Socialismo neoliberal nórdico

Estoy bastante aburrido de que los variados socialistas miren a países como Finlandia o Suecia y digan “esos son países socialistas y por eso son tan prósperos y la gente de allá vive tan bien”. Eso es una gran mentira. Muy similar a la mentira de que Chile es “la Norcorea del neoliberalismo”. Para desmentir estos mitos, voy a hacer una comparación simple entre Chile y los diferentes países que el World Economic Forum considera “los diez más felices”. La lista me pareció interesante no tanto por ser “más felices”, sino que porque son países muy prósperos, que están entre los con más libertad económica según los índices que tratan de medir esto, y que además incluye a los países escandinavos “socialistas” más promimentes. Lo que compararé son varios agregados que reflejan el nivel de “socialismo” y de “neoliberalismo” (según la concepción de la gente que mencioné antes), según el índice de libertad económica de The Heritage Foundation (lo uso porque tiene mejor presentación y es más accesible que el índice del The Fraser Institute). Un número más alto significa “más neoliberal” o “menos socialista”, o “menos corrupción”.

Partamos con Chile:

  • Regulación laboral: 64.3
  • Regulación empresarial: 72.1
  • Derechos de propiedad: 85
  • Gasto estatal: 83.1
  • Impuestos: 74.8
  • Corrupción: 73

Como se puede ver, tenemos (en realidad tuvimos, la información es de hace un par de años) bastante regulación estatal de la actividad económica, pero impuestos relativamente bajos (como la información es vieja no cuenta aún el impuestazo de Bachelet). El nivel de corrupción no es alto, pero tampoco es tan bajo como para no ser preocupante. El nivel de protección a los derechos de propiedad privada es decente, pero no especialmente alto, claramente no tanto como para ser motivo de celebración.

Ahora veamos los países de la lista de “más felices” (entre paréntesis la diferencia con Chile):

socialismo-neoliberal-nordico

  • Australia:
    • Regulación laboral: 77.2 (+12.9)
    • Regulación empresarial: 89.4 (+17.3)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 62 (-21.1)
    • Impuestos: 63.2 (-11.6)
    • Corrupción: 80 (+7)
  • Canadá:
    • Regulación laboral: 72.6 (+8.3)
    • Regulación empresarial: 81.8 (+9.7)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 50.4 (-32.7)
    • Impuestos: 80 (+5.2)
    • Corrupción: 81 (+8)
  • Dinamarca:
    • Regulación laboral: 86 (+21.7)
    • Regulación empresarial: 95.4 (+23.3)
    • Derechos de propiedad: 95 (+10)
    • Gasto estatal: 2.3 (-80.8)
    • Impuestos: 39.5 (-35.3)
    • Corrupción: 92 (+19)
  • Finlandia:
    • Regulación laboral: 53.7 (-10.6)
    • Regulación empresarial: 90.7 (+18.6)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 0.8 (-82.3)
    • Impuestos: 66.5 (-8.3)
    • Corrupción: 89 (+16)
  • Islandia:
    • Regulación laboral: 61.6 (-2.7)
    • Regulación empresarial: 90.1 (+18)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 42.1 (-41)
    • Impuestos: 73.3 (-1.5)
    • Corrupción: 79 (+6)
  • Países Bajos:
    • Regulación laboral: 64 (-0.3)
    • Regulación empresarial: 80 (+7.9)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 34.4 (-48.7)
    • Impuestos: 52.7 (-22.1)
    • Corrupción: 83 (+10)
  • Noruega:
    • Regulación laboral: 48 (-16.3)
    • Regulación empresarial: 89.6 (+17.5)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 41.8 (-41.3)
    • Impuestos: 53.2 (-21.6)
    • Corrupción: 86 (+13)
  • Nueva Zelanda:
    • Regulación laboral: 85.9 (+21.6)
    • Regulación empresarial: 91.4 (+19.3)
    • Derechos de propiedad: 95 (+10)
    • Gasto estatal: 46 (-37.1)
    • Impuestos: 71 (-3.8)
    • Corrupción: 91 (+18)
  • Suecia:
    • Regulación laboral: 53.5 (-10.8)
    • Regulación empresarial: 89.7 (+17.6)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 14.9 (-68.2)
    • Impuestos: 44.4 (-30.4)
    • Corrupción: 87 (+14)
  • Suiza:
    • Regulación laboral: 72.1 (+7.8)
    • Regulación empresarial: 82.2 (+10.1)
    • Derechos de propiedad: 90 (+5)
    • Gasto estatal: 66.3 (-16.8)
    • Impuestos: 70.9 (-3.9)
    • Corrupción: 86 (+13)

Lo que podemos ver inmediatamente es que todos los países tienen menos regulación a las empresas, más protección a los derechos de propiedad privada, menos corrupción, pero más impuestos (con la excepción de Canadá) y más gasto estatal. La minoría tienen más regulación laboral que acá, dos tienen una cantidad similar a la chilena y la mitad tienen mucha menos regulación laboral que Chile. Ya con esto se cae la idea de que Chile es “la Norcorea del neoliberalismo”, pues en esos países la regulación estatal es mucho menor (más “neoliberalismo” y confianza en la “autorregulación del mercado”). Pero sigamos el análisis.

Los países que tienen más regulación laboral que Chile tienen alguna combinación de impuestos más bajos y menor regulación a las empresas, en comparación con los países que tienen menos regulación laboral, lo que sugiere un trade-off, un balance entre esas cosas. Lo cual tiene sentido, la regulación laboral, impuestos, y la regulación a las empresas son un lastre para la actividad privada de las personas, por lo que si se aumenta una de esas cosas, hay que disminuír alguna las otras en alguna combinación para compensar.

