vimos, si no hay “igual representación de géneros” en estos puestos, no es por barreras que se les ponen a las mujeres, ni por “machismo” o “misoginia”. Más bien es por las preferencias individuales de cada mujer, quienes tienden a preferir otras ocupaciones. Si esto es así, crear cuotas de género no va a ayudar en nada, y sólo hará que la mayoría de postulantes igual o mejor capacitados sean discriminados por el simple hecho de ser hombres, es decir, se habrá instaurado un criterio de discriminación sexista obligatorio, que discriminaría entre candidatos sólo por el género de la persona, sin tomar en cuenta el mérito personal del candidato. El feminismo estaría entonces forzando la existencia de lo que dice querer erradicar.

Conclusión

Estos son los principales mitos sobre el tema de la desigualdad de género. De lo anterior se puede concluir que la desigualdad de género existe, pues ambos sexos son efectivamente diferentes (desiguales), no sólo en aspectos físico-anatómicos, hormonales y genéticos (diferencias biológicas, si se quiere), sino que además son diferentes (desiguales) en preferencias e instintos. Todo esto acarrea como consecuencia una diferencia o desigualdad en ocupaciones escogidas y últimamente de ingresos promedio. Esto no quiere decir que a una mujer se le pague menos que a un hombre con igual contexto, al contrario. Y en los casos en que pareciera ser el caso, lo que hay es legislación laboral que aumenta artificialmente el costo de contratar mujeres, lo que trae como consecuencia los desequilibrios observados. Pero tratar de eliminar estas desigualdades es ir contra la naturaleza e individualidad misma de hombres y mujeres, reduciendo su bienestar para satisfacer un capricho extremista igualitarista, sin mayor justificación que un sencillo “no me gusta”.

Notas

[1] Revista Capital N°417, 1 de Abril de 2016 http://www.capital.cl/poder/2016/03/31/100331-la-otra-desigualdad-2

[2] Un buen documental al respecto es la primera parte de “Hjernevask” (“Lavado de cerebro” en español), titulada “La paradoja de la desigualdad de género” (se puede ver acá subtitulado en inglés: https://youtu.be/p5LRdW8xw70; o subtitulado al español: https://youtu.be/2roZWQ-bw7I). Este documental de origen noruego, creado por el humorista y sociólogo Harald Eia cuestiona muchos mitos sociológicos, y los desmiente utilizando evidencia científica y estadística.

Re: Los taxistas, competencia e innovación

Hoy se publicó una carta en el diario El Pingüino de Punta Arenas sobre el asunto de Uber. Tengo varios problemas con esta carta, que reproduzco a continuación:

Captura

soEn la carta, José Navarrete hace varias afirmaciones. Primero cuando dice que “sus conductores, a diferencia de los taxistas, no son profesionales; sus autos no están asegurados como un taxi, no pagan ni declaran los ingresos obtenidos, no están sujetos a fiscalización alguna, entre otras.” Y más adelante dice que “Uber compite deslealmente contra los taxistas”. Vamos desgranando.

Conductores no profesionales

Si se refiere a que no necesariamente poseen la famosa licencia clase A, eso es irrelevante. Una persona con licencia clase B está facultada para transportar pasajeros. Todos lo hacemos, cuando viajamos en familia, cuando un padre lleva a sus hijos al colegio, cuando viajamos con amigos, y en general cuando compartimos el vehículo. Compartir el vehículo (tener pasajeros) no requiere de una licencia clase A, es más, el gobierno en ocasiones ha hecho campañas para promover el llamado “carpooling” o compartir los viajes con pasajeros, en vez de viajar en vehículos separados. Lo único que está prohibido para un conductor con licencia clase B es llevar a cabo esa actividad con fines de lucro. Esa prohibición no tiene más objeto que disminuir la competencia, por medio de la creación de una barrera de entrada artificial (la obtención de una licencia clase A) para beneficiar a grupos de interés corruptos (como el lobby del taxi) a costa del resto de nosotros (mayores precios, peor calidad).

