Mejores Pensiones: ¡Más Libertad!

capture

Dusan Vilicic Held
Asociación Liberal de Magallanes (ALMA)

Esta columna se publicó el 28 de agosto del 2015 en el diario El Pingüino de Punta Arenas.

En mis anteriores columnas expliqué por qué un sistema estatal de reparto no es conveniente ni practicable, y también propuse algunas formas en que se podría lograr una bajada en las comisiones que cobran las AFP. Pero reducir las comisiones, incluso a la mitad, no tiene un impacto demasiado grande en el monto final de las pensiones, pues ya son relativamente bajas[1][2]. Por ello es que lo anterior, por sí solo, no es realmente una gran mejora. Hay que lograr la mejora más importante: la de los rendimientos sobre la inversión. Esto no es algo fácil, ya que en sí no son bajos; aproximadamente tres cuartos del dinero en los fondos corresponden a rentabilidad[3].

Para ello propongo tres cosas. Primero, dar libertad a las AFP para invertir donde y de la forma que consideren mejor. Esto permitiría a las AFP hacerlo en áreas que bien podrían ser más rentables que aquellas a las que están limitadas actualmente, lo que aumentaría los rendimientos para los ahorrantes, si la AFP hace bien su trabajo. Por ejemplo se ha estimado que los fondos podrían haber tenido un rendimiento hasta 30% superior si no hubiera restricciones a la inversión en el extranjero[4][5].

Segundo, libertad de ahorro: que cada quien pueda ahorrar cuanto desee, donde prefiera. El que los cotizantes obtengan completo control sobre sus ahorros, y no estén obligados a ponerlos en una institución que no les dé confianza o que no les guste, ya es de por sí una mejora. Pero lo importante es que esto controla el riesgo que asumen las instituciones de gestión de ahorro, pues la gente preferirá otra AFP o institución (ej. un banco), u otra forma diferente de previsión (ej. mutuales, aseguradoras), sí considera que su AFP se está arriesgando demasiado en sus inversiones.

Tercero, una reducción de impuestos generalizada. Una reducción en la carga fiscal tendría varios efectos benéficos. Por un lado, haría que los precios bajen, lo cual significa que incluso sin aumentar las pensiones, se puede adquirir más con la misma cantidad de dinero, lo que ya es un aumento real de éstas. Por otro lado, haría que las utilidades y dividendos percibidos por los fondos aumenten, lo que implica un mayor rendimiento de éstos, además de incentivar la creación de empleos y alzas salariales. Sin olvidar la reducción en las comisiones que mencioné en mi columna anterior.

En resumen, pasar a un sistema de pensiones de reparto no mejoraría la situación, e incluso sería impracticable, especialmente en las condiciones actuales. Una mejor solución pasa, en cambio, por una menor intervención estatal en el rubro del ahorro y una mayor libertad, tanto para ahorrantes como para las empresas e instituciones del rubro. Mejor aún si a esto lo acompaña una fuerte liberalización de las demás áreas de la economía. Finalmente, creo importante entender que en ningún lugar se pueden tener grandes pensiones si no se tiene un sector privado fuerte y dinámico, y para tener eso es necesaria una liberalización generalizada.

[1] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2012/07/estudios78.pdf

[2] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2012/07/Comisiones.pdf

[3] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2014/10/Boletin-AAFP-Octubre-2014.pdf

[4] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2012/07/EstudioIE.pdf

[5] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2012/07/LExtranjero.pdf

Mejores Pensiones: ¡Menos Intervención Estatal!

capture

Dusan Vilicic Held
Asociación Liberal de Magallanes (ALMA)

Esta columna se publicó el 23 de agosto del 2015 en el suplemento Análisis del diario El Pingüino de Punta Arenas.

En mi última columna -publicada el 15 de agosto del 2015- traté de mostrar porqué volver a un sistema de reparto no es una buena idea. Básicamente porque su rendimiento sería peor, requeriría de que los aportes obligatorios aumenten al doble o más de lo que son hoy, el Estado tendría que gastar más recursos, y además no cumplen con sus promesas en el largo plazo, debiendo ser constantemente reducidas las prestaciones.