Se nota que en estos países se valora la libertad para llevar a cabo una empresa, lo cual para la lógica de quien cree que “Chile es la Norcorea del neoliberalismo” significaría que esos países no son “más socialistas” ni “menos neoliberales”, todo lo contrario. Se demuestra un nivel alto de confianza en los empresarios para llevar a cabo sus negocios, y en las empresas para generar prosperidad y bienestar de la manera que consideren mejor.

Se ve también más confianza en el manejo privado de la propiedad, lo que refleja en la consistencia con que se protejen más los derechos de propiedad privada. Eso implica cosas como menos poder y discreción estatal para expropiar y confiscar, más garantías a los propietarios de que cualquier daño a su propiedad será castigada o resarcida, etc. Esto claramente es un signo de “neoliberalismo” más que de “socialismo”.

Otra cosa que se puece observar es que hay menos corrupción en el Estado en todos esos países. Personalmente creo que eso viene como consecuencia de factores culturales, que a su vez vienen influídos por el hecho de que todos esos países han sido muy libremercadistas a lo largo de la historia, especialmente desde el siglo 19 en adelante, con relativamente breves lapsos estatistas. Cuando el sistema es muy de libre mercado, con prácticamente nada de provisión estatal de servicios educacionales, médicos, seguros, pensiones, redistribución, subsidios empresariales, barreras comerciales, etc. lo que resulta es que ese ambiente genera, por fuerza de necesidad, una cultura muy emprendedora, empresarial, solidaria, de responsabilidad individual y de honestidad, que no sólo es un caldo de cultivo ideal para la prosperidad, sino que además tiene como consecuencia un nivel muy bajo de corrupción en los funcionarios estatales.

Respecto del gasto estatal, es evidente que se hace posible un gasto así de grande en estos países gracias a que esto se compensa con alguna combinación de bajos impuestos y regulación, lo que produce una mayor y más fuerte actividad económica generadora de impuestos. Es decir, algunos países tienen impuestos altos, pero muy poca regulación laboral y a las empresas (como Dinamarca), otros tienen más regulación laboral pero menos impuestos (como Islandia), y también está el caso de Noruega que financia su gasto estatal mediante la estatización de alguna empresa o recurso importante (de forma similar a Chile). Además tenemos los casos de Canadá y Australia, que van más por la moderación, teniendo impuestos y gasto estatal un menores al resto, y compensando con un poco menos de regulación laboral que el resto.

Es claro que los países nórdicos son todo menos “socialistas”, y que de hecho son mucho más “neoliberales” que Chile (siempre según la concepción antes mencionada). Además, el mito de que “Chile es la Norcorea del neoliberalismo” se demuestra claramente sin base, siendo que estos países supuestamente “socialistas” tienen un mercado mucho más desregulado, mayor protección a los derechos de propiedad privada y en general menos regulación laboral. También se hace evidente que hay un trade-off entre impuestos y regulación, debiendo compensar el aumento en una cosa, con una reducción de la otra. Una última cosa que se hace evidente es que el nivel de impuestos es menos determinante del bienestar que la regulación estatal. Un cierto aumento en impuestos requiere una reducción menor de la regulación estatal para compensar, lo que explica el éxito relativo de estos países. Lo cual no quita que tendrían un mejor desempeño si además de tener poca regulación estatal, tuvieran también un bajo nivel de impuestos y gasto estatal (para ver eso se tendrían que haber incluído países como Liechtenstein, Singapur y Hong Kong al análisis – tal vez en otra ocasión). La libertad funciona, como decía el slogan de Students for Liberty.

Mejores Pensiones: ¡Más Libertad!

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Dusan Vilicic Held
Asociación Liberal de Magallanes (ALMA)

Esta columna se publicó el 28 de agosto del 2015 en el diario El Pingüino de Punta Arenas.

En mis anteriores columnas expliqué por qué un sistema estatal de reparto no es conveniente ni practicable, y también propuse algunas formas en que se podría lograr una bajada en las comisiones que cobran las AFP. Pero reducir las comisiones, incluso a la mitad, no tiene un impacto demasiado grande en el monto final de las pensiones, pues ya son relativamente bajas[1][2]. Por ello es que lo anterior, por sí solo, no es realmente una gran mejora. Hay que lograr la mejora más importante: la de los rendimientos sobre la inversión. Esto no es algo fácil, ya que en sí no son bajos; aproximadamente tres cuartos del dinero en los fondos corresponden a rentabilidad[3].

Para ello propongo tres cosas. Primero, dar libertad a las AFP para invertir donde y de la forma que consideren mejor. Esto permitiría a las AFP hacerlo en áreas que bien podrían ser más rentables que aquellas a las que están limitadas actualmente, lo que aumentaría los rendimientos para los ahorrantes, si la AFP hace bien su trabajo. Por ejemplo se ha estimado que los fondos podrían haber tenido un rendimiento hasta 30% superior si no hubiera restricciones a la inversión en el extranjero[4][5].

Segundo, libertad de ahorro: que cada quien pueda ahorrar cuanto desee, donde prefiera. El que los cotizantes obtengan completo control sobre sus ahorros, y no estén obligados a ponerlos en una institución que no les dé confianza o que no les guste, ya es de por sí una mejora. Pero lo importante es que esto controla el riesgo que asumen las instituciones de gestión de ahorro, pues la gente preferirá otra AFP o institución (ej. un banco), u otra forma diferente de previsión (ej. mutuales, aseguradoras), sí considera que su AFP se está arriesgando demasiado en sus inversiones.

Tercero, una reducción de impuestos generalizada. Una reducción en la carga fiscal tendría varios efectos benéficos. Por un lado, haría que los precios bajen, lo cual significa que incluso sin aumentar las pensiones, se puede adquirir más con la misma cantidad de dinero, lo que ya es un aumento real de éstas. Por otro lado, haría que las utilidades y dividendos percibidos por los fondos aumenten, lo que implica un mayor rendimiento de éstos, además de incentivar la creación de empleos y alzas salariales. Sin olvidar la reducción en las comisiones que mencioné en mi columna anterior.