El que un conductor sea o no profesional, por otro lado, sólo depende de si desempeña esa actividad como su profesión. Un conductor de Uber puede ser tanto o más profesional que un taxista normal. La profesionalidad no depende de las certificaciones que se tengan, por lo que el tema de la licencia no es relevante acá. Además, los conductores de Uber en general son muy corteses, amigables, honestos, cuidadosos, y no conducen mal. Navarrete mismo nos dice refiriéndose a Uber “sin lugar a dudas el servicio es de calidad”, lo cual dice mucho sobre la profesionalidad de los conductores de Uber.

Por estas razones es que decir que los conductores de Uber “no son profesionales” no sólo es poco serio, sino que derechamente es una tontera y una contradicción.

Autos no asegurados como un taxi

En estricto rigor esto no es mentira, pero se presta para equívocos. Para empezar todo vehículo en circulación debe contar con al menos el SOAP, el seguro obligatorio, así que de que están asegurados, lo están. El SOAP cubre los gastos médicos y relacionados de los participantes en un accidente provocado por el asegurado. Esto significa que si el conductor de Uber llegara a causar un accidente, uno como pasajero está cubierto por el seguro. Si es otro conductor el que causa el accidente, uno como víctima también está cubierto por el SOAP. Esto cubre la gran mayoría de accidentes que se pudieran llegar a tener. El que el conductor no esté obligado a tener asegurado su vehículo, más allá de lo que cubre el SOAP (daños a las personas) no es de interés para uno como usuario. Si el conductor quiere reducir la incertidumbre inherente en no tener asegurado su vehículo, puede hacerlo, pero es cosa de él, y sólo le afecta a él, por lo que tendría poco sentido obligarlo. Por otro lado, para los pocos y raros casos que el SOAP no cubriría, se pueden contratar seguros aparte, si uno considera que vale la pena. Además no se conoce que los conductores de Uber tengan mayores tasas de accidentabilidad que los taxistas o que un conductor particular como uno mismo, por km recorrido, y mientras no se conozca ese dato, poco sentido tiene exigirles más seguros que lo que se nos pide a todos.

No pagan impuestos

Esto es básicamente mentira, pero es fácil ver porqué Navarrete cae en el error. Los conductores de Uber pagan impuestos igual que lo hace una persona que vende productos a través de Mercado Libre. No lo hace directamente, sino que a través de la plataforma. Una parte de la comisión que cobra Uber se va a pagar los impuestos correspondientes. E incluso si fuera cierto, esto no es necesariamente algo malo, pues nos permite disfrutar de un servicio superior, a un precio inferior. Los únicos que se verían perjudicados serían los políticos y burócratas deseosos de aumentar sus fortunas y poder personales.

No están sujetos a fiscalizaciones

Esto es falso. Claro, no están sujetos a las mismas fiscalizaciones que los taxistas, pero los taxistas tampoco están sujetos a ser fiscalizados por Uber.

Primero, todo vehículo en circulación está sujeto a ser fiscalizado por las autoridades competentes, no sólo los taxis. Carabineros de vez en cuando hace estas fiscalizaciones, donde revisan todo tipo de vehículos, incluyendo los particulares, para verificar que todo esté en orden, desde los documentos, hasta la revisión técnica, implementos de seguridad y componentes reglamentarios.

Ya por lo anterior es falsa la afirmación de Navarrete, pero resulta que los conductores de Uber son fiscalizados por la misma empresa. Uber exige que sus conductores tengan sus vehículos en regla, y en perfectas condiciones. Por otro lado, los mismos usuarios actúan como fiscalizadores por medio de las funciones de evaluación y comentario disponibles en la aplicación. Si un conductor tiene malo un foco, el usuario puede calificar negativamente al conductor, y dejar el comentario. Uber incluso puede expulsar a conductores por no cumplir con sus estándares mínimos, que son más estrictos que los para los taxis, ya que no sólo incluyen detalles técnicos, sino que además cubren cosas como pulcritud, limpieza, etc. Además de que Uber no admite vehículos viejos, mientras que los taxistas generalmente utilizan modelos inferiores.

Como podemos ver, no sólo es falso que no están sujetos a fiscalización, sino que además funcionan bajo estándares más altos que los taxistas.