Entonces, la pregunta queda: ¿Cómo mejorar el desempeño del sistema de AFP? Sabemos que las comisiones son de alrededor de un 11% sobre la cotización para los aportes obligatorios y alrededor de la mitad de eso para los aportes voluntarios. Si lo que se desea es que las comisiones sean más bajas, existen dos formas efectivas y sustentables: reducción de costos y más competencia. Lo primero se logra liberalizando el rubro, especialmente mediante la eliminación de exigencias innecesarias que imponen costos adicionales a las AFP. Lo segundo se logra eliminando regulaciones estatales que restringen la libre competencia, permitiendo cosas como que la gente cotice en otras instituciones (por ejemplo mutuales o bancos), y reduciendo la tasa de aporte forzado. Exploremos ambas.

Hoy en día, las AFP tienen muchos costos que son claramente prescindibles. Probablemente, el más grande es que deben pagar impuestos, los cuales reducen la rentabilidad que obtienen sus afiliados. Por ejemplo, un vacío legal ha permitido que el Estado cobre un impuesto a las inversiones de las AFP del que el resto está exento. Se estima que como consecuencia, los ahorrantes dejan de percibir unos 120 millones USD anuales, lo cual asciende a unos 4 mil millones USD desde que se instauró el sistema actual de AFP. Es más, los últimos aumentos impositivos empeoran esto[1]. Eximir de impuestos a las AFP y sus inversiones significaría una gran reducción de costos que no sólo aumentaría la rentabilidad de los fondos, sino que también produciría una reducción en las comisiones.

De igual manera se puede lograr una reducción en las comisiones por la vía de la disminución del aporte forzado. La lógica es simple: las comisiones del aporte forzado son el doble de caras que las del Aporte Previsional Voluntario (APV)[2][3], por lo que el ahorrante gastaría menos en comisiones si no hubiera cotización obligatoria. Además, así las AFP deben volverse más atractivas para los ahorrantes, ofreciendo mejores prestaciones y rentabilidades, y menores comisiones. Por último, permitir que la gente ahorre en otro tipo de instituciones tiene el mismo efecto, pero también significaría que la gente sería libre de optar por participar de una institución privada que funcione en base a un régimen de reparto, si así lo prefiere. Este tipo de instituciones existían en el pasado, antes de la existencia de los sistemas estatales de pensiones, y al ser privadas, es automática la regulación de su sustentabilidad y prestaciones. Esta competencia adicional también presionaría a la baja las comisiones de las AFP.

[1] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2014/02/Serie_de_Estudios_N_91_Dano_Tributario.pdf

[2] http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/inf_afiliados/estcom_v.html (Afiliados y no afiliados Septiembre 2015)

[3] http://www.safp.cl/safpstats/stats/apps/estcom/estcom.php?fecha=20151101 (Noviembre 2015)

Mejores Pensiones: ¿No más AFP?

capture

Dusan Vilicic Held
Asociación Liberal de Magallanes (ALMA)

Esta columna se publicó el 16 de agosto del 2015 en el suplemento Análisis de el diario El Pingüino de Punta Arenas.

Mucho se ha hablado de las bajas pensiones que ofrece el sistema de AFP. En este contexto, se ha vuelto recurrente sugerir un retorno al sistema de pensiones de reparto, bajo el argumento de que eso garantizaría la mejora de las mismas y una mejor calidad de vida para todos. Lamentablemente, esta afirmación no tiene fundamento por varios motivos.

El primero es que un sistema de pensiones de reparto pone muchísima presión sobre las finanzas estatales. Por ejemplo, en los EE.UU., el sistema de pensiones consume alrededor del 24% del gasto estatal[1] y se proyecta que pronto aumentará a más del 30%. En Alemania es más del 47%, mientras que en Finlandia supera el 40% y en Suecia, el 33%[2]. Por su parte, en Chile es poco más del 4%[2][3], lo que significa que para tener un sistema de pensiones estatal de reparto, el Estado probablemente tendría que gastar mucho más en este ítem, lo que implicaría un aumento de gastos en pensiones de unas 6 veces el presupuesto actual. Teniendo en cuenta la estrechez fiscal del Estado de Chile, incrementar el gasto estatal a ese nivel es probablemente imposible.