En resumen, pasar a un sistema de pensiones de reparto no mejoraría la situación, e incluso sería impracticable, especialmente en las condiciones actuales. Una mejor solución pasa, en cambio, por una menor intervención estatal en el rubro del ahorro y una mayor libertad, tanto para ahorrantes como para las empresas e instituciones del rubro. Mejor aún si a esto lo acompaña una fuerte liberalización de las demás áreas de la economía. Finalmente, creo importante entender que en ningún lugar se pueden tener grandes pensiones si no se tiene un sector privado fuerte y dinámico, y para tener eso es necesaria una liberalización generalizada.

[1] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2012/07/estudios78.pdf

[2] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2012/07/Comisiones.pdf

[3] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2014/10/Boletin-AAFP-Octubre-2014.pdf

[4] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2012/07/EstudioIE.pdf

[5] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2012/07/LExtranjero.pdf

Mejores Pensiones: ¡Menos Intervención Estatal!

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Dusan Vilicic Held
Asociación Liberal de Magallanes (ALMA)

Esta columna se publicó el 23 de agosto del 2015 en el suplemento Análisis del diario El Pingüino de Punta Arenas.

En mi última columna -publicada el 15 de agosto del 2015- traté de mostrar porqué volver a un sistema de reparto no es una buena idea. Básicamente porque su rendimiento sería peor, requeriría de que los aportes obligatorios aumenten al doble o más de lo que son hoy, el Estado tendría que gastar más recursos, y además no cumplen con sus promesas en el largo plazo, debiendo ser constantemente reducidas las prestaciones.

Entonces, la pregunta queda: ¿Cómo mejorar el desempeño del sistema de AFP? Sabemos que las comisiones son de alrededor de un 11% sobre la cotización para los aportes obligatorios y alrededor de la mitad de eso para los aportes voluntarios. Si lo que se desea es que las comisiones sean más bajas, existen dos formas efectivas y sustentables: reducción de costos y más competencia. Lo primero se logra liberalizando el rubro, especialmente mediante la eliminación de exigencias innecesarias que imponen costos adicionales a las AFP. Lo segundo se logra eliminando regulaciones estatales que restringen la libre competencia, permitiendo cosas como que la gente cotice en otras instituciones (por ejemplo mutuales o bancos), y reduciendo la tasa de aporte forzado. Exploremos ambas.

Hoy en día, las AFP tienen muchos costos que son claramente prescindibles. Probablemente, el más grande es que deben pagar impuestos, los cuales reducen la rentabilidad que obtienen sus afiliados. Por ejemplo, un vacío legal ha permitido que el Estado cobre un impuesto a las inversiones de las AFP del que el resto está exento. Se estima que como consecuencia, los ahorrantes dejan de percibir unos 120 millones USD anuales, lo cual asciende a unos 4 mil millones USD desde que se instauró el sistema actual de AFP. Es más, los últimos aumentos impositivos empeoran esto[1]. Eximir de impuestos a las AFP y sus inversiones significaría una gran reducción de costos que no sólo aumentaría la rentabilidad de los fondos, sino que también produciría una reducción en las comisiones.

De igual manera se puede lograr una reducción en las comisiones por la vía de la disminución del aporte forzado. La lógica es simple: las comisiones del aporte forzado son el doble de caras que las del Aporte Previsional Voluntario (APV)[2][3], por lo que el ahorrante gastaría menos en comisiones si no hubiera cotización obligatoria. Además, así las AFP deben volverse más atractivas para los ahorrantes, ofreciendo mejores prestaciones y rentabilidades, y menores comisiones. Por último, permitir que la gente ahorre en otro tipo de instituciones tiene el mismo efecto, pero también significaría que la gente sería libre de optar por participar de una institución privada que funcione en base a un régimen de reparto, si así lo prefiere. Este tipo de instituciones existían en el pasado, antes de la existencia de los sistemas estatales de pensiones, y al ser privadas, es automática la regulación de su sustentabilidad y prestaciones. Esta competencia adicional también presionaría a la baja las comisiones de las AFP.

[1] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2014/02/Serie_de_Estudios_N_91_Dano_Tributario.pdf

[2] http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/inf_afiliados/estcom_v.html (Afiliados y no afiliados Septiembre 2015)

[3] http://www.safp.cl/safpstats/stats/apps/estcom/estcom.php?fecha=20151101 (Noviembre 2015)

Re: Los taxistas, competencia e innovación

Hoy se publicó una carta en el diario El Pingüino de Punta Arenas sobre el asunto de Uber. Tengo varios problemas con esta carta, que reproduzco a continuación:

Captura

soEn la carta, José Navarrete hace varias afirmaciones. Primero cuando dice que “sus conductores, a diferencia de los taxistas, no son profesionales; sus autos no están asegurados como un taxi, no pagan ni declaran los ingresos obtenidos, no están sujetos a fiscalización alguna, entre otras.” Y más adelante dice que “Uber compite deslealmente contra los taxistas”. Vamos desgranando.

Conductores no profesionales

Si se refiere a que no necesariamente poseen la famosa licencia clase A, eso es irrelevante. Una persona con licencia clase B está facultada para transportar pasajeros. Todos lo hacemos, cuando viajamos en familia, cuando un padre lleva a sus hijos al colegio, cuando viajamos con amigos, y en general cuando compartimos el vehículo. Compartir el vehículo (tener pasajeros) no requiere de una licencia clase A, es más, el gobierno en ocasiones ha hecho campañas para promover el llamado “carpooling” o compartir los viajes con pasajeros, en vez de viajar en vehículos separados. Lo único que está prohibido para un conductor con licencia clase B es llevar a cabo esa actividad con fines de lucro. Esa prohibición no tiene más objeto que disminuir la competencia, por medio de la creación de una barrera de entrada artificial (la obtención de una licencia clase A) para beneficiar a grupos de interés corruptos (como el lobby del taxi) a costa del resto de nosotros (mayores precios, peor calidad).