Competencia desleal

Se ha utilizado mucho este argumento de la “competencia desleal”, pero el término se está usando de forma totalmente errónea. Competencia desleal es un término utilizado para describir a la práctica del dumping, es decir, de cobrar menos que el costo con el fin de eliminar a la competencia y así poder cobrar mucho más que al inicio. Más allá de que esa técnica nunca ha funcionado realmente, no tiene nada que ver con lo que hace Uber. Uber no cobra por debajo de sus costos. Es más, cobra por encima de estos, por eso es que genera utilidades y no pérdidas, que es lo que sucedería si practicara competencia desleal así definida. Pero hay otra posible definición del término, que yo considero mejor: cobrar precios artificialmente bajos gracias a subsidios estatales. Evidentemente Uber no recibe ninguna clase de subsidio estatal, a diferencia de empresas como CODELCO, ENAP, BancoEstado o EFE. Esas empresas sí practican competencia desleal, Uber no.

Dicho eso, es evidente que el término se está usando no para referirse a su definición más técnica, económica, sino que en realidad lo que se está diciendo es que es injusto para los taxistas tener que operar con costos mayores que los que tienen los conductores de Uber. El primer problema ahí es que esos costos (licencia clase A, patentes amarillas, etc.) fueron en buena parte solicitados por el lobby del taxi, para que sirvieran de barrera de entrada artificial y así reducir su competencia en una movida de proteccionismo mercantilista puro y duro. Esto se hace evidente cuando el reclamo obvio, que sería pedir que les quiten esos costos innecesarios, no es el que hacen los taxistas. Como buen lobby mercantilista, lo que pide no es la reducción de las barreras de entrada, sino que la imposición de estas a la competencia más eficiente. Es más, a los taxistas se les dá el privilegio de poder utilizar gas natural como combustible, que es mucho más económico que la bencina o el diesel. Es evidente que si se desea una cancha pareja y mejorar la calidad del servicio, lo que se debe hacer es eliminar la obligatoriedad de la licencia clase A para transportar pasajeros con fines de lucro, de tener patente amarilla para idem, entre otras barreras de entrada innecesarias y obsoletas, además de eliminar la restricción del uso de gas natural para el resto de gente.

Conclusión

Tal vez sea cierto que Uber no es legal. Pero si no lo es, es por meras tecnicalidades y por leyes obsoletas o que derechamente siempre fueron innecesarias, es decir, en tal caso Uber no debiera ser ilegal. Lo que me parece en todo caso es que demostrar en juicio la ilegalidad del servicio será mucho más difícil que lo que a algunos les parece. Al margen de eso, es indiscutible que la calidad del servicio es superior y que los precios son de un tercio o menos que lo que cobra un taxi tradicional. Impedir el funcionamiento de un servicio que tanto beneficia a la sociedad sería no sólo un despropósito, sería derechamente un acto de locura o avaricia.

Los EEUU no son un país capitalista

Debo comenzar aclarando que por ‘capitalismo’ yo entiendo un sistema que requiere de una sociedad muy libre, donde se respeten muy a rajatabla los derechos de propiedad privada, los impuestos sean bajos, y la intervención estatal en la sociedad sea en general muy escasa o totalmente nula. En pocas palabras una sociedad y mercado libres.

También debo aclarar que esto lo escribo en respuesta a un artículo publicado en El Quinto Poder titulada “Miseria en la yugular del capitalismo“, donde el autor se dedica a describir lo terrible que es el “capitalismo” estadounidense.

La verdad es que yo no consideraría a los EEUU de hoy como la “yugular del capitalismo”, ni de lejos. Tal vez hasta 1900 o poco más podría haberse dicho algo por el estilo, pero después de las administraciones de los fascista-socialistas de Hoover y Roosevelt, el país nunca dejó el camino del mercantilismo y del corporativismo. Dejo claro que yo entiendo que un “capitalismo” requiere de una sociedad muy libre donde se respeten muy a rajatabla los derechos de propiedad privada. Nada de expropiaciones ni “eminent domain” ni complejos industriales militares coludidos con el Estado, ni planos reguladores, ni monopolios otorgados por el Estado, ni subsidios a la gran agricultura, ni limitaciones a las importaciones para proteger los intereses de las grandes empresas, ni servicios estatalizados que realmente corresponden a la sociedad privada, ni sendos impuestos con un código tributario tan grande que se requiere de un equipo de asesores para entenderlo. Los EEUU de hoy están extremadamente lejos de eso. Si hasta en varios Estados de ese país ni se puede practicar la peluquería o el diseño de interiores sin un permiso estatal, para proteger a los grupos de interés, generalmente gremios o empresas grandes. Eso tiene poco y nada de mercado libre, ni de sociedad libre. A menos de que creas que “capitalismo” es algo diferente, no relacionado con una sociedad libre de respeto a los derechos de propiedad privada.