El segundo es que los sistemas estatales de reparto se financian con un impuesto a la renta adicional que se mueve entre 15% y 50% de los ingresos de la persona; muy superior al 10% del que existe actualmente en Chile. Esto es consistente con la cotización obligatoria en el sistema de reparto que había previamente, donde variaba entre un 20%, hasta más del 50%. Está claro que los empleados chilenos que se espera en el futuro perciban pensiones bajas no podrían renunciar a un 20% más de sus ingresos, lo que potencialmente significaría en muchos casos una condena a muerte.

El tercero es que el rendimiento de estos programas es muy inferior al sistema de AFP, más o menos de un 50% a un 20% menor, peso por peso aportado[4]. Es decir, en el sistema chileno de AFP, por cada 100 pesos que uno aporta, recibe de vuelta entre 20 y 50 pesos más de lo que recibiría por esos mismos 100 pesos en algún sistema estatal de reparto. De hecho, se sabe que actualmente más del 74% de los fondos que manejan las AFP corresponde a la rentabilidad, y sólo un cuarto corresponde a las cotizaciones[5].

El cuarto es que los sistemas estatales de reparto son famosos por sus recurrentes bancarrotas, es decir, que suelen incumplir sus promesas de pago, y las prestaciones que una persona finalmente recibe suelen ser mucho menores que las que se le prometieron cuando comenzó a aportar. Incluso el sistema alemán ha quedado numerosas veces en bancarrota en los últimos años, habiéndose tenido que modificar sus prestaciones muy seguido, por ejemplo en 1992, 1999, 2001, 2004, 2007 o 2014, entre otros. Estas razones son, a mi juicio, suficientemente contundentes para entender que el sistema estatal de reparto no sólo es impracticable en Chile, sino que, asumiendo que lo fuera, terminaría entregando pensiones menores a las que entrega el sistema actual.

[1] http://www.cbpp.org/research/policy-basics-where-do-our-federal-tax-dollars-go

[2] https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_AGG

[3] http://www.dipres.gob.cl/595/articles-90993_doc_pdf.pdf

[4] http://voces.latercera.com/2015/06/28/sebastian-edwards/mi-pobre-jubilacion-californiana/

[5] http://www.aafp.cl/wp-content/uploads/2014/10/Boletin-AAFP-Octubre-2014.pdf

El sistema de reparto en Chile previo a 1980

cuantos-impuestos-ahorras-y-pagas-por-tu-plan-de-pensiones

A continuación dejaré extractos del libro Soluciones Privadas a Problemas Públicos, de Libertad y Desarrollo. El autor de los extractos es Luis Larraín. En ellos se describe a grandes rasgos varias características del sistema de reparto en Chile, como existió hasta 1980, año de la reforma previsional que implementó el Gobierno Militar de la época.

Pese a que en Chile se suele hablar del sistema de previsión antiguo como algo homogéneo, lo cierto es que éste estaba formado por una gran cantidad de distintos regímenes. Los diferentes regímenes, que ascendían a más de 100 en las 32 Cajas de Previsión existentes en 1979, establecían diferentes requisitos para jubilar, niveles de pensiones y mecanismos de cálculo de beneficios para diversos grupos de trabajadores. Los más perjudicados con esta diversidad eran los más pobres (obreros del Servicio de Seguro Social o SSS), que sumaban un 65% de los imponentes activos en 1979, y no tenían derecho, por ejemplo, a pensiones de antigüedad que permitían a otros grupos jubilar con 42 años de edad. Los obreros, pese a realizar los trabajos físicos más pesados, sólo podían jubilar a los 65 años y además recibían un porcentaje menor de la renta imponible como pensión en relación a Cajas de otros sectores de trabajadores. En la Caja Bancaria, la del Banco de Chile y la del Banco del Estado la edad exigida para jubilar por vejez era de 55 años. La jubilación por antigüedad les permitía rebajar aún más esa edad. (…)