El que un conductor sea o no profesional, por otro lado, sólo depende de si desempeña esa actividad como su profesión. Un conductor de Uber puede ser tanto o más profesional que un taxista normal. La profesionalidad no depende de las certificaciones que se tengan, por lo que el tema de la licencia no es relevante acá. Además, los conductores de Uber en general son muy corteses, amigables, honestos, cuidadosos, y no conducen mal. Navarrete mismo nos dice refiriéndose a Uber “sin lugar a dudas el servicio es de calidad”, lo cual dice mucho sobre la profesionalidad de los conductores de Uber.

Por estas razones es que decir que los conductores de Uber “no son profesionales” no sólo es poco serio, sino que derechamente es una tontera y una contradicción.

Autos no asegurados como un taxi

En estricto rigor esto no es mentira, pero se presta para equívocos. Para empezar todo vehículo en circulación debe contar con al menos el SOAP, el seguro obligatorio, así que de que están asegurados, lo están. El SOAP cubre los gastos médicos y relacionados de los participantes en un accidente provocado por el asegurado. Esto significa que si el conductor de Uber llegara a causar un accidente, uno como pasajero está cubierto por el seguro. Si es otro conductor el que causa el accidente, uno como víctima también está cubierto por el SOAP. Esto cubre la gran mayoría de accidentes que se pudieran llegar a tener. El que el conductor no esté obligado a tener asegurado su vehículo, más allá de lo que cubre el SOAP (daños a las personas) no es de interés para uno como usuario. Si el conductor quiere reducir la incertidumbre inherente en no tener asegurado su vehículo, puede hacerlo, pero es cosa de él, y sólo le afecta a él, por lo que tendría poco sentido obligarlo. Por otro lado, para los pocos y raros casos que el SOAP no cubriría, se pueden contratar seguros aparte, si uno considera que vale la pena. Además no se conoce que los conductores de Uber tengan mayores tasas de accidentabilidad que los taxistas o que un conductor particular como uno mismo, por km recorrido, y mientras no se conozca ese dato, poco sentido tiene exigirles más seguros que lo que se nos pide a todos.

No pagan impuestos

Esto es básicamente mentira, pero es fácil ver porqué Navarrete cae en el error. Los conductores de Uber pagan impuestos igual que lo hace una persona que vende productos a través de Mercado Libre. No lo hace directamente, sino que a través de la plataforma. Una parte de la comisión que cobra Uber se va a pagar los impuestos correspondientes. E incluso si fuera cierto, esto no es necesariamente algo malo, pues nos permite disfrutar de un servicio superior, a un precio inferior. Los únicos que se verían perjudicados serían los políticos y burócratas deseosos de aumentar sus fortunas y poder personales.

No están sujetos a fiscalizaciones

Esto es falso. Claro, no están sujetos a las mismas fiscalizaciones que los taxistas, pero los taxistas tampoco están sujetos a ser fiscalizados por Uber.

Primero, todo vehículo en circulación está sujeto a ser fiscalizado por las autoridades competentes, no sólo los taxis. Carabineros de vez en cuando hace estas fiscalizaciones, donde revisan todo tipo de vehículos, incluyendo los particulares, para verificar que todo esté en orden, desde los documentos, hasta la revisión técnica, implementos de seguridad y componentes reglamentarios.

Ya por lo anterior es falsa la afirmación de Navarrete, pero resulta que los conductores de Uber son fiscalizados por la misma empresa. Uber exige que sus conductores tengan sus vehículos en regla, y en perfectas condiciones. Por otro lado, los mismos usuarios actúan como fiscalizadores por medio de las funciones de evaluación y comentario disponibles en la aplicación. Si un conductor tiene malo un foco, el usuario puede calificar negativamente al conductor, y dejar el comentario. Uber incluso puede expulsar a conductores por no cumplir con sus estándares mínimos, que son más estrictos que los para los taxis, ya que no sólo incluyen detalles técnicos, sino que además cubren cosas como pulcritud, limpieza, etc. Además de que Uber no admite vehículos viejos, mientras que los taxistas generalmente utilizan modelos inferiores.

Como podemos ver, no sólo es falso que no están sujetos a fiscalización, sino que además funcionan bajo estándares más altos que los taxistas.

Competencia desleal

Se ha utilizado mucho este argumento de la “competencia desleal”, pero el término se está usando de forma totalmente errónea. Competencia desleal es un término utilizado para describir a la práctica del dumping, es decir, de cobrar menos que el costo con el fin de eliminar a la competencia y así poder cobrar mucho más que al inicio. Más allá de que esa técnica nunca ha funcionado realmente, no tiene nada que ver con lo que hace Uber. Uber no cobra por debajo de sus costos. Es más, cobra por encima de estos, por eso es que genera utilidades y no pérdidas, que es lo que sucedería si practicara competencia desleal así definida. Pero hay otra posible definición del término, que yo considero mejor: cobrar precios artificialmente bajos gracias a subsidios estatales. Evidentemente Uber no recibe ninguna clase de subsidio estatal, a diferencia de empresas como CODELCO, ENAP, BancoEstado o EFE. Esas empresas sí practican competencia desleal, Uber no.