Por otro lado, es curioso que dentro de los EEUU hay mucha diferencia en la “miseria” que hay. Llama la atención que donde más miseria se ve es en general en los Estados y lugares donde se ha impuesto por más tiempo el socialismo, como por ejemplo Nueva York o Detroit, entre otros. Son Estados o ciudades con un control estatal muy fuerte sobre la sociedad, con sueldos mínimos legales relativamente altos, y donde es muy poco lo que se puede hacer sin algún tipo de trámite o permiso estatal. El resultado está a la vista. Luego de haber sido una de las sociedades más libres, prósperas y pujantes del planeta, pasó a ser una de las más mercantilistas y con el mayor intervencionismo estatal en la sociedad, vino el estancamiento y la miseria. No es algo muy sorprendente la verdad.

Porqué la ley no debe castigar la colusión, y qué debiera hacerse en lugar de eso

Nota: Este texto está basado en una serie de columnas publicadas en el diario El Pingüino de Punta Arenas, que pueden encontrarse acá, acá, y acá.

Cuando una persona decide vender algo que le pertenece, ella decide el precio que está dispuesta a aceptar para llevar a cabo el intercambio. Ese precio no tiene porqué guardar alguna relación con el que otra gente está cobrando, ni con ningún “nivel general de precios”. El propietario tiene derecho a decidir ese precio de manera arbitraria. Por esto es que no tiene sentido hablar de “manipulación de precios”. El precio no es algo externo a la transacción, pues cada quien ofrece el que le da la gana para cada transacción particular.

De forma equivalente, los compradores no tienen derecho de decirle al dueño cuánto cobrar, pero tienen todo el derecho de no comprar si no les parece bien el precio ofrecido. Nadie está (o debiera estar) obligado a comprar (ni a vender) nada a nadie. Es el comprador el que decide el precio al que está dispuesto a comprar, no los “niveles de precios” u otros factores. Todo esto es independiente de cómo es que una persona u otra decide ese precio al que está dispuesto a llevar a cabo la transacción.

Para entender esta simetría, es clave darse cuenta que una compraventa no es más que un trueque. En un trueque, ¿quién es el vendedor: el que entrega papas a cambio de pescado, o el que entrega pescado a cambio de papas? La respuesta es que ambos son compradores y vendedores a la vez. Una compraventa por dinero no es más que un trueque donde una de las partes entrega dinero. Por esto es perfectamente razonable y válido decir que una de las partes está vendiendo dinero a cambio de otros bienes o servicios, y que su contraparte está comprando dinero. Por ejemplo, uno podría ver al supermercado no como vendedor de abarrotes, sino como un comprador de dinero, y que lo paga con abarrotes. En esencia, distinguir un comprador de un vendedor no tiene mucho sentido, pues simplemente son contrapartes en un intercambio. Ambos son vendedores y compradores a la vez.

Si se tratara a la colusión como un delito, habría que castigar también a un grupo de clientes que se ponen de acuerdo para no comprar alguna cosa por sobre cierto precio, o a un grupo de empleados que se ponen de acuerdo para no vender sus servicios laborales a menos de cierto precio. Esto último incluso se trata como un derecho, en la forma de la sindicalización, e incluso se le da privilegios a los proveedores de servicios laborales coludidos, como por ejemplo, se prohíbe a su cliente dejar de contar con sus servicios (fuero). Esto que nos parecería de lo más escandaloso en algunos servicios, curiosa e incoherentemente se tolera y promueve en otros. Incluso hay grupos que abiertamente promueven la colusión forzada por ley de todos los proveedores de servicios laborales. Eso ya debería hacer pensar a uno que hay algo de extraño en todo este asunto de castigar la colusión, algún problema fundamental.