Pese a que en su concepción inicial el sistema antiguo pretendía ser solidario, la redistribución de ingreso, que resultaba del juego de poder que se traducía en legislaciones especiales para distintos grupos, era claramente regresiva.

en 1979 existían 32 cajas de previsión que agrupaban a tipos de trabajadores específicos o de determinados sectores productivos, los cuales no podían cambiarse ni elegir Caja a no ser que cambiasen de sector laboral. En otras palabras, cada institución tenía un mercado cautivo y no hacía ningún esfuerzo por dar un buen servicio. (…) La mayoría de ellas tenía, a la fecha de la reforma, gastos que superaban a sus ingresos, por lo que requerían de aporte fiscal para cumplir sus compromisos. El aporte fiscal aumentó su participación en los ingresos de las cajas en un 13,8% durante el período 1947-1980.

En general, la administración de las Cajas era bastante ineficiente. Los escasos excedentes que algunas de ellas en ocasiones generaban eran invertidos deficientemente, en un afán mal entendido de otorgar en el momento beneficios adicionales (…), sin preocuparse de tener un adecuado financiamiento como contraparte. Las Cajas se apartaron así de su objetivo principal, conceder pensiones, incurriendo en todos los vicios imaginables de una administración estatal y burocrática. (…)

En el [SSS], la tasa [de cotización] total a sus inicios en 1925 y hasta 1937 fue de un 5% de la remuneración, y aumentó progresivamente hasta llegar a un máximo de 51,4% en 1975 y descender luego a un 33,25% en 1980, año de la Reforma Previsional. En la Caja de Empleados Particulares (EMPART), la tasa entre 1924 y 1936 fue de 10%; llegó a un máximo de 64,7% en 1974; y descendió al 41% en 1980.

El expediente de aumentar las tasas de cotización para financiar el sistema, además de sus [negativos] efectos económicos, tiene un problema: cabe tener en cuenta que si el ahorro obligatorio, producto de la tasa legal de cotización, es superior al ahorro deseado por la persona, habrá incentivos para evadir el pago de cotizaciones, recurriendo normalmente a la subdeclaración de la renta imponible. (…) Es difícil pensar en tasas de cotización que vayan mucho más allá del 50% o en deterioros aún mayores del nivel de las pensiones que ya eran muy bajas. De hecho, un estudio realizado en ODEPLAN (Oficina de Planificación Nacional), proyectando la situación financiera del sistema a cincuenta años a partir de 1980 arrojaba un déficit de aproximadamente 395 mil millones de pesos (moneda de 1990) para el último año de la proyección. (…)

La realidad prevaleciente en 1980, año de la reforma previsional, indica que el 70% de los jubilados del sistema estaba recibiendo pensiones iguales o inferiores al valor de la pensión mínima de vejez, que tenía un valor aproximado de 30 dólares mensuales.

Porqué no es buena idea extender CAPREDENA y DIPRECA al resto de la población

El único motivo por el que CAPREDENA y DIPRECA pueden pagar lo que pagan, es porque el resto de nosotros los subsidiamos. Si el sistema se extendiera a todos, nos quitarían mucho más que el app 15% de nuestros ingresos que nos quitan para financiar las pensiones (incluyendo AFP, CAPREDENA y DIPRECA). Probablemente sería más del doble, y los beneficios serían menores con seguridad. Y si, si nos confiscaran nuestra plata que tenemos en los fondos obviamente se podría financiar pensiones mayores que si no, pero para la gente que está jubilada ahora, no para los que aún nos quedan de 10 años para arriba para jubilarnos. A nosotros nos tocarían pensiones mucho más bajas (más bajas que lo que obtendríamos con el sistema actual y también más bajas que lo que inicialmente darían con un reparto “pay as you go”), o impuestos (“aportes”) mucho más altos, que es lo mismo al final del día.

Está claro que no tiene sentido extender el sistema al resto de gente. De hecho, sería preferible que se fueran desfasando DIPRECA y CAPREDENA, eso permitiría liberar recursos estatales que idealmente permitirían bajar impuestos, generando un efecto retroalimentativo positivo de menores precios y mejores remuneraciones (y, por ende, mejores pensiones para todos también).