Dicho eso, es evidente que el término se está usando no para referirse a su definición más técnica, económica, sino que en realidad lo que se está diciendo es que es injusto para los taxistas tener que operar con costos mayores que los que tienen los conductores de Uber. El primer problema ahí es que esos costos (licencia clase A, patentes amarillas, etc.) fueron en buena parte solicitados por el lobby del taxi, para que sirvieran de barrera de entrada artificial y así reducir su competencia en una movida de proteccionismo mercantilista puro y duro. Esto se hace evidente cuando el reclamo obvio, que sería pedir que les quiten esos costos innecesarios, no es el que hacen los taxistas. Como buen lobby mercantilista, lo que pide no es la reducción de las barreras de entrada, sino que la imposición de estas a la competencia más eficiente. Es más, a los taxistas se les dá el privilegio de poder utilizar gas natural como combustible, que es mucho más económico que la bencina o el diesel. Es evidente que si se desea una cancha pareja y mejorar la calidad del servicio, lo que se debe hacer es eliminar la obligatoriedad de la licencia clase A para transportar pasajeros con fines de lucro, de tener patente amarilla para idem, entre otras barreras de entrada innecesarias y obsoletas, además de eliminar la restricción del uso de gas natural para el resto de gente.

Conclusión

Tal vez sea cierto que Uber no es legal. Pero si no lo es, es por meras tecnicalidades y por leyes obsoletas o que derechamente siempre fueron innecesarias, es decir, en tal caso Uber no debiera ser ilegal. Lo que me parece en todo caso es que demostrar en juicio la ilegalidad del servicio será mucho más difícil que lo que a algunos les parece. Al margen de eso, es indiscutible que la calidad del servicio es superior y que los precios son de un tercio o menos que lo que cobra un taxi tradicional. Impedir el funcionamiento de un servicio que tanto beneficia a la sociedad sería no sólo un despropósito, sería derechamente un acto de locura o avaricia.

Los EEUU no son un país capitalista

Debo comenzar aclarando que por ‘capitalismo’ yo entiendo un sistema que requiere de una sociedad muy libre, donde se respeten muy a rajatabla los derechos de propiedad privada, los impuestos sean bajos, y la intervención estatal en la sociedad sea en general muy escasa o totalmente nula. En pocas palabras una sociedad y mercado libres.

También debo aclarar que esto lo escribo en respuesta a un artículo publicado en El Quinto Poder titulada “Miseria en la yugular del capitalismo“, donde el autor se dedica a describir lo terrible que es el “capitalismo” estadounidense.

La verdad es que yo no consideraría a los EEUU de hoy como la “yugular del capitalismo”, ni de lejos. Tal vez hasta 1900 o poco más podría haberse dicho algo por el estilo, pero después de las administraciones de los fascista-socialistas de Hoover y Roosevelt, el país nunca dejó el camino del mercantilismo y del corporativismo. Dejo claro que yo entiendo que un “capitalismo” requiere de una sociedad muy libre donde se respeten muy a rajatabla los derechos de propiedad privada. Nada de expropiaciones ni “eminent domain” ni complejos industriales militares coludidos con el Estado, ni planos reguladores, ni monopolios otorgados por el Estado, ni subsidios a la gran agricultura, ni limitaciones a las importaciones para proteger los intereses de las grandes empresas, ni servicios estatalizados que realmente corresponden a la sociedad privada, ni sendos impuestos con un código tributario tan grande que se requiere de un equipo de asesores para entenderlo. Los EEUU de hoy están extremadamente lejos de eso. Si hasta en varios Estados de ese país ni se puede practicar la peluquería o el diseño de interiores sin un permiso estatal, para proteger a los grupos de interés, generalmente gremios o empresas grandes. Eso tiene poco y nada de mercado libre, ni de sociedad libre. A menos de que creas que “capitalismo” es algo diferente, no relacionado con una sociedad libre de respeto a los derechos de propiedad privada.

Por otro lado, es curioso que dentro de los EEUU hay mucha diferencia en la “miseria” que hay. Llama la atención que donde más miseria se ve es en general en los Estados y lugares donde se ha impuesto por más tiempo el socialismo, como por ejemplo Nueva York o Detroit, entre otros. Son Estados o ciudades con un control estatal muy fuerte sobre la sociedad, con sueldos mínimos legales relativamente altos, y donde es muy poco lo que se puede hacer sin algún tipo de trámite o permiso estatal. El resultado está a la vista. Luego de haber sido una de las sociedades más libres, prósperas y pujantes del planeta, pasó a ser una de las más mercantilistas y con el mayor intervencionismo estatal en la sociedad, vino el estancamiento y la miseria. No es algo muy sorprendente la verdad.

Porqué la ley no debe castigar la colusión, y qué debiera hacerse en lugar de eso

Nota: Este texto está basado en una serie de columnas publicadas en el diario El Pingüino de Punta Arenas, que pueden encontrarse acá, acá, y acá.

Cuando una persona decide vender algo que le pertenece, ella decide el precio que está dispuesta a aceptar para llevar a cabo el intercambio. Ese precio no tiene porqué guardar alguna relación con el que otra gente está cobrando, ni con ningún “nivel general de precios”. El propietario tiene derecho a decidir ese precio de manera arbitraria. Por esto es que no tiene sentido hablar de “manipulación de precios”. El precio no es algo externo a la transacción, pues cada quien ofrece el que le da la gana para cada transacción particular.

De forma equivalente, los compradores no tienen derecho de decirle al dueño cuánto cobrar, pero tienen todo el derecho de no comprar si no les parece bien el precio ofrecido. Nadie está (o debiera estar) obligado a comprar (ni a vender) nada a nadie. Es el comprador el que decide el precio al que está dispuesto a comprar, no los “niveles de precios” u otros factores. Todo esto es independiente de cómo es que una persona u otra decide ese precio al que está dispuesto a llevar a cabo la transacción.