Otro asunto es que la “concentración de mercado” -uno de los requisitos que suelen enunciarse para que supuestamente tenga validez la acción estatal contra alguna colusión- se analiza por rubro. ¿Porqué? La razón simple sería que si no se hiciera así, nunca se podría castigar nada, porque no existe la concentración de mercado completo, sin distinguir rubros. No hay empresas que concentren una porción tan grande como para decir que tienen “poder de mercado”. Pero el problema concreto con dividir el mercado por rubros, es que la definición de un “rubro” es arbitraria. ¿Hablamos del rubro de los transportes en general, o sólo del transporte interurbano de pasajeros en buses? ¿Es sólo el rubro del jamón laminado de cerdo, o el rubro del jamón laminado de cualquier animal, o incluso el rubro del cerdo o de la carne en general, o incluso de los alimentos en general? ¿Qué tan fino corresponde hilar? Bien puede ser que las compañías de buses interurbanos se hayan puesto de acuerdo en cuánto cobrar, pero ellas igual tienen como competencia los trenes, aviones, taxis, vehículos particulares, etc. Y eso sólo hablando de “transporte de pasajeros”. La compañía de buses no sólo debe convencer a sus prospectivos clientes de que la deben preferir por sobre otros medios de transporte, sino también por sobre otros usos que le puede dar a ese dinero y tiempo, como ir a un cine o restaurante, en vez de viajar. Entonces la competencia no es sólo dentro del “rubro”, como sea que se lo defina, sino que con todas las demás alternativas que tiene la persona para usar sus recursos (tiempo, dinero…), incluyendo no comprar nada, ahorrar.

Esto sin olvidar el porcentaje del “rubro” que deben concentrar las empresas coludidas para considerar que se las puede castigar, cifra que también es arbitraria. ¿Por qué castigar cuando las empresas acumulan, por ejemplo, el 75% del “rubro” y no 70% u 80%, o incluso 50% ó 99%? Al final del día, la extensión del rubro y su proporción de “dominio” se determinan de manera arbitraria para cada caso, por lo que los castigos serían también arbitrariamente impartidos. ¿Cómo puede ser esto justo?

Para que un intercambio sea justo, éste debe ser voluntario y se deben respetar los términos acordados (como precio y calidad). Si no se respeta lo primero, estamos frente a un robo y si no se respeta lo segundo, es estafa. Pero en un caso de colusión, no se dá ni lo uno ni lo otro, no hay engaño ni agresión. Hay que recordar que el precio no es algo externo; no tiene que guardar relación alguna con “niveles generales de precios”, por lo que el que se cobre más, menos, o igual que el resto no es relevante. También es irrelevante el modo en que el propietario decida a cuánto está dispuesto a vender sus pertenencias, sea que lo decida por su cuenta, o que lo haga en conjunto con otras personas.

Como ven, no tiene sentido que un tribunal castigue la colusión. Esa idea está basada en una mala comprensión o completa ignorancia de las transacciones, de cómo se forman los precios, y de lo que constituye competencia para un negocio.

Sin embargo, dado que el castigo legal a la colusión se justifica mediante la afirmación de que se busca mejorar la situación que habría sin esta intervención estatal, no quiero dejar de dar sugerencias de cómo mejorar de verdad la situación. Para poder hacer ese tipo de sugerencias se necesita tener una comprensión mínima y básica de cómo funciona la sociedad, la economía, por lo que no podemos confiar en quienes han propuesto castigar la colusión. ¿Qué hacer entonces?

La propuesta es simple (aunque probablemente difícil de implementar, pero ese es otro tema): reducir la presión fiscal sobre la sociedad. Por presión fiscal me refiero a todo costo impuesto por el Estado a cualquier actividad humana legítima (que no implique un daño no consentido a otros). Acá incluyo cosas como la regulación estatal de la actividad de las personas, los impuestos y cosas similares. Todo esto aumenta los costes que tienen las personas; por ende lo que logra es que los precios tiendan a subir (es decir, que el precio del dinero tienda a bajar). Las cosas se vuelven más costosas cuando se suben los impuestos; esto es algo por todos sabido. Pero no todos se dan cuenta que si se obliga a las empresas a, por ejemplo, tener más infraestructura de la que tendrían de otro modo, también se presionan al alza los precios. No sólo eso, también se presionan los sueldos a la baja. Esto porque se fuerza que tengan mayores costos, y cuando los costos suben, no sólo bajan las utilidades y suben los precios, sino que en el mediano a largo plazo también disminuyen los sueldos que pagan. Algunas empresas podrían quebrar o cerrar a causa de esto, lo que significa que se pierden empleos. Y lo que interesa para el caso en discusión: al haber menos empresas, hay más “concentración”.