Para entender esta simetría, es clave darse cuenta que una compraventa no es más que un trueque. En un trueque, ¿quién es el vendedor: el que entrega papas a cambio de pescado, o el que entrega pescado a cambio de papas? La respuesta es que ambos son compradores y vendedores a la vez. Una compraventa por dinero no es más que un trueque donde una de las partes entrega dinero. Por esto es perfectamente razonable y válido decir que una de las partes está vendiendo dinero a cambio de otros bienes o servicios, y que su contraparte está comprando dinero. Por ejemplo, uno podría ver al supermercado no como vendedor de abarrotes, sino como un comprador de dinero, y que lo paga con abarrotes. En esencia, distinguir un comprador de un vendedor no tiene mucho sentido, pues simplemente son contrapartes en un intercambio. Ambos son vendedores y compradores a la vez.

Si se tratara a la colusión como un delito, habría que castigar también a un grupo de clientes que se ponen de acuerdo para no comprar alguna cosa por sobre cierto precio, o a un grupo de empleados que se ponen de acuerdo para no vender sus servicios laborales a menos de cierto precio. Esto último incluso se trata como un derecho, en la forma de la sindicalización, e incluso se le da privilegios a los proveedores de servicios laborales coludidos, como por ejemplo, se prohíbe a su cliente dejar de contar con sus servicios (fuero). Esto que nos parecería de lo más escandaloso en algunos servicios, curiosa e incoherentemente se tolera y promueve en otros. Incluso hay grupos que abiertamente promueven la colusión forzada por ley de todos los proveedores de servicios laborales. Eso ya debería hacer pensar a uno que hay algo de extraño en todo este asunto de castigar la colusión, algún problema fundamental.

Otro asunto es que la “concentración de mercado” -uno de los requisitos que suelen enunciarse para que supuestamente tenga validez la acción estatal contra alguna colusión- se analiza por rubro. ¿Porqué? La razón simple sería que si no se hiciera así, nunca se podría castigar nada, porque no existe la concentración de mercado completo, sin distinguir rubros. No hay empresas que concentren una porción tan grande como para decir que tienen “poder de mercado”. Pero el problema concreto con dividir el mercado por rubros, es que la definición de un “rubro” es arbitraria. ¿Hablamos del rubro de los transportes en general, o sólo del transporte interurbano de pasajeros en buses? ¿Es sólo el rubro del jamón laminado de cerdo, o el rubro del jamón laminado de cualquier animal, o incluso el rubro del cerdo o de la carne en general, o incluso de los alimentos en general? ¿Qué tan fino corresponde hilar? Bien puede ser que las compañías de buses interurbanos se hayan puesto de acuerdo en cuánto cobrar, pero ellas igual tienen como competencia los trenes, aviones, taxis, vehículos particulares, etc. Y eso sólo hablando de “transporte de pasajeros”. La compañía de buses no sólo debe convencer a sus prospectivos clientes de que la deben preferir por sobre otros medios de transporte, sino también por sobre otros usos que le puede dar a ese dinero y tiempo, como ir a un cine o restaurante, en vez de viajar. Entonces la competencia no es sólo dentro del “rubro”, como sea que se lo defina, sino que con todas las demás alternativas que tiene la persona para usar sus recursos (tiempo, dinero…), incluyendo no comprar nada, ahorrar.

Esto sin olvidar el porcentaje del “rubro” que deben concentrar las empresas coludidas para considerar que se las puede castigar, cifra que también es arbitraria. ¿Por qué castigar cuando las empresas acumulan, por ejemplo, el 75% del “rubro” y no 70% u 80%, o incluso 50% ó 99%? Al final del día, la extensión del rubro y su proporción de “dominio” se determinan de manera arbitraria para cada caso, por lo que los castigos serían también arbitrariamente impartidos. ¿Cómo puede ser esto justo?

Para que un intercambio sea justo, éste debe ser voluntario y se deben respetar los términos acordados (como precio y calidad). Si no se respeta lo primero, estamos frente a un robo y si no se respeta lo segundo, es estafa. Pero en un caso de colusión, no se dá ni lo uno ni lo otro, no hay engaño ni agresión. Hay que recordar que el precio no es algo externo; no tiene que guardar relación alguna con “niveles generales de precios”, por lo que el que se cobre más, menos, o igual que el resto no es relevante. También es irrelevante el modo en que el propietario decida a cuánto está dispuesto a vender sus pertenencias, sea que lo decida por su cuenta, o que lo haga en conjunto con otras personas.

Como ven, no tiene sentido que un tribunal castigue la colusión. Esa idea está basada en una mala comprensión o completa ignorancia de las transacciones, de cómo se forman los precios, y de lo que constituye competencia para un negocio.

Sin embargo, dado que el castigo legal a la colusión se justifica mediante la afirmación de que se busca mejorar la situación que habría sin esta intervención estatal, no quiero dejar de dar sugerencias de cómo mejorar de verdad la situación. Para poder hacer ese tipo de sugerencias se necesita tener una comprensión mínima y básica de cómo funciona la sociedad, la economía, por lo que no podemos confiar en quienes han propuesto castigar la colusión. ¿Qué hacer entonces?

La propuesta es simple (aunque probablemente difícil de implementar, pero ese es otro tema): reducir la presión fiscal sobre la sociedad. Por presión fiscal me refiero a todo costo impuesto por el Estado a cualquier actividad humana legítima (que no implique un daño no consentido a otros). Acá incluyo cosas como la regulación estatal de la actividad de las personas, los impuestos y cosas similares. Todo esto aumenta los costes que tienen las personas; por ende lo que logra es que los precios tiendan a subir (es decir, que el precio del dinero tienda a bajar). Las cosas se vuelven más costosas cuando se suben los impuestos; esto es algo por todos sabido. Pero no todos se dan cuenta que si se obliga a las empresas a, por ejemplo, tener más infraestructura de la que tendrían de otro modo, también se presionan al alza los precios. No sólo eso, también se presionan los sueldos a la baja. Esto porque se fuerza que tengan mayores costos, y cuando los costos suben, no sólo bajan las utilidades y suben los precios, sino que en el mediano a largo plazo también disminuyen los sueldos que pagan. Algunas empresas podrían quebrar o cerrar a causa de esto, lo que significa que se pierden empleos. Y lo que interesa para el caso en discusión: al haber menos empresas, hay más “concentración”.

Para ser más concreto, el tipo de medidas que se requieren para mejorar la situación actual incluye por ejemplo eliminar aranceles y barreras de exportación e importación, bajar impuestos, eliminar buena parte de la regulación estatal a la actividad privada (especialmente la regulación laboral que sólo daña a empleados y consumidores), etc. En suma, reducir la burocracia que impide la libre competencia, e instaurar una sociedad más libre.

Castigar la colusión no sólo sería injusto, entonces, sino que además inefectivo y dañino, especialmente en cuanto se distrae la atención del verdadero problema: el costo que tiene el Estado para la sociedad. Si lo que se desea evitar es la concentración, sin perjudicar a la sociedad al hacer que todo se vuelva más costoso, sino que al contrario, que todo se vuelva más económico, haya más empleo, mejores remuneraciones, y así aumente la prosperidad de todos, es claro que lo que se debe hacer es reducir la presión fiscal y el intervencionismo estatal sobre la sociedad.

Porqué no es buena idea extender CAPREDENA y DIPRECA al resto de la población

El único motivo por el que CAPREDENA y DIPRECA pueden pagar lo que pagan, es porque el resto de nosotros los subsidiamos. Si el sistema se extendiera a todos, nos quitarían mucho más que el app 15% de nuestros ingresos que nos quitan para financiar las pensiones (incluyendo AFP, CAPREDENA y DIPRECA). Probablemente sería más del doble, y los beneficios serían menores con seguridad. Y si, si nos confiscaran nuestra plata que tenemos en los fondos obviamente se podría financiar pensiones mayores que si no, pero para la gente que está jubilada ahora, no para los que aún nos quedan de 10 años para arriba para jubilarnos. A nosotros nos tocarían pensiones mucho más bajas (más bajas que lo que obtendríamos con el sistema actual y también más bajas que lo que inicialmente darían con un reparto “pay as you go”), o impuestos (“aportes”) mucho más altos, que es lo mismo al final del día.

Está claro que no tiene sentido extender el sistema al resto de gente. De hecho, sería preferible que se fueran desfasando DIPRECA y CAPREDENA, eso permitiría liberar recursos estatales que idealmente permitirían bajar impuestos, generando un efecto retroalimentativo positivo de menores precios y mejores remuneraciones (y, por ende, mejores pensiones para todos también).

#YoMeRebelo

#‎YoMeRebelo‬ contra el abuso estatal que causa buena parte de los problemas de los chilenos.

Por ejemplo, ¿podrían las ISAPRE abusar (asumiendo que de hecho lo hacen) si la gente pudiera contratar previsión en otros lugares que no fueran ISAPRE, como nos obliga el estado? ¿Podrían hacerlo si no fuera obligatorio tener previsión?

Similar para las AFP, ¿habría motivo para reclamar si uno pudiera poner sus ahorros en otros lugares que no fueran AFP, como tienen los estadounidenses con sus cuentas IRA? En tal caso las AFP ya no podrían ser cabeza de turco, pues el único responsable de tener una buena o mala pensión sería uno mismo.

¿Podrían los bancos abusar si tuviéramos un sistema de banca libre, donde hubiera competencia de verdad y no una severamente limitada por todo tipo de exigencias y subsidios estatales? ¿Si no se nos obligase a usar el dinero del Banco Central que está constantemente devaluándose, los bancos que hacen mal su trabajo podrían estar recibiendo continuamente subsidios y rescates a través de la inflación?

Sobre educación, ¿no podrá ser mucho más eficiente que todos los establecimientos (sean éstos estatales o privados) se autofinancien y caso contrario cierren por ineficientes e inefectivos, como en Suecia? ¿No será mejor que la competencia sea pareja y que ningún establecimiento reciba subsidios directos del estado, manteniendo vivos de forma artificial a los que no ofrecen buena calidad? Porque aceptémoslo, acá en Chile la plata estatal nunca se usará de forma eficiente mientras esté garantizada y no se requiera hacer un buen trabajo (según los apoderados) para recibirla. Y, ¿no será mejor descentralizar la gestión de la educación y dejar de decirle desde el Estado a los profesores y directores qué, cómo, cuándo y a quién enseñar, como en Finlandia?

Una última cosa que agregaría a la lista de abuso estatal es el tema de los impuestos. Se suele reclamar que los libros son muy caros en Chile, pero los libros están sujetos a los mismos impuestos que el resto de cosas (fuera de las que están sujetas a impuestos especiales, como el tabaco o las bebidas alcohólicas). Eso significa que en Chile los libros son muy caros por culpa de los impuestos, y el resto de cosas (comida, vivienda, medicina, servicios de todo tipo, etc.) también son muy caros por lo mismo. Y si la solución para que los libros bajen de precio y la gente pueda comprarlos es bajarles los impuestos, lo lógico es que se hiciera lo mismo con todo lo demás. Yo al ojo calculo que la mitad del precio de las cosas corresponde a impuestos (directos e indirectos). ESO sí es un tremendo abuso, ¡especialmente contra la gente de menos ingresos! Por eso y mucho más #YoMeRebelo.

Impuestos vs crecimiento económico y empleo

Esta es una recopilación de varios estudios enlazados en esta entrada de Being Classically Liberal. Tomé las partes más relevantes de los abstracts o de los documentos en general sobre el tema.