Para ser más concreto, el tipo de medidas que se requieren para mejorar la situación actual incluye por ejemplo eliminar aranceles y barreras de exportación e importación, bajar impuestos, eliminar buena parte de la regulación estatal a la actividad privada (especialmente la regulación laboral que sólo daña a empleados y consumidores), etc. En suma, reducir la burocracia que impide la libre competencia, e instaurar una sociedad más libre.

Castigar la colusión no sólo sería injusto, entonces, sino que además inefectivo y dañino, especialmente en cuanto se distrae la atención del verdadero problema: el costo que tiene el Estado para la sociedad. Si lo que se desea evitar es la concentración, sin perjudicar a la sociedad al hacer que todo se vuelva más costoso, sino que al contrario, que todo se vuelva más económico, haya más empleo, mejores remuneraciones, y así aumente la prosperidad de todos, es claro que lo que se debe hacer es reducir la presión fiscal y el intervencionismo estatal sobre la sociedad.

Subsidiar y regular la imprudencia

En Diario Financiero, Jimena Catrón nos dice[1]:

Si hay un evento “traumático” para la banca chilena es, definitivamente, la crisis de 1982, año en el que el Estado tuvo que intervenir a varios de ellos para evitar su quiebra. ¿Por qué se llegó a esta situación? Principalmente, por los llamados créditos relacionados, en los que un mismo deudor podía pedir prácticamente tantos préstamos como sociedades tuviera, a pesar de que a final de cuentas, quien debía pagar era la misma persona.

 Por eso es que la histórica multa de unos US$ 31 millones que aplicó a fines de diciembre la Superintendencia de Bancos (SBIF), encabezada por Eric Parrado, a CorpBanca remeció a varios. La razón está en que la medida se sustenta en la infracción al artículo 84 de la Ley General de Bancos…, el que nació, justamente, para evitar una nueva crisis como la del 82.

La solución a ese problema no era hacer bienestar corporativo, subsidiando a los bancos tontos a costa nuestra; y luego prohibirles ser imprudentes. La solución era simplemente dejar que los banqueros imprudentes que presten así a tontas y a locas, quiebren, sin subsidiarlos de ninguna forma. Así, los que siguen pondrán mucho más cuidado con a quién le prestan plata, porque si no tienen cuidado pueden quebrar y nadie los va a subsidiar. Ni siquiera se necesitaría un artículo 84. De hecho, en general no se necesitaría una LGB, ni una SBIF, ni un Banco Central. Lo cual me parece mucho más beneficioso para la sociedad que tener que financiar esas tremendas burocracias, los mal llamados “rescates”, la inflación, etc.

[1DF: «Multa a CorpBanca: las particularidades que encendieron las alarmas de la SBIF»

Crítica a Marcel Claude y Jaime Bellolio

Hace un tiempo un amigo me mandó este video de Marcel Claude hablando con Jaime Bellolio. Tal vez esperaba que defendiera a Bellolio, pero haré lo contrario.

Para empezar, criticar su afirmación de que “los bancos deben ser regulados”. No! Hay que eliminar regulación, partiendo por abolir el Banco central, abolir las leyes de curso forzoso y abolir las leyes que les conceden privilegios a los bancos para operar con una reserva fraccionaria, además de insistir en que el gobierno no rescatará a ninguna empresa, sea o no “muy grande para quebrar” ni garantizará los depósitos. Eso en realidad es subsidiar a los ricos.

En segundo lugar, el estado a través del Banco Estado no debe usar recursos extraídos por impuestos para “dedicarse a aquellos ámbitos a dónde no están llegando los privados”. Si no están llegando ahí es por un motivo. Henry Hazlitt explica muy bien este punto en el quinto capítulo de su obra maestra ‘La Economía en una Lección”. Tal cosa es perturbar los mecanismos que tiene el mercado para asignar los recursos a quienes probablemente harán un uso más productivo de ellos. Además, si el mercado no quiere conceder préstamos a alguien, será porque esa persona no tiene crédito. Eso significa que es muy poco probable que pueda devolver el préstamo. Entonces hacer lo que propone Bellolio no es más que dilapidar recursos escasos, frenar la producción y la elevación de los estándares de vida y poder adquisitivo de la gente en general.

Y pasando a Claude, es cierto que en Chile no opera el libre mercado, aunque a diferencia de su diagnóstico, es porque hay un exceso de regulación, impuestos, subsidios, además de la influencia planificadora del banco central. Como ya mencioné antes [http://on.fb.me/191bMMv], la concepción que tiene Marcel de los monopolios y oligopolios no es interesante. Siempre que haya libre mercado estos grupos no podrán “abusar” de su posición. Lo importante es que se eliminen todo lo posible las barreras artificiales al emprendimiento, y estas barreras son las impuestas por la intervención estatal en forma de subsidios, impuestos y regulaciones, que al final del día benefician sólo a las empresas grandes que tienen los recursos para manejar estas cosas y que ven su competencia reducida a causa de tal intervencionismo.

Es falso que los consumidores no tengan muchas opciones. Bástese con pensar cuántas cosas diferentes uno puede comprar con mil o diez mil pesos. La gran mayoría de cosas que se pueden comprar en un supermercado cuestan menos de diez mil pesos, para qué hablar de otras alternativas como ahorrar. Claro, habrían muchas más alternativas si hubiera menos intervencionismo estatal, pero eso no significa que no haya alternativas.

Después Marcel dice que el interés público está opuesto al interés privado, pero olvida que el interés público está compuesto por los intereses privados de cada persona. El interés público ES el interés privado.

Sobre la democracia, espero que lo que tengamos no sea eso, Hoppe explica muy bien porqué la democracia es un peligro público en las siguientes citas:

“Previsiblemente, bajo condiciones democráticas la tendencia de todo monopolio – de aumentar los precios y reducir la calidad – sólo será más pronunciada. En lugar de un príncipe que considera al país como su propiedad privada, un tutor temporal es puesto a cargo del país. Él no es dueño del país, pero mientras está en el cargo se le permite usarlo para ventaja propia y de sus protegidos. Él es dueño de su uso actual – usufructo – pero no de su capital. Esto no eliminará la explotación. Al contrario, hará que la explotación sea menos calculada y llevada a cabo con poca o nula relación al capital, es decir, de forma cortoplacista. Por otra parte, la perversión de la justicia ahora procederá aún más rápido. En lugar de proteger los derechos de propiedad privada pre-existentes, el gobierno democrático se convierte en una máquina para la redistribución de los derechos de propiedad existentes en nombre de la ilusoria ‘seguridad social’.”

“El modelo americano – la democracia – debe ser considerado como un error histórico, tanto económica como moralmente. La democracia promueve la miopía, el desperdicio de capital, la irresponsabilidad y el relativismo moral. Conduce a redistribución permanente y obligatoria de la riqueza y la renta y a la inseguridad jurídica. Es contraproducente. Promueve la demagogia y el igualitarismo. Es agresiva y potencialmente totalitaria internamente, vis-à-vis de la propia población, así como externamente. En suma, se conduce a un espectacular crecimiento del poder estatal, que se manifiesta por la cantidad de ingresos gubernamentales y de la riqueza parasitariamente apropiados – por medio de impuestos y expropiación – en relación a la cantidad de ingresos privados y riqueza adquiridos productivamente – a través del intercambio de mercado -, y por la variedad y la invasividad de la legislación estatal. La democracia está condenada al colapso, tal como el comunismo soviético estaba condenado al colapso.”

Sobre lo del financiamiento de las campañas políticas por “los poderes fácticos” (a los que yo y cualquier economista que entienda algo de esto llama “intereses especiales”) estoy de acuerdo. La cosa es que los sistemas democráticos, por su naturaleza degeneran en esto. El problema no es que no haya democracia, el problema ES la democracia, al menos en este punto.

Lo último es que Claude no entiende que el lucro, en un mercado libre, es una señal que indica que lo que se está haciendo es valorado por el resto -por la sociedad si se quiere-. Entonces el fin de lucro en esas condiciones implica hacer lo que la sociedad valora más. ¿Qué cosa es más democrática, social, y de utilidad pública que eso?