“The most recent studies find a significant negative correlation: An increase in government size by 10 percentage points is associated with a 0.5 to 1 percent lower annual growth rate (…) we discuss two explanations of why several countries with high taxes seem able to enjoy above average growth (…) and (ii) that countries with large governments compensate for high taxes and spending by implementing market-friendly policies in other areas. Both explanations are supported by current research.”
http://journalistsresource.org/wp-content/uploads/2011/08/Govt-Size-and-Growth.pdf

“we find that government size (…) plays a significant role in affecting the steady-state unemployment rate. Importantly, (…) transfers and subsidies are found to significantly affect the steady-state unemployment rate”
https://ideas.repec.org/p/dlw/wpaper/11-12..html

“we find that a large government sector is likely to increase unemployment. It appears to have a particularly detrimental effect on women and the low skilled and to substantially increase long-term unemployment. It seems that dominant stateowned enterprises, a large share of public investment in total investment as well as high top marginal income tax rates and low income threshold levels at which they apply are particularly detrimental.”
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11127-005-9003-y

“we found: (1) positive shocks to government outlays slow down economic growth and raise the unemployment rate; (2) different types of government outlays have different effects on growth and unemployment, with transfers and subsidies having a larger effect than government purchases; (3) causality runs one-way from government outlays to economic growth and the unemployment rate”
http://econpapers.repec.org/paper/dlwwpaper/11-13..htm

“Empirical evidence (…) suggests that, on average, creation of 100 public jobs may have eliminated about 150 private sector jobs, slightly decreased labour market participation, and increased by about 33 the number of unemployed workers.”
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=312208

“we show that the negative effect from government size is very robust and may have been underestimated in previous studies.(…) We find clear evidence that globalization has a positive effect on growth, but find no effect of economic freedom. Finally, we find that the negative effect of government size decreases substantially in size but remains significant when we add the period 1996-2005 to the sample. Our results support the idea that countries with big government can use institutional quality such as economic freedom and globalization to mitigate negative growth effects of taxes and public expenditure.”
https://ideas.repec.org/p/hhs/ratioi/0130.html

“The results show a robust inverse relationship between initial government size and subsequent growth (…) a 10 percentage point increase in initial government spending as a share of GDP in Europe is associated with a reduction in annual real per capita GDP growth of around 0.6–0.9 percentage points a year”
http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/258598-1284061150155/7383639-1323888814015/8319788-1326139457715/fulltext_ch7.pdf

“The results of the analysis suggest that income taxes are generally associated with lower economic growth than taxes on consumption and property. (…) Property taxes, and particularly recurrent taxes on immovable property, seem to be the most growth-friendly, followed by consumption taxes and then by personal income taxes. Corporate income taxes appear to have the most negative effect on GDP per capita. (…) There is also evidence of a negative relationship between the progressivity of personal income taxes and growth”
https://ideas.repec.org/p/oec/ecoaaa/643-en.html

“Corporate taxes are found to be most harmful for growth, followed by personal income taxes, and then consumption taxes. Recurrent taxes on immovable property appear to have the least impact. (…) reduced rates of corporate tax for small firms do not seem to enhance growth, and high top marginal rates of personal income tax can reduce productivity growth by reducing entrepreneurial activity”
https://ideas.repec.org/p/oec/ecoaaa/620-en.html

“Investment is shown to respond negatively to an increase in the corporate tax rate and a decrease in capital depreciation allowances through changes in the user cost of capital. (…) The paper finds evidence that corporate and top personal income taxes have a negative effect on productivity. In contrast, tax incentives for research and development (R&D) are found to have a positive effect on productivity.”
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/how-do-taxes-affect-investment-and-productivity_230022721067

“We find that both taxation of corporate and personal income negatively influence economic growth. The correlation between corporate income taxation and economic growth is more robust, however.”
http://project.nek.lu.se/publications/workpap/papers/WP12_6.pdf

“We find that a higher provincial statutory corporate income tax rate is associated with lower private investment and slower economic growth. Our empirical estimates suggest that a 1 percentage point cut in the corporate tax rate is related to a 0.1–0.2 percentage point increase in the annual growth rate.”
http://ntj.tax.org/wwtax/ntjrec.nsf/175d710dffc186a385256a31007cb40f/d2eeb9d5f1d7f7ea85257a6f00551c60/$FILE/A03_Ferede.pdf

“We find that statutory corporate tax rates are significantly negatively correlated with (…) economic growth rates (…) we again find that increases in corporate tax rates lead to lower future growth rates within countries. (…) a cut in the corporate tax rate by 10 percentage points will raise the annual growth rate by one to two percentage points.”
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272704001343

“it is found that corporate taxes have a negative effect on productivity at the firm level. The effect is negative across firms of different size and age classes except for the small and young, which may be attributable to the relatively low profitability of small and young firms. The negative effect of corporate taxes is particularly pronounced for firms that are catching up with the technological frontier. In the investment analysis, the results suggest that corporate taxes reduce investment through an increase in the user cost of capital. This may partly explain the negative productivity effects of corporate taxes if new capital goods embody technological change.”
https://ideas.repec.org/p/cii/cepidt/2008-19.html

“We find that short run output effects of tax shocks are large and that it is important to distinguish between different types of taxes when considering their impact on the labor market and on expenditure components.”
https://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257%2Faer.103.4.1212

“Eliminating the model’s U.S. corporate income tax produces rapid and dramatic increases in the model’s level of U.S. investment, output, and real wages, making the tax cut self-financing to a significant extent. Somewhat smaller gains arise from revenue-neutral base broadening, specifically cutting the corporate tax rate to 9 percent and eliminating tax loopholes.”
http://www.kotlikoff.net/sites/default/files/CorporateTaxPaper_Current.pdf

“Our results indicate that along the intensive margin the Danish taxation generates an overall efficiency loss corresponding to a 12 percent reduction in total income. It is possible to reap 4/5 of this potential efficiency gain by going from a high-tax Scandinavian system to a level of taxation in line with low-tax OECD countries such as the United States.”
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2457349